Un verdadero escándalo se desató luego de que la Contraloría General de la República (CGR) revelará que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera de Chile pese a estar con licencia médica, entre 2023 y 2024.
Y el vendaval parece estar lejos de terminar. La contralora Dorothy Pérez anunció que se están indagando las "licencias médicas de las Fuerzas Armadas y las policías". También comunicó que se está investigando el posible mal uso de las licencias, pero con viajes hechos dentro del país. Aunque reconoció que detectar irregularidades en ese contexto es más difícil.
El resultado del informe de la CGR no ha dejado indiferente a nadie, y son varias las voces que aseguran que estas fallas del sistema de licencias son potenciadas por el régimen de empleo público que rige en el país, favoreciendo conductas oportunistas. "Hay incentivos al abusos", sostuvo el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Así, el foco de la discusión está apuntando con fuerza a una reforma al empleo público que para algunos es una medida urgente. La misma contralora -en su intervención de el lunes en la Cámara de Diputados- hizo alusión a aspectos que deberían cambiar.
La autoridad apuntó a la "debilidad que tienen los sumarios administrativos", a que "no hay sanción" y a que raras veces se aplican las medidas disciplinarias propuestas por la institución. "Ese es un tema quirúrgico que se podría corregir,
pero les corresponde a los poderes legisladores evaluarlo", dijo.
Fue el mismo Presidente Gabriel Boric quien golpeó la mesa al abordar el uso abusivo del mecanismo en cuestión por parte de funcionarios públicos. "Tiene que haber sanciones que sean drásticas y categóricas", dijo el Mandatario. "Muchos de ellos debieran ser destituidos, porque no puede ser que estas prácticas se hagan costumbre", agregó después.
Hoy, en tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel indicó que un total de 1.102 trabajadores han salido del gobierno producto de estas irregularidades, sin detallar cuántos fueron por renuncias o despidos.
Pero, ¿qué aspectos se debieran reformar en el sector público? ¿Cuáles son los más urgentes?
¿Qué reformar?
Una de las propuestas que más se menciona a la hora de hablar de reformas al empleo público es la de disminuir las altas tasas de contratación, que ha aumentado con fuerza en las últimas décadas.
En una columna publicada el fin de semana en La Tercera, el economista y expresidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, expone que si se busca ajustar a la baja el número de funcionarios públicos "se deben hacer efectivos los sistemas de evaluación de desempeño de los funcionarios y los programas de mejoramiento de la gestión".
"Una forma simple sería obligar a las organizaciones a presentar un ranking de desempeño ordenado en vez de una clasificación de categorías en las que todos los funcionarios salen evaluados como excelentes", añade.
"La regla podría ser -complementa- que se desvincule a un funcionario que aparece tres veces seguidas en el 10% peor evaluado, acumula cinco veces en siete años o llega a siete en diez".
"En muchas organizaciones la pérdida de esos funcionarios no tendrá ningún impacto en la productividad. Para las otras, en que se necesite reemplazar, se debiera establecer un sistema de compensación a nivel de Estado con un tope de cupos anual en que se permita contratar reemplazos por un tercio de los despidos", sostuvo también.
Para Cristina Torres, exdirectora de Presupuesto, una de las prioridades es trabajar sobre la propuesta que se discutió en 2019 y 2021 "que buscaba crear una nueva relación laboral entre los funcionarios públicos y el Estado a través de un vínculo laboral indefinido".
Esto -detalla Torres- "con indemnización por egreso no voluntario y que regulaba el ingreso a la administración pública a través del mérito, además de reformular el sistema de evaluación de desempeño".
Adicionalmente -dice la además actual directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián- se deben incorporar las sanciones efectivas a las faltas de probidad; el establecer plazos acotados y dedicación exclusiva en los sumarios administrativos; y la creación de un sistema que permita contar con un repositorio de información sobre funcionarios públicos, que incluya perfiles y experiencia laboral de los funcionarios, para promover la movilidad entre instituciones; entre otros.
Eric Latorre director del magíster de gobierno y administración pública de la U. Autónoma, dice que son tres las reformas que se deben llevar a cabo. "La primera -dice- es una gran reforma estructural que nos permita discutir la forma y la estructura, de contratación del sector público que debiera ser más bien equivalente a lo que existe en el sector privado".
En relación a la segunda, explica que debiera haber una mejora en el sistema de calificaciones, que permita efectivamente "calificar de manera diferenciada aquellos que hacen bien su trabajo y quienes no".
Por último, plantea que se debiera avanzar hacia una "una estructura de incentivos y de sanciones que al final del día permitiera analizar y tomar decisiones", premiando a "aquellos funcionarios que lo hacen bien" y "sancionar y eventualmente desvincular a aquellos que lo hacen mal".
"Debiéramos -complementa- hacer un trabajo de evaluación general, porque el Estado de hoy en día tiene muchos funcionarios que no están cumpliendo su labor, que no son necesarios eventualmente".
En particular sobre las licencias, Rocío García de la Pastora, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, indica que "las licencias médicas se pagan una vez que son autorizadas en el mundo privado, en cambio en el sector público, el Estado anticipa eso. Llega y paga las licencias médicas y después el Estado es el que recupera esos dineros de la Isapre o del ente pagador".
"Ahí -indica- hay un primer flanco que resolver, porque si esa licencia después no es autorizada, el Estado ya pagó y el proceso que tiene que hacer para recuperar esos dineros es tremendamente engorroso y dificultoso".
La opinión de los parlamentarios
Para el diputado Jaime Sáez (FA) hay tres ejes claves que reformar.
"La primera tiene que ver con optimización de las funciones y los procesos, en la perspectiva de buscar mayor eficiencia en la función pública. La segunda tiene que ver con extender la rendición de cuentas a todos los niveles que tengan responsabilidad administrativa en el Estado. Y la tercera tiene que ver con dar agilidad y reducir los tiempos en cuánto a los sumarios administrativos y a las investigaciones sumarias", explica.
Desde el Partido Republicano, en tanto, el diputado Benjamín Moreno sostiene que "hay que reformar completamente el estatuto administrativo".
"Tenemos un problema no solo de licencias medicas, sino también de evaluación de desempeño que en la practica no existe.
Tenemos funcionarios inamovibles y un estado absolutamente capturado por la ineficiencia y la ideología política", asegura.
Para el diputado Frank Sauerbaum (RN), "lo primero que hay que hacer es anclar la contratación del sector público al sector privado, justamente para poder financiarla en el largo plazo".
"Si no -señala- se transforma en una mochila pesada para todos los chilenos, porque se sigue contratando de una manera descontrolada, sobre todo en reparticiones como los municipios".
