La discusión por la instalación de un supermercado Unimarc en Zapallar está lejos de concluir. Es que mientras buena parte de los vecinos se siguen mostrando contrarios a la idea, otros advierten que sus argumentos -de superar el proyecto las barreras legales- no son suficientes para impedir la concreción de la iniciativa.
Se vuelve a evocar -de hecho- el término "permisología", que en una de sus caras -se ha advertido- alude justamente a la oposición de comunidades incluso cuando los proyectos han sorteado lo que la institucionalidad les exige para seguir adelante.
Un puñado de vecinos en Zapallar dicen que la iniciativa debe evaluarse "más allá de su legalidad" y que habrá una afectación al comercio local.
¿Permisología?
Es el economista Sebastián Claro -exvicepresidente del consejo del Banco Central- quien en una columna publicada el fin de semana en El Mercurio sigue un razonamiento en esa línea, precisamente en relación con lo que ocurre en Zapallar.
"El debate sobre la llamada 'permisología' (...) tiene dos caras -sostiene-. Por una parte, la obligación de aprobar sendos informes viales, sectoriales y ambientales ha crecido exponencialmente en los últimos años, encareciendo y retrasando muchos proyectos. Pero esa es solo una parte del problema. Quizás tan grave como los costos de los permisos es la incerteza derivada de que, una vez dada la luz verde, puede aparecer alguien que los bloquea".
Agrega, en esa línea, que una "vez que se han cumplido satisfactoriamente todas las etapas, las comunidades no deben tener derecho a vetar los proyectos".
Dice, así, que "si un proyecto de inversión modifica de manera grosera la vida de las comunidades, debe modificarse o alternativamente se debe compensar a quienes se ven negativamente afectados. Pero otra cosa es si lo que domina es el ánimo paralizador para cuidar la idiosincrasia del lugar más allá de lo razonable".
"En este caso -asegura- no hay plano regulador ni consulta ciudadana que sea suficiente. Si todo está en regla y los vecinos quieren genuinamente evitar el proyecto, quizá Coase tenga la solución: los afectados deberían compensar a la cadena supermercadista para no hacer el proyecto, o deberán directamente comprar el terreno para proteger lo que estiman adecuado".
"En algún minuto -concluye sobre este punto- la institucionalidad debe hacer valer los derechos que existen".
Claro además hace una mención aparte sobre quienes "argumentan que la llegada de un supermercado representa 'competencia desleal' con el comercio local. Con ese argumento, cualquier progreso que amenace a los incumbentes -en Zapallar o cualquier otro sitio- debe ser paralizado".
"Debe evaluarse más allá de su legalidad"
En la otra vereda está Antonio Lyon, presidente de la junta de vecinos Bahía de Zapallar, quien se incorporó a un debate que lleva ya algunas cartas en El Mercurio.
Lyon sostiene que no se oponen a la instalación de un supermercado. "Entendemos el beneficio que puede representar para los residentes permanentes -dice-. Sin embargo, el proyecto, que incluye locales comerciales y 30 estacionamientos, se ubicaría frente a Bomberos, cerca de Carabineros y junto al liceo municipal, en un punto clave de ingreso al pueblo".
"Esa ubicación pone en riesgo la operatividad de los servicios de emergencia y la seguridad de peatones, escolares y vecinos, sobre todo en temporada alta", agrega.
"La llegada de una cadena afectará a pequeños comercios locales: panadería, carnicería, la caleta, verdulerías. Aunque vivimos en libre mercado, hoy existen alternativas en la zona y por plataformas online" asegura además.
Por último sostiene que a lo anterior se debe sumar "el impacto ambiental de una obra de esta escala. Estos proyectos deben evaluarse con responsabilidad, más allá de su legalidad, considerando el equilibrio urbano, ambiental y comunitario".
"Discusión lógica"
Para Álvaro Farrú, docente de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, el problema en torno a la discusión está en el hecho de que la normativa permite este tipo de proyectos, como el supermercado.
Esto, dice, "nos obliga a preguntarnos por qué se definen este tipo de normas y qué resguardos deben tomar comunidades como la de Zapallar frente a su propio Plan Regulador y a las autoridades de la comuna, que son quienes las promueven y las aprueban".
La discusión, sostiene de todas formas, es "lógica, y hasta necesaria para plantearla respecto de ciertos entornos tradicionales en términos de su escala, su arquitectura y sus dinámicas de vida".
Por su parte Francisco Godoy, académico de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finis Terrae señala: "El diseño presentado de manera oficial, maneja la escala del pueblo de Zapallar, sus materialidades e identidad, asegurando una integración armónica con el tejido urbano residencial existente".
"Si la regulación existente permite la construcción por uso de suelo y normativa, no deberíamos tener este tipo de discusiones, independiente si es para construir una casa, una biblioteca o un supermercado", indica asimismo.
Por último, dice que "la conversación debe estar centrada en la planificación, la pertinencia del diseño y el respeto a la identidad cultural que los proyectos deberían manejar para sus instalaciones, cosa que en este caso es observable, adecuado y acorde al contexto urbano en el cuál se desarrolla".
