Una serie de dudas respecto a la viabilidad del sistema privado de salud dejó la esperada ley corta presentada recientemente por el Gobierno para implementar el fallo de la Corte Suprema, en el cual ordenó en noviembre pasado a las isapres pagar los montos en exceso cobrados a sus afiliados por la no aplicación de la tabla única de factores en sus planes de salud.
El texto ingresado al Senado señala que serán las propias aseguradoras las que delinearán el plan de pago, otorgándoles un plazo de seis meses para aquello y en que deberán detallar los contratos afectos, las cantidades a devolver, el plazo máximo y las modalidades. Sin embargo, ayer en la tarde, la Superintendencia de Salud entregó cálculos respecto de cuánto es lo que deberán restituir las isapres.
El regulador analizó 1,8 millones de contratos, de los cuales 725.878 se podrían ver favorecidos con una reducción de cobros -por la adecuación a la tabla única de factores- y la devolución de excedentes. Lo anterior, representa el 39% de los contratos analizados.
En tanto, el monto total que las isapres deberían devolver a los afiliados asciende a $1,1 billones (más de US$1.400), un monto que da cuenta del peor de los escenarios que esperaban las isapres. Es que se trata de una suma que desde la Asociación de Isapres ya habían advertido que es "inviable" y que equivale a "casi 100 años de utilidades", que además se suma a la caída estimada del 6% en los ingresos de las isapres, producto del efecto que tendrá la aplicación de la tabla de factores vigente desde abril de 2020 a todos los contratos del sistema.
"Es una cantidad que no es pagable por parte de las isapres en cualquier plazo", sostuvo a El Mercurio Héctor Sánchez, ex superintendente de Isapres. "Es como decir 'las isapres no van a morir en los próximos meses, pero están muertas, van a ser muertos andantes'. Es la muerte del sistema", añadió.
"Cualquier inversionistas al que le dicen que tiene que pagar US$290 millones y mientras no pague no puede retirar utilidades y, además, tiene que correr todo el riesgo del negocio y de la incertidumbre jurídica, no tiene ningún incentivo para mantener la isapre funcionando. Ninguno", subrayó.
Rafael Caviedes, ex presidente de la Asociación de Isapres, también recalcó que no es posible pagar un monto de las magnitudes planteadas por la superintendencia. "El flujo futuro no lo permitirá. Hay que mirar la reducción de ingresos además, ya sea por la salida de afiliados y por los menos ingresos producto de la aplicación de la nueva tabla de factores", dijo.
También comentó que para Fonasa "se quiere construir una pista de aterrizaje de afiliados de isapres caídas, pero no hay espacio para construir la pista en la salud estatal".
Para el ex ministro de Salud, Emilio Santelices, las cifras expuestas por la Superintendencia de Salud son "inabordables por su magnitud", y añadió que "puedo presagiar que, independientemente de la fórmula, más de alguna isapre puede caer en insolvencia y no tenga las capacidades financieras, porque todas tienen realidades muy distintas. Eso me hace pensar que el flujo de personas que vayan a Fonasa van a ser el de mayor riesgo, es decir, una cartera muy desbalanceada".
Por su parte, el ex superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, comentó a CNN Chile que ve "muy difícil" que las isapres sean capaces de pagar los US$1.400 millones. "Todo depende de la operatoria, si finalmente los plazos pueden ser lo suficientemente holgados como para que el sistema pueda incorporar estos costos dentro de su futuro equilibrio financiero", sin embargo, recalcó que "hay mucha incertidumbre".
"Me parece que el monto a primera vista parece como inabordable. Representa las utilidades de todo el sistema durante más de 30 años, y si a eso se le agrega que van a golpearse los ingresos futuros entre un 6 y un 8%, dependiendo de la compañía, cuesta pensar que si se mantienen las circunstancias el sistema va a poder subsistir, siquiera, al impacto que significa la disminución de ingresos”.
Sebastián Pavlovic
"¿Habrá la certeza regulatoria suficiente para que aquellos que eventualmente tienen que pagar este pasivo asuman los riesgos para quedarse para pagarlo y seguir funcionando?", se preguntó.
"Me parece que el monto a primera vista parece como inabordable. Representa las utilidades de todo el sistema durante más de 30 años, y si a eso se le agrega que van a golpearse los ingresos futuros entre un 6 y un 8%, dependiendo de la compañía, cuesta pensar que si se mantienen las circunstancias el sistema va a poder subsistir, siquiera, al impacto que significa la disminución de ingresos", acotó Pavlovic.
Mientras que Patricio Fernández, también ex superintendente de Salud, afirmó al canal 24 Horas que ve un riesgo de colapso del sistema. "Es, sin duda, un monto imposible de asumir", agregando que lo que hace el proyecto es pedirle a las isapres que "con menos ingresos que los que tienen hoy día, van a tener que asumir esta deuda".
"Si uno la sitúa a 37 meses, estamos hablando de $30 mil millones mensuales. Es una cifra absolutamente imposible para el sistema de asumir y la única solución sería extender casi irrisoriamente el plazo. Las personas no van tolerar un plazo de devolución tan extenso", cerró.
