El Gobierno estadounidense aseguró que planea elevar el viernes el caso ante la Corte Suprema si es que un tribunal federal no suspende de inmediato la decisión de declarar ilegales y bloquear la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.
En una presentación judicial este jueves en Washington, el Departamento de Justicia afirmó que la decisión tomada un día antes por el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos perjudicó la diplomacia del gobierno e interfirió en la autoridad exclusiva del presidente Donald Trump para dirigir los asuntos exteriores.
Solicitó a la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos que suspendiera el fallo mientras el gobierno presentaba una apelación formal.
"A falta de al menos un alivio provisional de este tribunal, Estados Unidos planea buscar ayuda de emergencia de la Corte Suprema mañana", dijo la administración.
El gobierno enfrentó otro revés el jueves cuando un juez federal en Washington emitió un fallo independiente que declaró ilegales varios aranceles de Trump relacionados con el comercio con China y otros países. El juez federal de distrito Rudolph Contreras limitó su decisión a las empresas familiares de fabricación de juguetes que demandaron. También retrasó la entrada en vigor de su orden durante 14 días para permitir que el Departamento de Justicia de Estados Unidos apelara.
Contreras denegó la solicitud del gobierno de trasladar el caso al Tribunal de Comercio Internacional. La impugnación de su decisión se presentaría ante un tribunal de apelaciones diferente, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington D. C.
El gobierno está actuando con rapidez para intentar mantener vigentes los amplios aranceles. El tribunal comercial otorgó a la administración un plazo de 10 días para hacer efectiva su orden. El miércoles, el Departamento de Justicia también solicitó a dicho tribunal que suspendiera su propio fallo, alegando de igual manera las negociaciones en curso.
En un fallo que sorprendió a muchos, un panel de tres jueces del tribunal comercial dictaminó que Trump se excedió en la autoridad que le otorgaba una ley de emergencia de 1977 al imponer sus aranceles globales del "Día de la Liberación" y otros gravámenes de gran alcance. La decisión se dictó en un par de demandas relacionadas, presentadas por un grupo de pequeñas empresas y alrededor de una docena de estados gobernados por los demócratas.
La presentación del jueves de la administración en el litigio ante el tribunal comercial destaca los mismos argumentos que la administración Trump ha presentado a lo largo del caso, incluyendo que los tribunales no pueden cuestionar la decisión del presidente de invocar la ley de emergencia. El gobierno también argumenta que la interpretación de Trump del estatuto debe confirmarse, ya que el tribunal comercial autorizó hace décadas al expresidente Richard Nixon a imponer aranceles de emergencia bajo una ley similar.
Es probable que los demandantes presenten respuestas a la solicitud del gobierno de pausar el fallo.
El fallo del tribunal comercial se aplica al arancel global del 10% de Trump, a sus gravámenes recíprocos mucho más elevados y a los impuestos a China, Canadá y México por el presunto tráfico de fentanilo. Otros aranceles, como los aplicados al acero, el aluminio y los automóviles, se impusieron bajo leyes diferentes y no se vieron afectados por el fallo del miércoles.
A pesar de las afirmaciones del Departamento de Justicia sobre los perjuicios del fallo, los funcionarios de la administración minimizaron en gran medida su importancia el jueves . Expresaron su confianza en que la decisión sería revocada en apelación y afirmaron que el presidente tenía otras facultades arancelarias a su disposición.
