Alarmas se encendieron en la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), por un proyecto refundido que considera varios cambios para, aseguran los parlamentarios que las impulsan, fortalecer los derechos de los pasajeros aéreos en Chile.
Así lo reflejaron en su presentación ante la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, instancia donde se discute la iniciativa.
Las asociaciones manifestaron su "profunda preocupación por los graves efectos" que, a su juicio, podrían generar las modificaciones legales en la operación y sustentabilidad del transporte aéreo comercial en el país.
La propuesta reúne seis mociones de autoría transversal —desde el Frente Amplio hasta el Partido Nacional Libertario— y contiene, por ejemplo, la iniciativa "Devuélveme mi pasaje", que apunta al derecho a poner término al contrato de transporte aéreo hasta ocho horas antes del vuelo, permitiendo un reembolso de hasta el 85% del valor del pasaje.
También considera la inclusión obligatoria del equipaje de mano sin cobros adicionales, el aumento de indemnizaciones por retrasos o cancelaciones imputables a las aerolíneas, y la creación de una plataforma digital para facilitar el endoso (transferencia) de boletos hasta 24 horas antes del viaje.
Advertencia por alzas de precios y menos acceso
Desde IATA pusieron cifras sobre la mesa para sostener su preocupación. Según expusieron, en 2024 se transportaron más de 28 millones de pasajeros en vuelos domésticos e internacionales en Chile, y la industria emplea a más de 212 mil personas.
"El transporte aéreo ha promovido en los últimos años un continuo aumento en la cantidad de pasajeros y una mayor conectividad del país. Cambiar las condiciones actuales podría generar un aumento en las tarifas, afectando negativamente la demanda, la frecuencia de vuelos y el desarrollo de nuevas rutas", afirmaron ambas asociaciones en una declaración conjunta.
Helen Kouyoumdjian, country manager de IATA en Chile, explicó que algunas de las mociones en trámite implican costos adicionales que afectarán directamente al precio final del pasaje.
"Algunos de los artículos propuestos en estas leyes o en estas iniciativas contemplan condiciones que implican un aumento de costos de operación de las aerolíneas que afectaría a los precios. El retracto hasta 8 horas antes del vuelo no permitiría a esa línea aérea vender ese pasaje", dijo.
Además, advirtió que las tarifas más accesibles del mercado se verían eliminadas. "La tarifa básica se acaba" afirmó, en relación a la propuesta que obliga a incorporar el equipaje de mano como derecho básico. Hoy esa tarifa permite volar solo con un bolso o mochila pequeña, sin otros beneficios.
"Este tipo de tarifa es clave para democratizar el acceso al avión. Si las compañías tienen que incluir el equipaje, se pierde la posibilidad de ofrecer precios más bajos", sostuvo.
Menor conectividad y rutas en riesgo
Otro de los impactos identificados por la industria es la potencial pérdida de conectividad territorial, especialmente en rutas menos rentables o de zonas extremas, donde el margen operativo ya es más ajustado.
Según IATA y Achila, al hacer menos rentable operar ciertas rutas por las nuevas exigencias legales, algunas frecuencias podrían verse reducidas o incluso canceladas.
También alertaron por la obligación de celebrar convenios de embarque con otras aerolíneas frente a vuelos cancelados, lo que consideran inviable en ciertos tramos nacionales o internacionales.
Riesgo de informalidad y pérdida de empleos
Otro punto sensible para las asociaciones es la habilitación de una plataforma de endoso de boletos hasta 24 horas antes del viaje, medida que, según advierten, podría facilitar la existencia de un mercado negro de pasajes.
En ese sentido, aluden que al incentivar la existencia de un mercado negro de pasajes (endoso por plataforma de transferencia hasta 24 horas antes), permitiría que personas con órdenes de detención viajen con pasajes adquiridos por otros.
Desde la industria también anticipan efectos negativos sobre el empleo. En la medida que caiga la demanda —se proyecta una baja de entre 9,26% y 13,8% producto del alza de precios—, se vería afectada la actividad del sector y sus servicios asociados.
En esa línea, advierten, pérdida de dinamismo en la economía al contraerse la demanda y reducirse la conectividad, lo que a su vez, según dicen habría un fuerte impacto en el empleo regional, al mismo tiempo que en sectores como el turismo, el comercio y las pymes.
Con todo, tanto Achila como IATA recalcaron que están de acuerdo con el objetivo de fortalecer los derechos de los pasajeros, pero plantean que estos cambios deben ser evaluados con una mirada sistémica.
"Compartimos el propósito de los autores de los proyectos de democratizar el acceso a este medio de transporte, pero es esencial revisar a fondo las propuestas legislativas para evitar impactos negativos sobre los usuarios —que ya tienen un conjunto de leyes al respecto— y preservar el desarrollo de una industria clave para la conectividad y el desarrollo social y económico del país", concluyeron.
