En medio del debate legislativo en la Cámara de Diputados sobre el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, el Gobierno intenta reinstalar la facultad de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para levantar el secreto bancario sin autorización judicial, una propuesta que había sido rechazada previamente por el Senado.
La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, defendió la iniciativa ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, pero no logró convencer a los representantes de la oposición.
Fue durante la sesión de ayer que Berner sostuvo que la facultad propuesta es excepcional y acotada a tres situaciones específicas, todas originadas en Reportes de Operación Sospechosa (ROS).
"Estamos totalmente de acuerdo que tiene que tener todos los resguardos, y por lo mismo pasamos de una solicitud que era administrativa para todos, a una solicitud excepcional en tres casos con sede administrativa", señaló.
Según explicó, los casos se circunscriben a reportes que provienen de un banco, a operaciones sospechosas vinculadas a funcionarios públicos, y a ROS emitidos respecto de personas jurídicas.
En este último caso, subrayó que no hay afectación de la privacidad, dado que "las personas jurídicas no tienen derecho a la vida privada".
Además, agregó que el control del uso de esta herramienta recaería en el jefe de la unidad de auditoría interna de la UAF, quien debería verificar el cumplimiento de los requisitos legales cada vez que se utilice.
Pese a los intentos del Ejecutivo por dar garantías, el presidente de la comisión y diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, fue categórico en su rechazo. "El alzamiento del secreto bancario es un distractor del gobierno para esconder su falta de estrategia para combatir el crimen organizado. Cada vez que la CMF o la UAF lo solicita, se le autoriza", afirmó a Emol.
En la misma línea, el diputado UDI Henry Leal sostuvo que "el alzamiento del secreto bancario siempre debe ser con una autorización de un juez, de alguien independiente del Poder Judicial".
Aunque dijo estar dispuesto a discutir, remarcó que cualquier avance en esta línea debe "regularse muy bien y circunscribirse solamente a crímenes organizados, a narcotráfico, pero siempre resguardando la privacidad y la integridad de las personas".
Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI), integrante de la comisión, valoró el proyecto en general, pero criticó el enfoque del Ejecutivo.
"El Gobierno se centra en una sola cosa que despierta diferencias políticas: ellos dicen queremos levantar el secreto bancario", cuestionó. A su juicio, "en Chile ya se puede levantar todas las veces que la UAF lo ha pedido, se lo han otorgado los tribunales". Añadió que "la autorización judicial es importante" y que "la polémica, a mi juicio, es falsa. Ya existe y ya funciona".
Alessandri también planteó dudas sobre las garantías institucionales del Estado para asumir este tipo de facultades. "Cuando nos demuestren que el Estado es transparente, independiente, que sus procesos son claros, que no se equivoca, podremos seguir dándole facultades que van contra la privacidad que está establecida en nuestra Constitución".
Desde Renovación Nacional, el diputado Andrés Longton también manifestó reparos a la fórmula propuesta por Hacienda.
"Estamos abiertos a discutirlo, pero la pregunta es ¿por qué vas a hacer una excepción con unos y no con otros?", dijo, apuntando a los riesgos de abrir un precedente. Agregó que "todas las técnicas especiales, investigación y medidas intrusivas tienen una vía judicial y en este caso además tienen un ministro de corte exclusivo para este tipo de situaciones".
Ante las diferencias evidenciadas en la comisión, se resolvió postergar la votación en particular del proyecto para una próxima sesión.
