El ministro de Justicia,
Luis Cordero, se refirió esta mañana a los dos proyectos paralelos -uno del Gobierno y otro de parlamentarios- que buscan hacer efectivo el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las isapres regirse por la tabla de factores única de 2019 y restituir los cobros en exceso aplicados desde entonces.
Esto, dado que además de la ley corta presentada por el Gobierno, ayer la comisión de Constitución del Senado dio luz verde a una reforma constitucional impulsada por parlamentarios de oposición que, en concreto, incorpora una disposición transitoria para
"regular las bases para la determinación de las tarifas de los planes de salud y la implementación de sus ajustes de precios".
Es decir, de aprobarse, la iniciativa permitiría a las isapres recalcular el precio base de cada plan de salud en los contratos vigentes suscritos antes de abril de 2020, cuando entró en vigencia la tabla de factores aprobada por la Superintendencia de Salud. Con esto, la aplicación de una tabla única de factores -como ordena la Corte Suprema- no provocaría una baja en los planes de salud, lo que, a juicio del Gobierno, significaría incumplir con la resolución del máximo tribunal.
"Hay un tema que es bien delicado en este caso y es cómo se cumple la sentencia de la Corte Suprema. Esa es la discusión en la que estamos", partió señalando Cordero a Radio Concierto. "La obligación que tiene el Congreso y el Ejecutivo es dar cumplimiento a la sentencia sin violar un principio básico de la Constitución, que a ambos les está impedido abocarse a una causa pendiente, pero además revivir un proceso", añadió.
La fórmula para aquello, continuó el ministro, "es aquella que trate adecuadamente la sentencia con todos los resguardos que se deban tomar para no afectar a los usuarios de las isapres", aludiendo que la ley corta del Gobierno es el mejor camino para aquello.
En cuanto al proyecto alternativo de parlamentario, sostuvo que "yo creo que lo que hace es que está estructurado en términos normativos tales que elude la aplicación de la sentencia".
Quien también se refirió a esta moción parlamentaria fue el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. En entrevista con Tele13 Radio, comentó que "este es un proyecto que no resuelve el problema, porque lo que establece, finalmente, es que la rebaja de los planes que ha ordenado la Corte Suprema no se haga realidad, y nosotros creemos que en Chile los fallos tienen que cumplirse".
Por lo mismo, continuó diciendo es que "se ha presentado por parte del Gobierno un proyecto distinto, que establece mejores condiciones para el cumplimiento del fallo, pero poniendo como centro la protección a las personas, particularmente los afiliados y afiliadas de isapres que han tenido cobros excesivos".
Junto con ello, Elizalde insistió en que "para el Gobierno es fundamental que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, y en segundo lugar, la jurisprudencia en Chile desde hace muchos años indica que cada vez que los afiliados han recurrido a la Corte, señalando que ha habido un alza injustificada por parte de las isapres, en el 83% de los casos, más de 8 de cada 10, la Corte ha señalado que los afiliados tienen razón, desde el punto de vista jurídico".
"Este es un proyecto que no resuelve el problema, porque lo que establece, finalmente, es que la rebaja de los planes que ha ordenado la Corte Suprema no se haga realidad, y nosotros creemos que en Chile los fallos tienen que cumplirse"
Álvaro Elizalde, ministro de la Segpres
Dicho lo anterior, el secretario de Estado aseguró, respecto del proyecto de la oposición, que para "los afiliados, respecto de los cuales se cobró en exceso, no tengan un efecto práctico respecto de lo que están pagando. Y por eso nosotros creemos que no es una buena solución, porque aquí, finalmente, lo que hay que garantizar y a quien hay que proteger es a las personas, que se han visto sistemáticamente afectadas por esta situación".
En esa línea, compartió el diagnóstico de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien sostuvo que la moción parlamentaria hace un "borrón y cuenta nueva" al fallo del máximo tribunal, indicando que esta "no resuelve el problema, porque hace caer la carga del cumplimiento de la sentencia en quienes han sido perjudicados, que son las personas".
