El Juzgado de Garantía de Santiago decidió revocar la medida cautelar de prisión preventiva a Rodrigo Topelberg y Ariel Sauer, imputados en el caso Factop.
En concreto, el tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para ambos. Esto, luego de que la Fiscalía Oriente se allanara a los cambios de las cautelares.
La razón principal del cambio, según explicó la Fiscalía, s
e debe a que en sus últimas declaraciones, los imputados reconocieron los mecanismos defraudatorios mediante facturas falsas y los roles que desempeñaron dentro de la estructura que está siendo investigada.
Estos antecedentes, además, fueron contrastados con la información ya existente en la carpeta investigativa.
Tras la audiencia, el fiscal Juan Pablo Araya valoró la colaboración de Topelberg y Sauer, asegurando que su aporte constituye "un gran avance" para el desarrollo de la investigación.
"Lo que se señaló en el tribunal y que es lo importante es que ambos imputados después de 8 meses de privación de libertad finalmente decidieron aportar a la investigación", señaló Araya.
Y agregó que "en sus últimas declaraciones ya fueron aclarando tanto su participación como los mecanismos que fueron utilizados y nosotros entendemos que eso ya constituye un gran avance y que permite al menos entender que respecto a estas dos personas se justifica una medida cautelar menos intensa, que de todas maneras sigue siendo una privación de libertad".
El fiscal, otra parte, indicó que el caso ahora entra en una fase donde se formalizará a un nuevo grupo de imputados. De hecho, este lunes, la Fiscalía Oriente solicitó al Juzgado de Garantía de Santiago la formalización de 11 nuevas personas vinculadas al caso Factop.
Entre los mencionados figuran los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff, además de ejecutivos, directores vinculados a la firma STF Capital y ejecutivos de LarrainVial. La audiencia de formalización está programada para el próximo 13 de enero.
Consultado sobre los nuevos imputados, el fiscal Araya evitó entregar mayores detalles, pero confirmó que se están investigando delitos complejos, tales como lavado de activos, delitos tributarios, estafa, administración desleal y vulneraciones a la ley del mercado de valores.
"Principalmente tienen que ver con la destinación de parte de los fondos que fueron obtenidos a través de los ilícitos por los cuales están formalizados los imputados desde el 8 de abril, y que terminaron en manos de otras personas, como son este grupo que eran los hermanos Jalaff y que fueron finalmente utilizados en un instrumento que es el conocido como el Fondo Capital Estructurado 1", explicó.
En paralelo, la firma LarrainVial ayer salió al paso de las implicancias en este caso, luego de que se mencionara la formalización de altos ejecutivos.
La administradora de fondos rechazó categóricamente que alguno de sus ejecutivos esté involucrado y anunció acciones penales contra los hermanos Jalaff, Daniel Sauer, Luis Flores, Cristián Menichetti, así como directores y accionistas de STF Capital, por posibles perjuicios al fondo.
Consultado sobre estas críticas, el fiscal Araya fue tajante: "Bueno, no sé, si no nos criticaran estaríamos preocupados. Efectivamente hay antecedentes suficientes, por algo se pidió la formalización", afirmó.
Con todo, se espera que la audiencia del 13 de enero aporte nuevos antecedentes sobre la participación de los imputados y las responsabilidades penales en torno a este caso.
