Los paros de profesores, ya sean nacionales o locales, se han transformado en un foco de intenso debate en el último tiempo, dado el impacto que tienen en la ya deteriorada educación en Chile.
Movilizaciones que, de todas formas, han sido defendidas por el Colegio de Profesores, que en solo 16 meses ha convocado a cinco paralizaciones en todo el territorio nacional. Acusan al Ministerio de Educación de no dar respuestas satisfactorias a sus diversas demandas, que van desde una nueva ley de titularidad que garantice su estabilidad laboral, hasta la suspensión de evaluaciones y reformas a la Carrera Docente para disminuir la sobrecarga laboral.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha asegurado que "no comparte" estos paros. "Las paralizaciones deben ser el último recurso", ha subrayado durante el año. "Perder clases es muy costoso para el país", sostuvo hace un mes, apuntando principalmente a lo que significa para los estudiantes la pérdida de horas de clases.
Pero estas movilizaciones también tienen un costo relevante para el fisco. Y así lo entiende la Contraloría General de la República, liderada por Dorothy Pérez, que en junio ofició a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para que entregaran el detalle de los descuentos aplicados a las remuneraciones de los docentes que participaron en el paro convocado por el gremio el pasado 4 y 5 de junio.
"La ausencia de los servidores públicos de sus labores por adherir voluntariamente a una paralización irregular de actividades implica necesariamente el descuento a sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado, por cuanto esa situación no configura causal que justifique la inasistencia", señaló la Contraloría. Algo que generó la molestia del gremio de profesores, que señaló que hay docentes de distintas regiones del país que ya fueron objeto de descuentos en sus liquidaciones.
La medida tomada por Contraloría es valorada por la organización Escuelas Abiertas, que calculó cuánto le podrían costar al fisco las paralizaciones del primer semestre en establecimientos educacionales con aporte estatal, si es que estos descuentos en las remuneraciones a los profesores que participan de estos paros no se realizaran.
El costo fiscal
Según explicaron desde la organización, para llegar al cálculo se hizo un seguimiento desde el inicio del año escolar, día a día, a través de reportes del Mineduc, información de comunidades educativas y medios de prensa nacional y local, "para identificar la cantidad de niños a los que se les suspendían las clases".
"Una vez terminado el semestre, para hacer el cálculo total de las suspensiones de clases y llevarlas a costo, se toma el presupuesto de subvenciones que reporta la Dipres y se divide en el número de estudiantes que asisten a colegios con financiamiento estatal y en el número de días que tiene el año escolar. De ese modo se obtiene el valor diario por niño, que es el que se multiplica por la cantidad de niños afectados por paros cada día del semestre", detalló.
Según Escuelas Abiertas, en 2024 se registraron 2.859.359 estudiantes de enseñanza básica y media en establecimientos financiados por el Estado, y estimó un valor diario promedio por estudiante de $15.154, por lo que al año el valor por alumno asciende a $2.727.678.
"Esta realidad representa no solo una vulneración al derecho a la educación, sino también una pérdida injustificable de recursos públicos"
María Teresa Romero
.
Con esto en cuenta, de acuerdo con la organización, el valor por día perdido en un colegio con financiamiento estatal promedio, de unos 300 alumnos, sería de aproximadamente $4.546.131. Mientras que un día suspendido en el Instituto Nacional (4.000 alumnos) asciende a $60.615.076.
De esta forma, y considerando los paros nacionales y locales que logró contabilizar, Escuelas Abiertas estima que el costo estatal de las paralizaciones -medido por el pago de subvenciones y sueldos íntegros- ascendería a US$70,4 millones en el primer semestre, "si no son descontados", subrayó.
"Los paros solo perjudican a los niños, sobre todo a los más vulnerables: tenemos peor educación y recursos mal utilizados. Hacemos un llamado a los profesores a terminar con estas prácticas y a la Contraloría General de la República a seguir realizando la excelente gestión de fiscalizar, y a que se utilicen responsablemente los recursos de todos los chilenos", sostuvo la directora de Escuelas Abiertas, María Teresa Romero.
"Esta realidad representa no solo una vulneración al derecho a la educación, sino también una pérdida injustificable de recursos públicos", recalcó. "Usar bien los recursos no significa recortar el presupuesto en educación. Significa, simplemente, que debemos ser responsables con lo que tenemos", agregó.
