El proyecto de royalty minero que llegó al tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados no establece un mecanismo de control en el gasto de los recursos que llegarían a los municipios.
La fiscalización, los montos de recaudación y la distribución de estos abre un flanco entre los parlamentarios y se proyecta un complejo debate en los próximos días, donde las bancadas de Chile Vamos y el Partido Republicano, advierten que no estarán sus votos disponibles si es que no hay modificaciones al proyecto. Incluso, desde sectores del oficialismo, señalan que aún hay elementos por revisar.
A grandes rasgos, la iniciativa busca mejorar la recaudación fiscal y distribuir de forma más equitativa los recursos hacia las regiones. Se estima que dichas zonas reciban un tercio (US$450 millones) de los US$1.350 millones que recaudará en régimen el proyecto.
En este escenario, la diputada Sofía Cid (RN), representante de la Región de Atacama, explicó que "si se aprobara el royalty cómo está en estos momentos a la comuna de Copiapó le llegarían $3.159 millones, cifra que parece alta, pero si les digo que la sola construcción de la subcomisaria de Pedro León Gallo hasta el momento ha costado alrededor de $2.000 millones, esa plata se hace nada".
"Misma situación pasaría en la comuna de Caldera, que recibiría por concepto del royalty $1.555 millones, siendo que solo en seguridad la comuna gastó el año pasado $800 millones", agregó.
Falta de control
La parlamentaria también manifestó su preocupación frente a la falta de control de estos recursos. "Todavía está latente todo el problema con dineros y recursos que se produjo hace unos años en la Municipalidad de Tierra Amarilla en la Región de Atacama. Es necesario establecer los mejores mecanismos posibles de seguimiento y control del gasto de estos recursos".
Asimismo, dijo que "hay varias herramientas: una podría ser destinar estos dineros solo para inversión en infraestructura y evitar que se usen para gastos corrientes, para que no se contraten operadores políticos o se malgaste en actividades sin mayor impacto en la calidad de vida. Además, se deben mejorar los estándares de transparencia y rendición de cuenta y Contraloría tendrá que ser más eficiente en la fiscalización".
"Tiene que haber una limitación en cuanto a en qué se van a gastar los recursos y en qué se van a invertir. Puede pasar que raíz de esta mala ejecución presupuestaria se empiecen a gastar en cualquier cosa y no en las necesidades de la región y de las comunas"
Marco Antonio Sulantay
Sumado al caso de Tierra Amarrilla que expuso la parlamentaria, también están los problemas que ha enfrentado el municipio de Santiago con la compra de la exclínica Sierra Bella, el "caso Torrealba" en Vitacura, donde hay un supuesto desvío de dineros a su favor a través de las corporaciones Vita y el allanamiento a la casa del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, en el marco de una investigación por delitos de corrupción al interior del municipio.
Además, el "caso luminarias" y el "caso basura". Así, la lista de corrupción municipal suma y sigue.
Sobre la falta de control, el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), dijo que "no hay un plan para gastar esos recursos, en Coquimbo llevamos dos año en que la ejecución presupuestaria en la mitad del año está bajo un 20% y después a final de año, se empiezan a gastar los recursos de forma acelerada sin ningún tipo beneficio visible y solo para cumplir con la ejecución presupuestaria".
"Tiene que haber una limitación en cuanto a en qué se van a gastar los recursos y en qué se van a invertir. Puede pasar que raíz de esta mala ejecución presupuestaria se empiecen a gastar en cualquier cosa y no en las necesidades de la región y de las comunas", agregó.
Por su parte, el diputado independiente-PPD y miembro de la comisión de Minería, Cristián Tapia, sostuvo que "todavía hay ciertas dudas de cómo va a ser el destino de estos recursos por parte de los municipios. Por ejemplo, si es que será a libre disposición, esto no debería ser, quizás solo un porcentaje debería ser a libre disposición".
"Lo importante es cómo se hacen inversiones en infraestructura, que es lo que se necesita en las comunas del norte", agregó. Si bien aseguró que su intención es aprobar la iniciativa, dijo que la distribución en las comunas mineras es un tema que le "preocupa" y que habrá que revisar.
Por su parte, el diputado Jaime Naranjo (PS), quien aseguró que los socialistas votarán a favor, dijo que "cuando ingrese el proyecto a la Cámara de Diputados lo vamos a estudiar con bastante cuidado y preocupación".
"Sería extraño que los recursos que se van a distribuir a los distintos municipios no tuvieran ningún control de la ejecución de esos recursos. Sería muy raro porque siempre hay control de todo lo que son los gastos de dinero público. En todo caso, veremos si eso es tan efectivo o real, pero me sorprendería y me llama la atención que así fuese", agregó.
Por otra parte, Nelson Venegas (PS) indicó que "los alcaldes tienen las suficientes capacidades y conocimiento para que ellos tengan la libertad de ver cómo se aplican los recursos. Sin embargo, cuando se trata de montos de esta magnitud pueden ser gastados en cosas que no tengan incidencia real en la vida de la gente (...) realizaría como indicación dar más facultades a los concejales en esta asignación de recursos".
El diputado republicano, Agustín Romero, señaló que "hay que esperar las cosas. Uno es el tema del royalty minero y los otros son las rentas regionales que deberemos ver a través de una ley distinta. Pero mezclar los proyectos a mí me parece un despropósito".
"Yo al menos en este momento con la tasa que está fijando el Gobierno, voy a votar en contra del proyecto en la Comisión de Hacienda. No tengo ningún problema en decirlo, a menos que el gobierno se abra a bajar la tasa y quedemos en una tasa más razonable. El resto de las cosas con recursos para las regiones y recursos para no sé qué cosas que no tienen nada que ver con la actividad minera, ese tema yo ni siquiera lo voy a considerar y no me interesa ni siquiera que se acerquen a conversar conmigo por eso".
La diputada Consuelo Veloso (RD) señaló que "el tema de la transparencia es sumamente importante, porque necesitamos que los municipios señalen con claridad en qué se ocuparán esos recursos y llevar un registro fuerte sobre los mismos. Porque sabemos la debilidad del control de gasto en muchos de ellos y los bullados casos de corrupción, en particular en municipios de derecha. Recordemos la gestión de Virginia Reginato en Viña o Cathy Barriga en Maipú".
"En ese caso sería importante contar con mecanismos, quizás revisar los requisitos que tienen gobiernos regionales cuando financian proyectos municipales a través de los FNDR o los FRIL, Subdere e imitarlos", añadió.
