Hace unos meses era un secreto a voces, pero en las últimas semanas varios abogados laborales han confirmado lo que a estas alturas es evidente: la demora de la Dirección del Trabajo (DT) en los procedimientos de investigación por Ley Karin.
Esto, explican, no solo los afecta en sus labores profesionales, sino que también a sus clientes, que en ocasiones sienten "incerteza" o "injusticia", al ver que los procedimientos no avanzan. Advierten, en ese sentido, posibles vulneraciones de derechos.
Es que el aumento de denuncias tendría a la DT sobreexigida. La semana pasada, de hecho, la institución inició un proceso de postulación para contratar a 37 fiscalizadores y 13 abogados.
El objetivo no es solo reforzar aquellos flancos abiertos por la Ley Karin, sino que también apoyar en la fiscalización de las 40 Horas e Inclusión Laboral.
Posibles vulneraciones
Fernando Saavedra, abogado y CEO de Ferconsultor, explica que efectivamente han notado que los plazos de investigación se extienden más allá de lo que establece la ley.
"Esto se debe a la complejidad técnica que implica la evaluación de los protocolos de prevención y cumplimiento, además del volumen de casos acumulados", sostiene.
A su juicio, la DT no está "colapsada", pero sí trabajando "al límite de su capacidad". Esto se refleja, dice, "en los tiempos prolongados de respuesta y resolución de casos".
La situación, destaca, ha significado "mayor incertidumbre para los clientes. Tanto empresas como trabajadores enfrentan tiempos prolongados sin una resolución clara, lo que dificulta la planificación y toma de decisiones".
Asimismo, señala, ha derivado en aumento de costos. Esto, porque "las demoras suelen requerir un seguimiento continuo de los casos, generando mayores costos administrativos y legales".
Oscar Olivares Jatib, doctor en derecho, académico de la Universidad Autónoma y quien también se desempeña en el área laboral, lo ve de manera similar.
"Los procedimientos de investigación desarrollados por las Inspecciones del Trabajo no respetan los plazos legales previstos en la Ley Karin, excediéndose excesivamente los tiempos de tramitación, principalmente, en la Región Metropolitana y en Valparaíso", sostiene.
"Dicha demora -asegura también- incide negativamente en la protección de los derechos de la víctima, pues la adopción de medidas de resguardo en su favor suele concretarse semanas después del ingreso de la denuncia, en circunstancias que el Código del Trabajo establece que debe hacerse dentro de los dos días hábiles siguientes a su interposición".
Por último, explica que el "trabajo de las oficinas y despachos jurídicos se ve afectado porque la excesiva demora en la tramitación de las investigaciones de acoso laboral y/o sexual por parte de las Inspecciones del Trabajo impide contar con un informe final que sirva de base para la interposición de acciones de tutela laboral".
Para el académico Javier Soto, de la facultad de Derecho Universidad Andrés Bello, en tanto, "estos problemas han ocasionado que las medidas preventivas adoptadas por las empresas que reciben una denuncia se mantengan más tiempo de lo que efectivamente debería tomar el proceso de investigación, lo que incluso podría concluir en vulneraciones de los derechos fundamentales del denunciado".
"Esto implica -señala- que los abogados laborales asesores deban gestionar con mayor cautela cualquier tipo de acción que se produzca de forma interna en las empresas o en los procesos administrativos llevados por la Dirección del Trabajo".
El abogado y socio de Moraga & Cía, Diego Messen, observa un panorama muy parecido. La demora -sostiene- "hace, evidentemente, que las cosas vayan dando una sensación de incerteza, de injusticia, de no resolución".
"Uno como abogado -asegura también-, como herramienta de solución del problema, se ve afectado por no poder dar una solución pronta y eficaz, que es lo que busca siempre una normativa como esta, sobre todo, teniendo en cuenta que es un tema tan sensible como un acoso laboral o un acoso sexual"
