La Sala de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde el proyecto de fraccionamiento que modifica las cuotas de capturas de los sectores industriales y artesanales, considerado el "corazón" de la nueva ley de Pesca que promueve el Ejecutivo.
La iniciativa fue visada en general por 111 votos a favor, 4 en contra y 18 abstenciones. Además, se visaron otras normas que requerían un quórum especial, por lo que la discusión ahora pasará al Senado.
Hace algunos días el Ejecutivo dio discusión inmediata al proyecto, lo que llevó ayer a la comisión de Hacienda de la Cámara, en una maratónica sesión, a despachar la moción a la Sala con informe positivo, luego de aprobarse en la comisión de Pesca -a inicios de octubre- los cambios a la ley actual de 2013,
que otorgan más recursos para los artesanales y una reducción para los industriales.
"Justicia" para trabajadores artesanales y la necesidad de poner fin a una "ley corrupta", fueron parte de los argumentos que abundaron de parte de quienes apoyaron la moción, mientras que quienes la rechazaron, particularmente desde el partido Republicano, aludieron a los miles de puestos de trabajo que supuestamente quedarían en riesgo en caso de prosperar el proyecto.
"Este es un día histórico, porque recuperamos la senda de poder construir una ley para el sector pesquero que es muy relevante y que se haga de forma transparente y genere consensos. Le da estabilidad y justicia a un sector económico muy relevante del país. Somos la décima potencia pesquera mundial", destacó, en su intervención, el ministro de Economía, Nicolás Grau, mientras en paralelo a las afueras del Congreso un importante puñado de pescadores artesanales llegó a manifestarse para presionar para la aprobación de la iniciativa.
Por otra parte, el proyecto ha generado una fuerte resistencia del sector pesquero industrial, desde no solo han advertido que miles de empleos se verían perjudicados.
Ayer, la vicepresidenta de la federación gremial Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Macarena Cepeda, expuso en la comisión de Hacienda y centró su discurso en el impacto fiscal de los cambios al fraccionamiento, asegurando que esto provocaría menores ingresos al fisco por US$110,6 millones al 2032.
En tanto, según el informe financiero del proyecto, este generaría una menor recaudación fiscal de $727 millones en régimen y de $2.822 millones el primer año, en el "escenario más probable, pero que podría ser mayor en caso de que no se cumplieran los supuestos de desembarques del sector pesquero industrial".
El gremio, además, advirtió que una menor cuota al sector industrial implicaría una disminución de la flota industrial.
"Al desconocer la vigencia del actual fraccionamiento se está vulnerando una característica esencial del derecho de propiedad presente en las LTP (licencias transables de pesca), lo que Hacienda debería considerar en el análisis frente a futuros litigios con el Estado", alertó.