Una discrepancia se ha generado entre los fabricantes de automóviles presentes en el país, representados por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), y el Gobierno por la próxima entrada en vigencia de la norma de emisiones Euro 6c, la que arriesga con llegar a instancias internacionales de solución de conflictos comerciales, en particular uno que existe en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La
Euro 6 es una legislación internacional que tiene como objetivo reducir en un 56% las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX) y las partículas finas (PM), dos sustancias muy contaminantes y nocivas para la salud que son emitidas por los automóviles.
Para asegurar el cumplimiento de los vehículos, esta norma establece un ciclo de pruebas WLTP (World Harmonized Light-duty Vehicle Test Procedure), que se desarrollan en laboratorios y también en carreteras, donde los autos se testean a altas velocidades, midiendo las emisiones en aceleraciones y desaceleraciones, basándose en los hábitos y en la experiencia real de los conductores.
A fines de septiembre de 2022, Chile se convirtió en el primer país de Sudamérica en implementar la normativa para vehículos livianos y medianos, aplicando una de las reglas más avanzadas en materia de protección medioambiental que, al menos en España, rige desde hace más de ocho años. Pero se determinó que su puesta en marcha se llevaría a cabo en dos fases, siendo la primera la norma Euro 6b -o su equivalente Tier 3 bin 125-, obligatoria para vehículos livianos y medianos de nuevas homologaciones.
La norma Euro 6c -Tier 3 bin 70-, en tanto, que es la más exigente en vigencia hoy en los países desarrollados, había quedado postergada para septiembre de 2024, ya que para su aplicación se requiere mejorar la calidad de los combustibles en Chile, bajando el contenido máximo de azufre desde los actuales 15 ppm a 10 ppm.
Sin embargo, pese a que hace dos años se anunció que la medida comenzaría en dicha fecha, lo que fue ratificado por el Ministerio de Energía en un documento publicado en el Diario Oficial a fines de julio, desde Anac aseguran que no se han cumplido las exigencias y los acuerdos para poder darle luz verde a esa norma, por ende, su entrada en vigor debería retrasarse un año.
Es más, a través de una declaración publicada el 19 de julio pasado, la asociación plantea que "el carácter previo y habilitante de la condición de disponibilidad de combustible antes mencionada se reflejó en la siguiente indicación del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) que se mantiene inalterada hasta hoy: 'El combustible debe estar disponible en todo el país al menos 6 meses antes de la entrada en vigencia de Euro 6c, y la norma sobre su disponibilidad debe publicarse 15 meses antes de aquel hito'".
Pues bien, para mantener la entrada en vigencia originalmente prevista para el 30 de septiembre de 2024, dicho combustible de alta pureza debería estar disponible a más tardar el 30 de marzo de 2024 y no el 1 de octubre de 2024 como lo ha indicado el Ministerio de Energía en el Decreto Exento 140/2023", recalca Anac.
Adicionalmente, exponen que dicha norma debió haberse dictado y publicado a más tardar el 30 de junio de 2023, cuestión que no ocurrió, ya que fue publicada el 5 de julio de 2023. "El caso es que la norma vigente dejó en claro que, de producirse el incumplimiento en cualquiera de dichas condiciones, se postergaría automáticamente y sin más trámite la normativa por 12 meses, tal como lo indicó el MMA en las respuestas entregadas en el proceso de consulta pública", apuntan.
"Perjudica la reputación internacional"
En línea con lo anterior, a través de un comunicado divulgado esta semana, el gremio advirtió que la acción impulsada por las autoridades es "antijurídica, perjudica la reputación internacional de Chile como actor destacado del comercio internacional y daña sensiblemente a los compradores de automóviles, furgones comerciales, vehículos de trabajo, camionetas y demás vehículos livianos".
"De mantenerse este cambio en la norma, a partir de septiembre de 2024 no habrá disponibilidad de cerca del 100% de las camionetas ni vehículos comerciales nuevos disponibles hoy a la venta en el país. Además, se verá afectada la existencia de en torno al 80% del total de vehículos nuevos livianos y medianos, esto es, automóviles de pasajeros, SUV y station wagon", apuntó la entidad.
Como efecto adicional, Anac alerta que "los precios de los vehículos nuevos podrían subir en al menos un 20% solo por concepto de la mayor complejidad tecnológica, motorización y poca disponibilidad de productos a nivel mundial, en una industria que sigue estando afectada y en que la normalización de las cadenas de suministro ha costado más que en otros mercados".
A eso le añade el mayor costo que implicaría el hacerse cargo de las multas de eficiencia energética, que se incrementarán aún más por el cambio de norma. De hecho, Anac ha estimado que el monto promedio de multas rondaría los US$120 millones anuales, complementario al impuesto verde y al mayor valor del producto automotriz.
Asimismo, la asociación se pregunta quién asumirá los US$154 millones de inversión que se requieren para contar con la infraestructura que se requiere para mejorar la calidad de los combustibles actuales, bajando su contenido máximo de azufre desde los actuales 15 ppm a sólo 10 ppm.
"Un cambio así de irracional en este criterio y programa terminará perjudicando sustancialmente a los miles de emprendedores, pymes y empresarios que necesitan comprar o recambiar sus vehículos para desarrollar sus actividades, así como impactará duramente el bolsillo de todos aquellos que requieren los automóviles para transportarse a diario"
Diego Mendoza, secretario general de Anac
"Un cambio así de irracional en este criterio y programa terminará perjudicando sustancialmente a los miles de emprendedores, pymes y empresarios que necesitan comprar o recambiar sus vehículos para desarrollar sus actividades, así como impactará duramente el bolsillo de todos aquellos que requieren los automóviles para transportarse a diario", explica en el texto
Diego Mendoza, secretario general de Anac.
El vocero de la asociación agrega que esta modificación podría tener graves secuelas internacionales al violentar el principio basal del Derecho Público de la Confianza Legítima, porque ha habido una seguidilla de actos públicos en los que el Gobierno reconocía que la calidad de combustible requerida para las motores Euro 6c estaría disponible desde octubre 2024 y no marzo y así se informó a los fabricantes. Así, un adelanto intempestivo de la norma constituye un engaño para el sector automotor, pero además nos expone, como país, a acciones punitivas internacionales subsecuentes.
La pugna llevó a la entidad gremial a señalar que irían a la OMC si es que se mantiene como fecha de entrada en vigencia el 30 de septiembre de 2024 y no doce meses después.
Gobierno responde
Consultado por el tema, el 22 de julio pasado el Ministerio de Energía indicó a El Mercurio que, cumpliendo con lo establecido en decretos (40/2019 y 41/2019) y tras dictar otros -incluyendo el 140 que rectificó en el 149- , la cartera determinó que el 30 de marzo de 2024 sería la fecha a partir de la cual existiría disponibilidad de combustibles con contenido de azufre de 10 ppm máximo en el país.
Para ello, el ministerio sostiene que consultó a Enap y a las compañías distribuidoras acerca de la posibilidad técnica de disponer de gasolina y petróleo diésel con ese contenido máximo de azufre, "concluyéndose afirmativamente la factibilidad de dicha fecha", añadió.
La cartera señala que sin perjuicio de lo anterior, los referidos decretos 40/2019 y 41/2019 indican que, excepcionalmente, en caso de que, a la fecha de entrada en vigencia de la obligación no exista disponibilidad de ese combustibles, el plazo podrá prorrogarse hasta por 12 meses.
