Un duro golpe sufrió la empresa de telecomunicaciones WOM en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Esto, en medio de la disputa que tiene la firma con el Estado de Chile por el retraso en el despliegue de la red 5G.
En julio, la firma decidió escalar el conflicto e inició un procedimiento arbitral ante el Ciadi. Acusó una actuación de "mala fe" del Estado y solicitó que se rechace el alzamiento de la medida prejudicial precautoria con la que se suspendieron los cobros y la ejecución de boletas de garantía.
Y hoy -según consignó el Diario Financiero-
el tribunal decidió desestimar la petición de WOM, aunque se reservó la decisión sobre las costas del proceso para el laudo final.
El fallo permitiría al estado cobrar las boletas de garantía por US$50 millones.
Desde WOM reaccionaron. "Lamentamos la decisión del tribunal arbitral internacional respecto a la medida cautelar solicitada por WOM. El proyecto 5G, actualmente cuenta con más de un 84% desplegado. En este contexto, sería desproporcionado ejecutar las garantías en su totalidad cuando solo resta un pequeño porcentaje del proyecto", señaló la compañía.
Tras ello, la firma llamó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y a las autoridades de Gobierno a "actuar de acuerdo a los principios jurídicos vinculantes establecidos por la Contraloría General de la República para casos de esta naturaleza, esto es, apegarse a los principios de racionalidad y proporcionalidad".
"WOM reafirma su firme compromiso de diálogo con todas las instituciones del Estado chileno, incluida la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a fin de evaluar las condiciones necesarias para completar el despliegue de este importante proyecto dentro del marco institucional", añadió.
La empresa, de todas formas, acusó que la autoridad ha incurrido en cambios "unilaterales" de plazos, lo que ha generado "condiciones que hacen inviable su cumplimiento en los términos actuales".
"La certeza jurídica y regulatoria es fundamental para atraer y mantener inversión extranjera directa en proyectos de infraestructura estratégica. Cambiar las reglas del juego de forma reiterada y en plazos tan breves no solo afecta la viabilidad de proyectos específicos, sino que pone en riesgo la confianza de los inversionistas en el ecosistema chileno", concluyó.
