Ya han pasado casi tres meses desde que el Gobierno presentó la ley corta con la que busca dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema que obliga a las isapres a aplicar una tabla de factores única para calcular el precio de sus planes. Sin embargo, hasta ahora la discusión entre los parlamentarios de la comisión de Salud del Senado -donde reside la iniciativa- parece estar lejos de llegar a un acuerdo.
El dictamen de la Tercera Sala del máximo tribunal, que fue emitido el 30 de noviembre de 2022, obliga a las aseguradoras privadas de salud a hacer uso de la tabla de factores de riesgo dictada por la Superintendencia de Salud a fines de 2019 con efecto retroactivo, lo que implica que las isapres tendrán que restituir todo lo cobrado en exceso a sus cotizantes, y a su vez, no subir los planes.
En ese sentido, la propuesta del Ejecutivo establece facultades para la Superintendencia de Salud y condiciones que permiten que se cumplan los fallos con "carácter universal", además de abordar las consecuencias que se derivan del cumplimiento de la resolución de la Suprema y que afecten la continuidad del acceso a las atenciones de salud para los beneficiarios de isapre.
Asimismo, aborda la problemática relativa al financiamiento de la salud, que podría afectar a las personas usuarias del sistema, a los prestadores tanto públicos como privados, al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y las isapres.
El debate y los plazos que se barajan
Hasta hace unas semanas, el debate se había centrado en torno a si existen posibles interpretaciones del fallo que permitan dar sostenibilidad al sistema. Ello debido a que la interpretación literal que realizó la Superintendencia de Salud obliga a las aseguradoras a devolver más de US$1.400 millones y genera cuantiosas pérdidas a futuro, lo que, según diversos expertos, haría colapsar el sistema privado.
Y pese a que propuestas de distintos centros de estudios han deslizado lecturas que podrían reducir los impactos de la aplicación del fallo, el superintendente de Salud,
Víctor Torres, insistía a fines de junio en que la entidad que dirige
"no ha realizado una interpretación del fallo. Seguir sosteniéndolo lo que busca, en definitiva, es instalar la falta de voluntad eventual que podría tener el regulador respecto de otras alternativas. Nosotros no tenemos potestad de interpretación".
"Es muy distinta la aplicación literal de un fallo a la potestad de interpretar sus alcances. Si la discusión sigue dando vuelta en que aquí hay una interpretación, es muy difícil seguir avanzando", señalaba .
Posteriormente, a inicios de julio comenzó a sesionar un comité técnico en apoyo a los legisladores en su labor por sacar adelante la ley corta.
Sobre los plazos que manejan en la comisión se refirió el senador Juan Luis Castro (PS), quien preside la instancia. "A mitad de agosto probablemente, o pasada la segunda mitad, tendremos el informe del comité técnico, que va a dar luces respecto al cumplimiento del fallo en el marco del escenario económico de las isapres, presente y futuro, tanto lo que es devolución como lo que es rebaja de cotizaciones. Y eso permitiría después llegar a una fase de búsqueda de acuerdo antes de la votación en comisión y después llevarlo a Sala", manifestó.
Junto con ello, Castro indicó que la ley corta de isapres "sigue siendo el foco principal de la comisión de Salud". A su juicio, "el ánimo es bueno, de todos los actores, del Gobierno, de las isapres, de los parlamentarios y mantengo mi optimismo moderado, pero firme, de que podamos alcanzar un acuerdo razonable en la tramitación del Senado, que le dé una arquitectura legislativa a un fallo judicial, pero también deje sembradas las bases de los cambios necesarios para que el sistema de isapres pueda corregir sus problemas, y al mismo tiempo mantener la subsistencia".
Por su parte, el senador Francisco Chahuán (RN) corroboró que "la ley corta de isapres se está trabajando con una comisión técnica que se formó al alero de la comisión de Salud, donde están integrados todos los actores y a partir de la cual esperamos sacar adelante una propuesta que permita el cumplimiento del fallo y la viabilidad en el largo plazo de la provisión mixta de la salud".
"A mitad de agosto probablemente, o pasada la segunda mitad, tendremos el informe del comité técnico, que va a dar luces respecto al cumplimiento del fallo en el marco del escenario económico de las isapres, presente y futuro, tanto lo que es devolución como lo que es rebaja de cotizaciones. Y eso permitiría después llegar a una fase de búsqueda de acuerdo antes de la votación en comisión y después llevarlo a Sala"
Juan Luis Castro (PS), presidente de la comisión de Salud del Senado
En este sentido, Chahuán señaló que le propuso al Gobierno "la posibilidad de cambiar la cancha en términos de lograr sacar adelante el plan garantizado universal, que sea espejo para los afiliados de Fonasa e isapres. Este es un proyecto que comenzó a discutirse durante el primer gobierno del Presidente Piñera, está en segundo trámite legislativo en la comisión de Salud y podría ser despachado pronto si es que hay voluntad".
Junto con ello, el senador RN apuntó que "nos dimos un plazo de un mes y medio para sacar adelante las propuestas, con la comisión técnica sesionando lunes y jueves en sede del Congreso en Santiago. En paralelo, la comisión de Salud sigue escuchando a los distintos actores, centros de estudio y expertos tener un camino y una hoja de ruta para seguir".
El senador Sergio Gahona (UDI), en tanto, mencionó que "la comisión ha sesionado todas las semanas recibiendo invitados para el proyecto, y paralelamente está funcionando la mesa técnica convocada por la propia comisión. Hemos recibido invitados de todos los sectores: Gobierno, isapres, prestadores, académicos, economistas, abogados, etcétera. Todo esto con el fin de determinar los alcances del fallo y encontrar la forma de implementarlo y que asegure certeza a los afiliados".
"La mesa técnica continuará trabajando la próxima semana para evacuar su informe a la brevedad. A partir de eso, como comisión tendremos los insumos técnicos necesarios para evaluar las modificaciones para que el proyecto cumpla con su finalidad que es dar viabilidad al sistema. Para esto, se debe cumplir con criterios de certeza jurídica para todos los actores del sistema, en particular, para los afiliados que necesitan una respuesta sobre la continuidad de sus coberturas. Esto requiere que a su vez, exista un equilibrio financiero en el marco del cumplimiento del fallo", añadió el gremialista.
Con todo, el parlamentario UDI advirtió que "hay un acuerdo de reserva mediática, donde nadie de la mesa puede hablar por el momento, impuesto por el presidente de la comisión. Dicho lo anterior, cabe señalar que la mesa sesionará hasta la próxima semana y evacuará su informe aproximadamente dentro de la primera quincena de agosto".
Mientras que el senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, dijo que "actualmente la comisión de Salud del Senado se encuentra tramitando dicho proyecto de ley, lo que se ha traducido en invitaciones a exponer de especialistas en salud pública y economía de distintos sectores. Adicionalmente, a pedido del presidente de la comisión, se conformó un comité técnico con asesores especialistas del tema que ha estado trabajando en las bases de cálculo y proyecciones".
Dado que existe una fecha tope para viabilizar el fallo, que expira el 30 de noviembre del presente año, Latorre espera "contar con un informe del comité técnico a fines de agosto o principios de septiembre que pueda ser un insumo para continuar con la tramitación de la ley".
"La principal expectativa es el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, de manera de cumplir lo que un poder del Estado mandató, resguardando los intereses de las personas y sus derechos. Por otro lado, es importante no afectar las prestaciones de salud que muchas familias reciben", cerró el timonel de RD.
