El escándalo destapado por el informe de la Contraloría General de la República (CGR), que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país entre 2023 y 2024 mientras estaban con licencia médica, puso de relieve el abuso que existe por parte de algunos trabajadores del Estado en el uso de este instrumento, lo que incluso derivó en una investigación penal por parte de la fiscalía.
La situación, repudiada transversalmente, también volvió a poner sobre la mesa las diferencias que en diversos ámbitos que existen entre trabajadores públicos y privados. Una de ellas tiene que ver precisamente con las licencias médicas, puntualmente por ciertas facilidades que tienen en este ámbito los funcionarios del Estado, lo que -a ojos de expertos- funcionan como un incentivo para su uso fraudulento.
Así, consultados por
Emol, ex autoridades del sector salud explicaron las diferencias entre los sistemas de licencias médicas en el sector público y el privado, tanto en términos legales, operativos y de fiscalización.
Apuntan a una brecha estructural entre el mundo público y privado en cuanto a licencias médicas en Chile. Mientras los trabajadores del sector privado enfrentan topes en el pago de sus subsidios y una fiscalización activa de parte de las isapres, en el sector público las licencias se pagan íntegramente y con controles mucho más laxos. Esa diferencia preocupa a expertos.
También, explican que el subsidio por incapacidad laboral en el mundo privado está sujeto a límites definidos por la Superintendencia de Seguridad Social: no puede superar el 100% del promedio de remuneraciones y tiene un tope mensual.
En cambio, los empleados públicos continúan recibiendo el 100% de su sueldo durante la licencia, sin importar el monto, y el empleador sigue pagando íntegramente su remuneración.
Por último, señalan que esa diferencia en el pago se suma una asimetría en los mecanismos de control. En el sector privado, las isapres cuentan con contralorías médicas y revisiones cruzadas con otras bases de datos. En Fonasa, en cambio, la fiscalización está a cargo del Compin, que según exautoridades, no prioriza este tipo de revisiones.
Las diferencias en detalle
En un marco general, el ex superintendente de Salud, Patricio Fernández, precisó que "las diferencias fundamentales entre las licencias médicas en el sector público y el privado, radica en que en el sector público, según establece el artículo 111 del Estatuto Administrativo, la licencia médica es un derecho del funcionario para ausentarse o reducir su jornada laboral con el objetivo de recuperar su salud, siempre bajo certificación de un profesional autorizado y con validación del servicio de salud correspondiente. Durante este período, el funcionario mantiene íntegramente sus remuneraciones".
En cambio, indicó que "en el sector privado, durante una licencia médica, el trabajador recibe un subsidio otorgado por las entidades de seguridad social (Fonasa o isapres), el que no necesariamente cubre la totalidad del sueldo, generando un impacto económico mayor para el trabajador privado".
Además, advirtió que "en cuanto a fiscalización y autorización, en ambos sectores existe control por parte de las entidades responsables, pero en el sector público este proceso debería ser más riguroso debido a la responsabilidad que tienen los funcionarios respecto del uso de fondos públicos y al principio de probidad administrativa".
Respecto de los casos en que se viaja mientras se está con licencia médica, Fernández subrayó que "aunque la normativa no prohíbe expresamente desplazarse, cualquier actividad incompatible con el reposo prescrito puede ser sancionada en ambos sectores. Sin embargo, el control sobre estas situaciones debería ser más intenso en el ámbito estatal debido a la transparencia y responsabilidad exigida a quienes desempeñan funciones públicas".
Por su parte, el ex ministro de Salud, Álvaro Erazo, explicó a Emol que "en primer lugar, el sector público se rige por lo que está contenido en el artículo 44, que es, por así decirlo, el que rige los sistemas de pago de licencias médicas y también lo que está establecido en el Estatuto Administrativo", y que "en la calidad de funcionarios públicos, vale decir, que tienen un contrato en la administración pública, en general las remuneraciones se pagan, o sea, se pagan o se enteran completamente durante el periodo de carencia, siempre y cuando sea de igual o más de once días".
Si bien reconoció que existe una carencia de tres días —periodo inicial no cubierto—, apuntó que "en la administración pública yo diría que, en general, el pago es íntegro", y agregó que "tratándose de licencias médicas curativas, estas son pagadas a integrum".
En cuanto al sector privado, Erazo señaló que "existe un cálculo ponderado de pago de remuneraciones que se hace en función de las últimas remuneraciones, se establece un cálculo promedio".
En ese sentido, explicó que "si la persona ha recibido una remuneración promedio de $500.000, $700.000 u $800.000, se paga este promedio ponderado. También con la consideración de que puede haber una carencia de los últimos tres días".
Diferencia estructural
Por su parte, el ex superintendente de Salud, académico de Salud Pública de la UNAB y actual director de isapre Esencial, Manuel Inostroza, remarcó una diferencia estructural entre los seguros públicos y privados.
"Lo primero que te diría yo es que hay dos naturalezas distintas entre lo público y lo privado. La primera diferencia entre las licencias médicas son las tramitadas en Fonasa versus las tramitadas en la Isapre, porque uno es el seguro público y otro el seguro privado y no tiene que ver con que si tú eres funcionario público o trabajador del sector privado".
Apuntó a una diferencia clave en los mecanismos de control y sostuvo que "la licencia médica de Fonasa o del sistema público no tiene una contraloría médica propia como lo tienen las Isapres".
"Las Isapres tienen su contraloría y son las que hacen, por razones obvias, todo lo que es la investigación de fraude, permiten hacer cruces de información, aplicar inteligencia artificial (…) Las que más interponen recursos legales en las cortes son las Isapres, mucho más que Fonasa", agregó.
En el sistema público, explicó, "el que hace esas funciones es el Compin y aquí tenemos un problema porque como el Compin cumple como 28 funciones más, fiscaliza a los bomberos, tiene que ver con la pensión de invalidez. Al final, siempre el tema de la fiscalización y control de las licencias médicas de Fonasa las tira como para falta de prioridad".
Asimismo, recalcó que "en el caso de las Isapres, además fiscaliza la Superintendencia de Salud el correcto cálculo. Entonces, si una Isapre se equivocó (…) eso lo fiscaliza la Superintendencia de Salud , pero no así en el caso del Fonasa. No tiene facultad expresa la superintendencia de Salud para fiscalizar lo mismo en el caso del Fonasa".
Más allá del tipo de seguro, Inostroza aclaró otra distinción importante: "Los trabajadores del Estado tienen una garantía que está dada por su estatuto, que es que se paga el 100% de la renta sin tope".
Los trabajadores del Estado tienen una garantía que está dada por su estatuto, que es que se paga el 100% de la renta sin tope".
Manuel Inostroza
Según precisó, eso implica que si un funcionario estatal gana más de $3.439.000 —el tope legal de subsidio equivalente a 87,8 UF—, igual recibe su sueldo íntegro durante la licencia. "A diferencia de si tú trabajas en el sector privado, el sector privado no tiene esa garantía por ley (…) La diferencia de $1.561.000 la pierdes", dijo.
En ese contexto, indicó que "los sindicatos de las grandes empresas en las negociaciones colectivas (…) han logrado como beneficio (…) que las empresas te cubran el 100% de la renta", aunque reconoció que esto solo lo logra "el 10-15% de los trabajadores de las grandes empresas", mientras que "el 85% de los trabajadores privados de Chile", especialmente en pymes, no tienen acceso a ese tipo de cobertura.
Otro elemento crítico, según Inostroza, es el incentivo para recuperar los pagos por licencias.
"Como esto lo paga el Estado, o sea, lo pagamos todos los chilenos, vía impuesto, a veces hay poco incentivo a recuperar", dijo, añadiendo que muchas veces los servicios públicos "no rescatan de Fonasa y de Isapre ese pago del subsidio. Entonces, al final es una plata que se paga en un 100% porque no se rescata la fuente de financiamiento".
Finalmente, advirtió sobre otro punto observado por Contraloría: "Cuando los trabajadores del sector estatal le rechazan una licencia médica (…) los servicios públicos son bien remolones para pedir la devolución de la plata", lo que implica que, aunque haya rechazo formal por parte del Compin o la Suseso, "esa plata tuvo mala vida (…) y no se lo descuentan".
En contraste, "en el sector privado están todos los incentivos porque si no es plata que pierde el empleador. Entonces normalmente esas platas se exigen rápidamente".
