Una serie de beneficios para trabajadores, jubilados y beneficiarios de planes sociales, anunció ayer el gobierno argentino. Esto, para paliar los efectos de la devaluación del peso hace dos semanas y el consecuente aumento en los precio, y en medio de una campaña presidencial desatada en la que el ministro de Economía, Sergio Massa, es la carta del oficialismo.
Además, con este plan el gobierno trasandino desafía el llamado a principios de este mes del Fondo Monetario Internacional (FMI) a que el país gaste menos.
Massa esbozó medidas que incluyen alivios fiscales que se extenderán por seis meses para trabajadores independientes, mayores pagos de pensiones a 7,5 millones de jubilados por cerca de US$105 durante septiembre, octubre y noviembre, dinero adicional para programas de alimentación para familias con niños y líneas de crédito de interés. También incluye financiación para productos de exportación.
Massa también anunció la eliminación de impuestos a la exportación para las economías regionales con valor agregado como el vino, arroz y tabaco, y el financiamiento de fertilizantes para los productores que fueron declarados en emergencia por una histórica sequía que sufrió el país.
El gobierno además ofrecerá un programa de US$770 millones para ayudar a los exportadores a incrementar sus ventas y dispuso un bono de 60.000 pesos a pagar en dos tramos para unos 5,5 millones de trabajadores que ganan hasta 400.000 pesos.
El plan tendrá un costo de alrededor de $500.000 argentinos, cercano a los US$1.500.000.000 al dólar oficial del vecino país.
El nuevo plan surge después de que la coalición Unión Por La Patria del presidente Alberto Fernández, por quien Massa es candidato, fuera sorprendida por la victoria del libertario Javier Milei en las primarias de este mes antes de las elecciones de octubre.
Las medidas podrían poner al gobierno en conflicto con el FMI, que aprobó una transferencia de efectivo al gobierno la semana pasada después de extensas negociaciones sobre sus préstamos multimillonarios.
Esto, luego de que Argentina no cumpliera con los objetivos del programa en medio de una sequía.
"El principal objetivo es que todos los sectores de la economía tengan ayuda, de alguna manera, del Estado", dijo Massa en un video, citando la devaluación de la moneda y la crisis climática sin precedentes como razones para ofrecer apoyo financiero a las familias argentinas.
Una condición de la ayuda del FMI al gobierno de Fernández fue que Argentina intensificara los controles de gasto limitando los salarios y las pensiones públicas.
El prestamista dijo en un comunicado la semana pasada que el gobierno implementaría un aumento temporal de los impuestos sobre bienes y servicios seleccionados para compensar las pérdidas de las exportaciones relacionadas con la sequía.
Impacto acotado, según economistas
Con todo, según economistas consultados por el medio La Nación de Argentina, el plan tendrá un impacto acotado y un costo fiscal que complicará aún más cumplir con la meta del FMI.
Según los cálculos del director de la consultora EcoGo Sebastián Menescaldi, el paquete de medidas es de solo el 0,3% del PBI anual.
"De manera adicional, la suba de los $30.000 mensuales en el sector privado, dado que el sueldo promedio hoy sería de $350.000, tendría un impacto de 8,6% positivo. Ahora, los salarios vienen creciendo a un ritmo promedio mensual de 7,2% en el año; teniendo en cuenta que el bono sería absorbible por nuevas paritarias, la suba efectiva sería de 1,4%. Más allá de eso, el incremento es inferior a la inflación que estamos previendo para estos meses, con lo cual en la realidad no sirve ni para sostener los salarios en términos reales", agregó.
"No veo nada distinto que realmente vaya a mover el amperímetro o que vaya a generar un cambio de expectativas", opinó, por su parte, Gabriel Caamaño, de Estudio Ledesma.
"La suma fija de $60.000 para los privados absorbible por la paritaria va a terminar generando que las revisiones que estaban previstas para septiembre en adelante, que ya iban a tener esos incrementos, las van a terminar absorbiendo, y probablemente de una u otra manera van a usar eso porque es una suma no remunerativa. Me parece que es todo lo mismo y, en el caso de lo que afronta el Estado, obviamente va a tener un costo fiscal, lo cual va a volver más inalcanzable la meta fiscal con el fondo", completó.
Por su parte, el director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, coincidió en que las medidas que dependen del Gobierno tienen un costo fiscal, pero señaló que casi todo está concentrado en el corto plazo.
Es como que después de las malas noticias de las PASO, finalmente empezaron a hacer este impulso fiscal antes de las elecciones. Estamos percibiendo un fogonazo inflacionario muy fuerte producto de la devaluación, y en el corto plazo el Gobierno necesita revertir esa merma de ingresos real, sobre todo entre los que cobran menos. Y, de esta manera, llegarían un poquito mejor a octubre".
Por último, la directora de C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, consideró que el Gobierno anunció una especie de "plan platita acotado" porque asume que la inflación en agosto y septiembre va a ser elevadísima y que eso destroza el poder de compra ya alicaído de la mayoría de la población.
"Yo diría que es un paliativo muy acotado, que apunta a un sector chico de la población y que obviamente, si se va a financiar con emisión monetaria, va a ser difícil que después no termine yendo a su vez a inflación", apuntó.
