Esta tarde la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto que modifica la entrega de permisos sectoriales y que promete disminuir considerablemente la denominada "permisología". Se trata del principal proyecto que promueve el Gobierno para agilizar la tramitación de los proyectos de inversión.
La iniciativa tuvo un amplio respaldo en su paso por el Congreso. Es que más del 90% de sus artículos fueron aprobados por unanimidad en comisiones.
Pero, ¿Qué implica en estricto rigor la nueva normativa? ¿Qué nuevas instituciones se crean y cómo disminuirán los tiempos?
Las claves del proyecto
El proyecto de permisos sectoriales reduciría de forma importante los tiempos de tramitación de proyectos, y es que hoy la denominada "permisología" es la principal barrera para la inversión en Chile.
En concreto, según información del Ministerio de Economía, para grandes iniciativas de infraestructura o energía la disminución sería de un 30%, mientras que para proyectos de baja complejidad sería de hasta un 70%.
La nueva ley moderniza y estandariza los procesos de más de 380 autorizaciones sectoriales y coordina a 37 organismos públicos pertenecientes a 12 ministerios, eliminando duplicidades y arbitrariedades.
Según se establece, todos los órganos públicos que otorgan permisos deberán respetar plazos máximos definidos por ley, iniciar procedimientos mediante formularios estandarizados y justificar cualquier requerimiento adicional. En caso de incumplimiento, se aplicará el silencio administrativo positivo, es decir, se interpretaría como una resolución favorable para el proyecto en tramitación.
Por otro lado, ya no será posible que un servicio exija como requisito tener otras autorizaciones previas para comenzar una tramitación, salvo que la ley lo indique expresamente, eliminando cuellos de botella innecesarios y permitiendo avanzar en simultáneo.
Asimismo, los permisos de bajo riesgo podrán ser reemplazados por declaraciones juradas o avisos, trasladando el control a una etapa posterior con fiscalización y sanciones en caso de uso malicioso. Esto favorecería especialmente a las empresas de menor tamaño, según la cartera de Economía.
Los permisos de bajo riesgo podrán ser reemplazados por declaraciones juradas o avisos, trasladando el control a una etapa posterior con fiscalización y sanciones en caso de uso malicioso
Se establece además una ventanilla única, que será la única puerta de entrada para solicitudes de permisos sectoriales, ofreciendo trazabilidad, seguimiento en línea, notificaciones, emisión de certificados de silencio administrativo y un canal reservado de denuncias.
Se crea, además, una Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dentro del Ministerio de Economía, con carácter técnico y atribuciones para coordinar, supervisar, asesorar y evaluar el funcionamiento del sistema.
La ley, por último, obliga a todos los servicios públicos a revisar cada tres años sus autorizaciones sectoriales para evaluar su necesidad, proporcionalidad y eficiencia. Además, se establece un Comité Interministerial que coordinará acciones para destrabar inversiones estratégicas.
"Cabe destacar que todos los estándares de protección medioambiental, sanitaria, patrimonial o de seguridad que se revisan en el marco del sistema de evaluación ambiental se mantienen intactos", indicó el Ministerio de Economía.
Las consecuencias que se esperan
La nueva normativa contribuirá con un aumento del PIB de 2,4% en 10 años (equivalente a 0,24 puntos porcentuales por año), según estimaciones del Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial.
Se proyecta, además, una recaudación adicional equivalente a un 0,59% del PIB, gracias a la activación anticipada de proyectos actualmente detenidos por barreras burocráticas.
Desde el Ministerio de Economía, además, esperan que al facilitar la ejecución de obras públicas y privadas, se genere un efecto multiplicador en el empleo, tanto directo como indirecto, en sectores como construcción, comercio, salud y servicios.
"Nosotros siempre dijimos que era posible mejorar los tiempos y era posible avanzar de manera muy sostenida, sin por ello bajar los estándares regulatorios y eso es lo que justamente se ha logrado hoy día", dijo hoy el ministro de Economía, Nicolás Grau.
{USB La polémica en la aprobación}
De todos modos, la aprobación de la iniciativa no estuvo exenta de polémicas. Es que durante la sesión, parlamentarios de la bancada del Partido Socialista hicieron reserva de constitucionalidad.
El diputado Daniel Manouchehri (PS) criticó el rol del Ministerio de Economía, acusándolo de "sacar adelante un proyecto que se hizo en acuerdo con la derecha y que fue aprobado fundamentalmente por los votos de la derecha".
"Este proyecto nos hace pasar de lo que en algún minuto fue la promesa del Gobierno más medioambiental de la historia, más ecologista de la historia, al Gobierno en donde más se ha retrocedido en el cuidado del medioambiente en nuestra historia"
Daniel Manoucheri, diputado PS
"Este proyecto nos hace pasar de lo que en algún minuto fue la promesa del Gobierno más medioambiental de la historia, más ecologista de la historia, al Gobierno en donde más se ha retrocedido en el cuidado del medioambiente en nuestra historia", añadió el parlamentario.
Otros parlamentarios socialistas también se mostraron distantes de la iniciativa del Ejecutivo. "Hoy día es un mal día para Chile, un mal día para las futuras generaciones. El crecimiento y el desarrollo económico no se puede realizar a costa de la salud de las personas", indicó el diputado Daniel Melo (PS).
Grau respondió que "en las votaciones más importantes, que era la de quórum calificado, tuvo aproximadamente unos 100 votos a favor, 30 votos en contra, y lo que por lo tanto implica que tuvo un apoyo transversal. Tuvo también cierto debate, es importante reconocer aquello".
Empresario nueva ley
Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) valoraron la aprobación de la iniciativa. "Permitirá acortar los plazos de tramitación de proyectos de inversión, y con ello, acelerar su materialización, con los consecuentes beneficios en generación de empleo y crecimiento", indicó Susana Jiménez, presidenta de la entidad.
"Este es un primer paso importante y necesario, que nos desafía a seguir trabajando en esta línea. Por ejemplo, que el otorgamiento de permisos para una desaladora -fundamental para las personas y la economía- pase de demorar 8 años a tardar 6 años, es un avance", añadió.
"Refleja que se puede hacer aún más para seguir avanzando en una mayor agilidad en la entrega de autorizaciones por parte de los organismos del Estado y en mayor certeza jurídica para los inversionistas", concluyó.
Por su parte, María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), sostuvo que esta iniciativa "es de vital importancia para el desarrollo y la eficiencia de Chile, ya que reduce la carga administrativa, fomenta la innovación y crea un ambiente favorable para la inversión sostenible".
"La nueva normativa estandariza procesos, establece plazos claros y crea herramientas innovadoras, como la plataforma digital SUPER, que facilitarán la tramitación de proyectos, entregando mayor certeza y agilidad a los emprendedores y empresas que invierten y generan empleo", añadió.
"Permitirá acortar los plazos de tramitación de proyectos de inversión, y con ello, acelerar su materialización, con los consecuentes beneficios en generación de empleo y crecimiento".
Susana Jiménez
A su vez,
José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), manifestó que "es un avance positivo que permitirá reducir de manera sustantiva los tiempos de tramitación, agilizando la puesta en marcha de proyectos que fomentan la inversión y el empleo, impactando sustancialmente en la reactivación económica".
"Sin embargo, este avance solo será real si viene acompañado de medidas administrativas paralelas que eliminen espacios de discrecionalidad y burocracia innecesaria. Necesitamos que el Estado actúe con eficiencia, asegurando que los estándares regulatorios se mantengan, pero que los procesos sean más claros y coordinados. Hoy más que nunca, frente a las cifras de desempleo y la necesidad de inversión, se requiere un Estado que genere certezas para sus ciudadanos y empresas", acotó.
Por último, Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) sostuvo que "hoy se dio un primer paso para reducir los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión en el país, que en el caso de la industria minera, se pueden extender hasta 12 años". Por lo tanto, si bien valoró la nueva ley, afirmó que "todavía queda mucho por hacer".
"Este proyecto excluye la tramitación de permisos ambientales, que son la principal traba para la ejecución de proyectos por su demora en la obtención de permisos. Por lo tanto, hubiésemos esperado que esta instancia legislativa consolidara los diversos proyectos que abordan los temas de permisos y autorizaciones para que la ley fuese efectivamente una ley marco, integral y que cumpliera con el propósito de simplificar y/u homogenizar esta materia", concluyó.
