La última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric no cumplió con las expectativas del mundo empresarial, ni tampoco de economistas, quienes criticaron que pese a que el crecimiento económico es "fundamental", no hubo anuncios robustos para impulsar la actividad.

Manifestaron que el discurso tuvo un tono más político que resolutivo y careció de una hoja de ruta clara para enfrentar las urgencias económicas que vive Chile. Los reparos apuntan a una visión "complaciente" del Gobierno sobre temas que aún presentan rezagos significativos.

Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), su presidenta Susana Jiménez sostuvo que "fue una cuenta pública donde primó el contenido político y la descripción de lo que se ha hecho los últimos años, por sobre las definiciones para enfrentar las urgencias sociales y económicas que hoy afectan a los chilenos".

"Frente a un debilitado mercado laboral y una inversión estancada, esperábamos medidas mucho más macizas relacionadas con la creación de empleo, con la mayor certeza y agilización de los proyectos de inversión".

Jiménez insistió en que los obstáculos a la inversión siguen sin resolverse, enfatizando que "si no se interviene realmente el Servicio de Evaluación Ambiental, el Consejo de Monumentos Nacionales y las Direcciones de Obras Municipales en materia de permisos, los avances serán menores".

Y frente a los desafíos fiscales, advirtió que "también se requerían anuncios relacionados con la eficiencia del gasto, la fiscalización para el buen uso de los recursos y el control de la deuda". También apuntó a la necesidad de hacer más" flexible el mercado laboral, permitiendo a los sectores productivos desplegar sus potencialidades, con competitividad tributaria y reglas estables".

En esa línea, lamentó que "se dieron señales que aumentan la incertidumbre, como el cuestionamiento al modelo económico o la insistencia en la negociación ramal, que no considera la realidad diversa de las empresas, afectando sobre todo a las de menor tamaño".

En la misma línea, Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), abordó diversos aspectos del discurso. En materia de seguridad, valoró el impulso a una agenda robusta, pero advirtió que "el levantamiento del secreto bancario debe ser de manera proporcionada, fundada y acotada a casos graves, garantizando al mismo tiempo el respeto por los derechos individuales, la certeza jurídica y la confianza en el sistema financiero".

Asimismo, subrayó que subrayó que "se requiere con urgencia una agenda decidida que permita recuperar la capacidad de crecimiento sostenido del país", llamando al gobierno a "traducir la voluntad de diálogo en medidas concretas para reactivar la inversión, dinamizar la economía y generar empleos de calidad". También llamó a "fomentar activamente la contratación formal, en lugar de introducir nuevas rigideces al mercado laboral" y recordó que "Chile todavía debe recuperar 300.000 empleos para retomar la trayectoria previa a la pandemia".

Por su parte, José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), lamentó que "no se haya hecho referencia clara al rezago legislativo en temas clave para enfrentar la creciente inseguridad que afecta a ciudadanos y al comercio formal". También criticó la omisión de la Política Nacional contra el Comercio Ilícito. "Se trata de un instrumento clave para coordinar acciones urgentes entre policías, municipios, fiscalizadores y sector privado. Su implementación no puede seguir esperando".

Y aunque valoró ciertos avances laborales en torno a la formalidad, remarcó que "es importante decir que han sido las empresas las que han cargado con el costo de estas transformaciones. En solo dos años se han implementado al menos ocho reformas relevantes (...) sin apoyo estatal ni acompañamiento real. Mientras el Gobierno celebra sus logros, quienes generan empleo han debido redoblar esfuerzos para cumplir con nuevas exigencias".

Desde el sector de la construcción, el presidente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, valoró que "reconocer que el crecimiento económico es primordial para mejorar la calidad de vida de todos, es algo que valoramos de la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, sobre todo porque evidencia una madurez respecto de lo que se llama 'habitar el cargo'".

Sin embargo, "echamos de menos el anuncio de medidas concretas para reactivar nuestro sector y perder el temor a una colaboración férrea con el mundo privado". Sobre vivienda, afirmó que "tenemos la convicción que con acuerdos robustos podemos construir más y mejores viviendas para las familias que viven en Chile. Porque aún es insuficiente lo que se construye considerando el enorme déficit habitacional".

Enfatizó que "esperamos que en los meses que restan a este gobierno, se pueda avanzar en los compromisos asumidos logrando una reforma en los permisos sectoriales y, con la misma urgencia, en la institucionalidad ambiental y en el Consejo de Monumentos Nacionales, para destrabar los proyectos que siguen en trámite".

Finalmente, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, valoró las menciones al agro, como el programa Tierras Vivas y los recursos para riego, pero advirtió que "seguimos echando de menos una hoja de ruta clara para abordar los desafíos estructurales que enfrenta el país".

A su juicio, "la Cuenta Pública tuvo un tono más político que resolutivo, en un momento en que Chile necesita señales concretas para reactivar la inversión, mejorar el empleo y fortalecer la seguridad, especialmente en los territorios rurales".

El economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, fue especialmente crítico del diagnóstico que el Mandatario realizó sobre el mercado laboral.

Según dijo a El Mercurio, "la Cuenta Pública perdió la oportunidad de reconocer que existe un problema importante en el mercado laboral chileno. ¿Cómo se va a abordar un problema que no se reconoce como tal? ¿Por qué se adoptarían políticas para enfrentar una situación cuando se tiene una mirada complaciente sobre esta?". Bravo cuestionó además el énfasis en hitos como el alza del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, lo que ha aumentado los costos laborales y puesto trabas a la reducción del desempleo, que llegó a 8,8% en trimestre febrero-abril. "Mencionar el proyecto de negociación por rama en la Cuenta Pública expresa la misma desorientación", advirtió.

"Todo parece indicar que, sorprendentemente, al final de cuatro años de gobierno, no se recuperará la tasa de ocupación prepandemia (para ello se necesitarían al menos 320 mil empleos más que al inicio del gobierno). La contrapartida de no asignar la prioridad al empleo es menos crecimiento, menos ingresos y probablemente mayor pobreza. Habrá que esperar el punto de inflexión".

Desde una perspectiva más macroeconómica, la economista y directora del Centro de Estudios Financieros del ESE, Cecilia Cifuentes, también evaluó la Cuenta Pública como un intento de instalar un legado que no se condice con los resultados.

"Esta, por ser la última, es la Cuenta Pública de lo que sería el legado del Gobierno. En materia económica, en lo esencial, el discurso del Presidente Boric plantea que estaríamos dejando atrás, gracias al Gobierno, complejos años de estancamiento e incertidumbre. Nos encontraríamos en un punto de inflexión, listos para retomar el camino al desarrollo que se había interrumpido en gobiernos anteriores", señaló a El Mercurio.

Sin embargo, afirmó que ese "punto de inflexión" no se habría alcanzado gracias al cumplimiento del programa, sino por su fracaso. "Miremos el vaso medio lleno. Tiene algo de cierto esta mirada, y lo tiene gracias a que el programa de gobierno fracasó en forma estrepitosa. La agenda refundacional parece ahora moribunda, y eso es de las cosas buenas que le pasaron a Chile en el último trienio", sostuvo.

Cifuentes reforzó esta idea al recordar los proyectos emblemáticos del Ejecutivo. "Podemos preguntarnos, por ejemplo, si estaríamos en ese punto de inflexión si se hubiera aprobado la propuesta constitucional de la Convención, que tanto apoyó y defendió el Gobierno, y que era un requisito fundamental de su programa. Sin duda, la implementación de esa nefasta propuesta estaría logrando el decrecimiento que buscaba", agregó.

"Tampoco podríamos hablar de una cartera de proyectos de inversión por ejecutar si se hubiera aprobado la reforma tributaria, que volvía a subir en forma muy significativa los impuestos al capital. Menos proyectar mayor ahorro nacional si la reforma previsional aprobada hubiera sido la que mandó el Gobierno a fines de 2022", agregó.