La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) entregó al ministro de Hacienda, Mario Marcel, el estudio encargado para determinar los plazos reales de tramitación de diversos tipos de proyectos de inversión del sector minero, identificando los permisos críticos involucrados en el proceso, esto, en el marco de la ley de royalty minero.
"El objetivo es que estas medidas tengan un impacto positivo en la inversión minera en Chile, al simplificar y agilizar los procesos de tramitación de permisos, lo que a su vez fomentará la inversión en el sector. Asimismo, estas medidas podrán mejorar la calidad de servicio y experiencia usuaria en los trámites relacionados con la obtención de autorizaciones y permisos para el desarrollo de proyectos de inversión", dicen en un comunicado desde el Ministerio de Hacienda.
Las 20 medidas están divididas en tres ámbitos; administrativas (14), legales (5) y presupuestaria (1).
Por ejemplo, en
administrativas se propuso el revisar y actualizar el reglamento para la aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relaves.
Asimismo, implementar proyectos de modernización en instituciones responsables de tramitar permisos para proyectos de inversión, que permitan revisar procesos y diseñar e implementar mejoras, bajo el apoyo técnico y financiero de la Secretaría de Modernización del Estado.
En tanto, entre las medidas legales, está el ingresar a trámite en el Congreso la reforma que considere mejorar el proceso de evaluación y calificación de impacto ambiental de proyectos de inversión y también el ingreso al indicaciones al proyecto de Ley que reforma los permisos de concesiones marítimas.
Y por último, en lo que respecta en materia presupuestaria, se planteó el implementar y ejecutar el fondo para tramitación de rezagos en instituciones priorizadas.
Esta última, se trata de gestionar fondos del Tesoro para la tramitación de permisos pendientes (stock) contenidos en la Ley de presupuestos 2024, definiendo criterios de selección de instituciones y trámites, así como también un mecanismo de seguimiento y evaluación de resultados que permita tomar acciones relacionadas con las instituciones responsables y sus procesos de otorgamiento de permisos.
El detalle
Durante la entrega formal del documento, Rodrigo Krell, secretario ejecutivo de la CNEP, detalló que el trabajo "da cuenta de once categorías representativas de los diversos tipos de proyectos que conforman la industria minera (en su fase de exploración, explotación, obras nuevas, ampliación y/o continuidad), y se focaliza en la explotación de minerales metálicos, respecto de los cuales se estiman inversiones por sobre los US$60 mil millones(2024-34)".
"Además, considerando la relevancia del litio, se analizaron también proyectos de explotación minera no metálica, respecto del cual se proyectan inversiones cercanas a los US$2.300 millones para igual periodo", precisó.
El análisis contempló también proyectos pequeños (menos de 5.000 toneladas por año) medianos (entre 5 y 100.000 ton/año) y grandes (más de 100.000 ton/año), además de la infraestructura de apoyo al desarrollo de la industria minera (puertos y desaladoras).
Según las conclusiones, un proyecto minero de gran complejidad, tarda 138 meses en ser ejecutado desde el acceso al recurso o al territorio.
El estudio permitirá un punto de comparación para medir y monitorear el cumplimiento de la meta de reducir en un tercio los tiempos que requieren los proyectos de inversión en el sector minero para ser aprobados, (medida que se acordó en el marco de la aprobación de ley del Royalty), seguimiento que realizará la CNEP.
A modo de ejemplo, se estima que el cumplimiento de la meta significaría que un proyecto de minería metálica básico nuevo que actualmente tarda 7 años en aprobarse, demoraría 5 años en todo el proceso.
La CNEP advirtió que características específicas de los proyectos de inversión en minería ( capacidad de extracción del mineral, necesidad de acceso a agua y/o la realización de obras hidráulicas mayores), al combinarse y coexistir con una carga regulatoria que se caracteriza por ser compleja y dinámica (rechazos, judicializaciones, normas supuestas, contradicciones, diferentes interpretaciones de la autoridad, etc.), determinan que los plazos de tramitación en proyectos de inversión del sector minero, sean excesivamente extensos.
Reacciones
El titular de Hacienda comenzó diciendo que "en este protocolo se hicieron una serie de compromisos", esto según enfatizó, en tiempos en que "hay ciertos acontecimientos recientes nos dicen que a veces los compromisos no se cumplen, pero en este caso hicimos tres compromisos fundamentales".
Y los enumeró. El primero de ellos dice relación con el racionalizar los trámites para la aprobación de proyectos mineros con el objeto de reducir un tercio del tiempo de tramitación de los mismos.
En segundo lugar, Marcel sostuvo que es el "aportar recursos de la recaudación del royalty minero a la inversión en seguridad ciudadana. Eso ya lo reflejamos en el presupuesto del 2024 y en proyectos de ley que están tramitándose ligados a la seguridad ciudadana y que van a demandar muchos recursos".
En el tercero, apuntó al rol del Ministerio de Obras Públicas (MOP), ya que es "establecer un fondo para apalancar inversiones en infraestructura productiva en las regiones del norte del país. Eso quedó abierto en la ley de presupuesto y ahora tenemos que identificar los proyectos a los cuales vamos a asignar esos recursos".
"Tres compromisos que si bien no tenían una validez legal, no estaban escritos en el texto de la ley, sí fueron compromisos políticos con los parlamentarios, con la industria, con sectores interesados en el avance en estas materias"
Mario Marcel, ministro de Hacienda
"Tres compromisos que si bien no tenían una validez legal, no estaban escritos en el texto de la ley, sí fueron compromisos políticos con los parlamentarios, con la industria, con sectores interesados en el avance en estas materias", cerró.
Por su parte, Cristián Argandoña, vicepresidente de Sonami, valoró que "se haya puesto fin a esta incertidumbre que duró mucho tiempo, tal vez, y que nos impedía ver el futuro con más tranquilidad".
En segundo lugar, el ejecutivo destacó "el hecho de que el resultado del royalty vaya con aportes directos a 43 comunas de nuestro país donde se albergan estos proyectos".
Y por último, remarcó la decisión de "revisar el sistema normativo para poder impulsar nuevamente a la minería, y eso lo rescatamos".
A su vez, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero valoró "el compromiso que asumió el Gobierno para reducir los tiempos de tramitación de los permisos de proyectos mineros".
"Esperamos que estas y otras lleguen a materializarse y que se pueda reconducir a aquellas iniciativas de política pública, de iniciativa parlamentaria, en muchos casos que son, a nuestro juicio, contrarias al objetivo de contar con un sistema de permisos más eficiente y moderno"
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero
Así como también el trabajo que desarrolló en la mesa público-privada convocada para analizar las medidas pertinentes al efecto.
"El informe que hoy se entrega más el encargo a la CNEP para que mida el avance en la reducción de casos para la entrega de permisos, es sin duda un aporte muy valioso", añadió.
En ese sentido, destacó que algunas medidas del informe "están alineadas con otras iniciativas del Gobierno que ya se encuentran en desarrollo, es muy buena noticia".
"Esperamos que estas y otras lleguen a materializarse y que se pueda reconducir a aquellas iniciativas de política pública, de iniciativa parlamentaria, en muchos casos que son, a nuestro juicio, contrarias al objetivo de contar con un sistema de permisos más eficiente y moderno", cerró.
