El presidente de la Asociación de Bancos (Abif), José Manuel Mena, analizó la nueva normativa sobre fraudes bancarias, aprobada en mayo de 2024, que buscaba establecer un marco de protección para los usuarios, y sostuvo que la regulación presenta deficiencias que podrían poner en riesgo la solidez del sistema.
Mena participó de un seminario organizado por la Abif y la Academia de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales, en donde recalcó que si bien las cifras de fraude han disminuido respecto a los niveles históricos, "seguimos perdiendo decenas de millones de dólares mensuales, y eso no es sostenible".
Además, cuestionó la judicialización -a su juicio- impuesta por la ley, señalando que "obligar a los clientes a acudir al Juzgado de Policía Local para resolver casos de fraude es algo que se debe corregir".
En esa línea, enfatizó que "solo un 3,5% de las denuncias llegan efectivamente a ese tribunal; es decir, en el 96,5% de los casos se alcanza un acuerdo entre el banco y el cliente".
Asimismo, agregó que la prohibición de ofrecer seguros adicionales ante fraudes, robos o extravíos es algo que se debe ajustar en la normativa actual. "Es insólito que no estemos asegurados frente a fraudes en los sistemas de pago. Esa es una porfía legislativa y una expresión de populismo que no puede ser".
"Si una persona es víctima de fraude, a pesar de haber tomado precauciones, debe poder contar con un seguro. Para eso existen”, afirmó Mena.
Quien también participó del encuentro fue José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, quien indicó que el problema radica en haber judicializado un tema que requiere soluciones ágiles.
"Pasamos de un sistema en el cual se podía hacer fraudes fácilmente, a uno donde la ciudadanía queda bastante desprotegida (...) El sistema de pago se judicializa en un lugar que tampoco tiene la experticia. Deberíamos tener una instancia más especializada que pueda dedicarse a esto", dijo.
Además, destacó que "es fundamental asegurar la estabilidad, la solvencia del sistema, y el respeto a los clientes, si queremos mantener la fortaleza financiera que caracteriza al país".
Por su parte, Íñigo de la Maza, profesor titular de Derecho y director de la Academia de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales, expuso que "los números (de fraudes bancarios), pese a las modificaciones que ha experimentado la ley 20.009, se mantienen a niveles preocupantes".
"Si bien estas modificaciones parecen haber impactado en una disminución cuantitativa, lo cierto es que, desde el derecho civil, el marco jurídico dispone tres resultados bien anómalos. El primero es que el riesgo será soportado por los usuarios solo en caso de culpa grave o dolo. El segundo es que la ley prohíbe asegurar ese riesgo. Y, el tercero, acaso el más sorprendente, es la carga de demandar de las instituciones financieras. Ninguno de estos resultados es aconsejable para enfrentar el fenómeno del phishing, actualmente, la principal manifestación del fraude bancario", afirmó.
