La Sala de la Cámara de Diputados respaldó por amplia mayoría el informe de la Comisión investigadora sobre el acuerdo entre Codelco y SQM. Así, solicitó dejar sin efectola alianza para explotar litio en el salar de Atacama hasta 2060.
El documento tuvo 96 votos a favor, 2 en contra y 17 abstenciones.
Entre sus principales conclusiones, el informe de la instancia fiscalizadora consideró que este acuerdo "representa un perjuicio gigantesco a las arcas fiscales" del país. Esto, debido a la decisión gubernamental de desechar la realización de una licitación pública, abierta y competitiva a nivel internacional y optar por un trato directo con SQM.
Al respecto, se señala que considerando operaciones de mercado similares, el Estado debió recibir al menos unos US$6.700 millones de dólares en forma inmediata. En cambio, en este trato directo se acordaron utilidades sujetas a las ventas y al precio internacional del litio.
El informe también indicó que existen cuestionamientos fundados respecto a la conveniencia y legalidad del procedimiento utilizado, así como la falta de criterios técnicos y económicos transparentes que respalden la elección de la vía directa.
Asimismo, se consideró que el argumento del posible "valle productivo" -periodo sin producción entre el fin del contrato con SQM en 2030 y la llegada de un nuevo operador- esgrimido para justificar el trato directo, sería “una mentira y una mala fe pública de Corfo, SQM y Codelco” que la comisión investigadora “expresamente condena”.
Según Codelco, de haber avanzando con la licitación, habría al menos un periodo de cinco años en los cuales no habría producción de litio en el salar de Atacama.
En cuanto a recomendaciones y propuestas, el informe aprobado por la Sala solicita dejar sin efecto el acuerdo suscrito para la explotación del litio en el Salar de Atacama y la compra de la mina Salar Blanco, en Maricunga. Añade que el proceso se realizó sin entregar información "clara, oportuna y suficiente" al Congreso y a la ciudadanía, con omisión de detalles esenciales, ausencia de auditorías técnicas y financieras independientes.
Además, plantea ampliar y revisar la consulta indígena, considerada parcial y meramente formal, sin garantizar la participación real de las comunidades afectadas. Igualmente, el informe propone efectuar una licitación internacional, pública, abierta y transparente, que se adjudique a quien presente la mejor oferta social, ambiental y económica para el Estado de Chile.
Se recuerda que el presente acuerdo aún no está cerrado y existe espacio de corrección para repensar la forma en que se va a explotar las pertenencias del fisco ubicadas en la mayor reserva mundial de litio en beneficio del interés público.
