Hace dos semanas Uber lanzó la campaña "Deja Moverme", con el objetivo de arremeter contra reglamento de la ley que regula a las empresas de aplicaciones de transporte (EAT), más conocida como "Ley Uber".
La normativa -que debe ser presentada a más tardar el 19 de enero- define requisitos claves para los conductores, tales como contar con licencia profesional, un vehículo con una antigüedad máxima de 7 años y una cilindrada de 1,4 litros para los vehículos de motor de combustión interna, entre otros.
Según explicaron desde la compañía, de aplicarse el reglamento, en los términos en los que se encuentra, elminiaría el 86% de los viajes e implicaría que 1 de cada 2 conductores no pueda seguir conectándose a la App para generar ingresos. Provocaría, además, que "100 mil familias" dejen de generar ingresos a través de la plataforma.
Es por esto que Uber decidió arremeter contra la ley. "Deja Moverme" comenzó a escucharse con frecuencia en las radios y a tener una presencia relevante en redes sociales. Entre los objetivos de la compañía está contar con el apoyo de los usuarios. Hasta ahora este y otros esfuerzos, como el de influir en el Congreso, han tenido éxito.
Más de 50 mil firmas
Al comenzar la campaña, Uber difundió un documento con sus principales argumentos en contra del reglamento de la ley EAT, los que además de las restricciones mencionadas a los condutores, destacaban la burocratización por la que habría que pasar para inscribirse para conducir y el requisito de, luego de 6 meses, contar con un vehículo nuevo para registrarse.
Con esos antecedentes, la compañía salió a recolectar firmas para que "el Ministerio de Transporte mejore el reglamento de la Ley EAT". El proceso, hasta ahora, ha sido exitoso. Más de 50 mil personas han dado su apoyo a la iniciativa y desde Uber esperan que se sumen más.
Federico Prada, gerente general de Uber Chile, calificó en radio Cooperativa como "plazo fatal" el día 19 de enero, fecha en la que el reglamento especificará que efectos va a tener.
Señaló además que "estamos esperando que el reglamento salga de la mejor manera posible" y que "lo que nosotros estamos promoviendo es que, pareciera ser, que las especificaciones del reglamento no vienen acorde a la realidad hoy en día de la movilidad de las ciudades".
Los proyectos en el Congreso
La campaña ha dado frutos en la discusión política. Esta semana se presentaron dos proyectos de ley que buscan enfrentar la eventual situación en la que podrían verse implicados usuarios y conductores si el reglamento de la ley Uber se aplica como está.
Uno de ellos fue ingeresado por diez diputados de diversas bancadas, entre quienes se encuentran Johannes Kaiser (Republicanos), Mauricio Ojeda (Ind-Republicanos), Joanna Pérez, Jorge Saffirio, Erika Olivera (Demócratas); Rubén Oyarzo (PDG) y Cosme Mellado (PR), entre otros.
La moción tiene como objetivo extender por dos años la entrada en vigor de la normativa, hasta 2026.
"Muchísimas personas que hoy en día están haciendo Uber obligados por la situación económica que está viviendo el país probablemente no puedan cumplir con los requisitos que establece esa ley", señaló Kaiser.
La diputada Pérez, en tanto, emplazó al ministro de Transporte a comprender la realidad de los conductores que se verían afectados y a modificar la normativa. "Queremos que el Gobierno acoja este proyecto y que lo podamos tramitar prontamente para dar certezas también a los conductores", subrayó.
El otro proyecto para enfrentar la situación fue ingresado por los dipuitados Cristóbal Martínez (UDI) Y Natalia Romero (Ind-UDI). El objetivo de esa moción es cambiar el plazo de entrega del reglamento del 19 de enero al 19 de abril, además de aumentar los plazos de su entrada en vigencia, de 30 a 90 días.
"Nos parece importante extender en cinco meses la entrada en vigencia de esta norma para escuchar bien no solo las inquietudes de los conductores, sino también a los académicos e, incluso, a los pasajeros", afirmó la diputada Romero a La Segunda.
El rol de Marcela Sabat
En octubre de 2023, Uber, Didi, Cabify, Rappi y Pedidos Ya se univeron en en Alianza IN, gremio que, según destacaron, busca "un espacio de diálogo entre los actores del ecosistema, donde se puedan proponer soluciones a los desafíos regulatorios que plantean estos nuevos modelos de negocio".
Su dirección ejecutiva la asumió la ex Senadora Marcela Sabat, quien ha tenido un rol activo en relación a la implementación de la normativa.
El reglamento "tendrá un impacto cuantioso en regiones, donde el parque vehicular es más antiguo. Y particularmente en el segmento mujeres, donde el 92% no posee una licencia de conducir profesional", señaló la ex parlamentaria en noviembre de este año.
Sabat ya se reunió con el ministro de Transporte para avanzar en la modificación del borrador del reglamento. Ha participado además en distintas instancias de discusión en relación a la regulación de las plataformas de transporte.
Otra de las instituciones que se ha involucrado en la discusión acerca del reglamento es la Ascociación Chilena de Plataformas de Movilidad (Achiplam). Entre sus miembros se encuentran Didi, Rappi y Awto.
Su presidenta es Kim Maturana, quien también está buscando modificaciones al reglamento. Esta semana señaló a La Segunda que "nosotros ponemos énfasis en que se congele el reglamento. Se piden cosas como que la antigüedad de los vehículos sea de un máximo de 7 años, considerando que en el país el parque automotriz tiene, en promedio, 9,5 años".
En el Congreso pareciera predominar una posición: el reglamento no debiera entrar en vigencia tal y como está o, al menos, en la fecha que está fijada. Es por esto que se espera que efectivamente se hagan modificaciones de aquí al día en que entra en vigencia.
