La posibilidad de nuevos retiros de fondos previsionales vuelve a preocupar al Gobierno, economistas y empresarios.
En agosto del año pasado, la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar las mociones parlamentarias que buscaban permitir un nuevo retiro. Hoy, la discusión vuelve a instalarse en el debate público, especialmente en un año electoral, donde — según reconocen los propios parlamentarios — resulta impopular oponerse a esta iniciativa.
Actualmente,
existen tres proyectos en trámite que deben ser puestos en tabla en la comisión de Constitución para continuar su tramitación. Esta comisión está presidida por el diputado Miguel Ángel Calisto (Ind.-Demócratas), quien presentó su renuncia al cargo, aunque esta aún no ha sido aceptada y no está claro quién lo sucederá.
Una de las impulsoras más emblemáticas de esta propuesta — rechazada en reiteradas ocasiones por el Ejecutivo — es la diputada Pamela Jiles (Ind.), quien ha hecho de los retiros una de sus principales armas política.
Su moción, presentada en noviembre del año pasado, propone permitir el retiro de hasta un 10% de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual. En las últimas semanas, Jiles ha insistido en que la Comisión de Constitución revise las nuevas iniciativas que apuntan en esa dirección.
También existe un proyecto impulsado por los diputados Alejandro Bernales (PL), Viviana Delgado (Ind.-PL), Luis Malla (PL), Cosme Mellado (PR) y Sebastián Videla (PL). La iniciativa plantea autorizar el retiro de fondos previsionales a personas que padecen enfermedades poco frecuentes y de alto costo.
La tercera propuesta corresponde al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Gaspar Rivas, y al igual que la moción de Jiles, busca permitir el retiro del 10% de los fondos desde las cuentas de capitalización individual.
Desde el Ejecutivo temen que, en medio de un año electoral, la idea tome fuerza y ciertos sectores se dejen seducir. Esto, no solo por los efectos inflacionarios que podría tener sobre la economía, sino que también por lo que podría significar en medio de la guerra comercial y para la imagen del país en términos de inversión.
Demandas contra el Estado
Es que ya existen demandas contra el Estado de Chile por los retiros que se aprobaron durante y después de la pandemia. Otro rescate, creen algunos, podría tener efectos adversos serios, sobre todo en el contexto actual.
Una de las primeras acciones legales que se registraron contra el Fisco fue la de la estadounidense Ohio National Seguros de Vida, que presentó una demanda solicitando una indemnización de 284.646 UF.
¿La razón? Los perjuicios que, a entender de la empresa, le ha causado la Ley 21.330, promulgada en 2021 y que permite solicitar un adelanto de hasta 10% de las pensiones a quienes se encuentren en el régimen de rentas vitalicias.
La legislación de ese entonces obligó a las empresas de seguros a utilizar sus reservas técnicas para cumplir con los adelantos. A juicio de las aseguradoras, estas reservas son parte de su patrimonio y están diseñadas para asegurar el pago de pensiones en el tiempo.
Ohio National Seguros de Vida, en esa línea, alega que no tuvo más opción que desembolsar 670.826 UF para cumplir con los adelantos, lo que le ha generado un "perjuicio patrimonial cuantioso".
A la demanda de Ohio se sumó otra ligada a las rentas vitalicias: la de Renta Nacional, que también apuntó a los perjuicios que le causaron los retiros de fondos previsionales.
Según constató hace algunos días La Tercera, la aseguradora perteneciente al Grupo Errázuriz pidió al 25° Juzgado Civil de Santiago condenar al Fisco y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al pago de una indemnización de UF 166.223 (alrededor de $6.455 millones).
"Lamentablemente, muchas de estas medidas fueron del todo inconstitucionales e ilegales, toda vez que trasladaron una carga del Estado, en calidad de política pública, a un número limitado de particulares -en este caso, las compañías de seguros del segundo grupo-, obligándolas a financiar con su propio patrimonio el apoyo económico que correspondía asumir al Estado en favor de los afectados por la pandemia", dice la demanda que recogió el medio citado.
La aseguradora Penta Vida también demandó al Estado. La firma apunta que la posibilidad de que sus pensionados bajo modalidad de renta vitalicia solicitaran un adelanto de 10% les fue perjudicial. Alegan un perjuicio, de hecho, de 723.920 UF.
"El legislador, en su afán de dar respuesta a un contexto político-social coyuntural, actuó fuera de los límites establecidos por el marco constitucional", dice la demanda de la firma, recogida por La Tercera.
