El anuncio ayer del ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre el proyecto tributario que presentará el lunes enfocado en empresas de menor tamaño reabrió el debate sobre el impuesto a la renta y las reacciones del mundo político y económico anticipan un camino legislativo cuesta arriba.
La propuesta no solo incluirá beneficios para adultos mayores y ajustes al régimen tributario pyme, sino que también contempla modificar los tramos superiores del impuesto global complementario, lo que implicaría subir la carga tributaria para quienes ganan más de $8,2 millones mensuales.
"Este conjunto de beneficios tiene un costo anual cercano a los US$1.000 millones", dijo Marcel, quien explicó que dicho monto se compensará con ajustes en tres ámbitos, entre ellos los tramos superiores del impuesto global complementario.
"Lo cual significa una tasa marginal máxima de 40% para rentas superiores a las 150 UTA anuales", precisó el titular de Hacienda. Según detalló, esta modificación afectaría únicamente a contribuyentes con rentas mensuales sobre los $8,2 millones.
El nuevo diseño implica volver al esquema anterior a la reforma tributaria de 2014, que había bajado la tasa marginal de 40% a 35% para ingresos de 150 UTA.
En tanto, el gobierno de Sebastián Piñera en su segundo mandato subió esa tasa al 40% para ingresos superiores a 310 UTA, es decir, sobre los $21 millones mensuales. La propuesta actual busca acortar ese umbral.
"Mala idea"
La economista Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE, señaló a Emol que "hay poco espacio para hacer esta reforma en este minuto. De partida, a mí no me gusta la reforma. Yo creo que hay que hacer una cosa totalmente distinta en materia tributaria".
A su juicio, la reforma propuesta profundiza un sistema tributario que "castiga el crecimiento de la empresa". Cifuentes criticó que se siga apostando por regímenes especiales para pymes, y sostuvo que lo ideal sería "eliminar todos estos regímenes pymes que lo único que hacen es ponerle un impuesto enorme al crecimiento de la empresa".
Sobre la propuesta de volver a las tasas del impuesto global complementario anteriores a 2014, la economista advirtió que "eso es un error porque como ahora el sistema es semi-integrado, eso significa tener tasas bastante más altas a la renta máxima de lo que había antes".
Y agregó que "ya son muy pocas personas las que pagan la totalidad de impuesto a la renta en Chile, seguir profundizando esa situación lo único que incentiva es que las personas cambien su domicilio tributario".
En tanto, Juan Alberto Pizarro, presidente de la comisión tributaria del Colegio de Contadores, sostuvo a El Mercurio que "revivir alzas en el global complementario para compensar la recaudación de un proyecto de difuso impacto en el crecimiento constituye una mala idea".
A su juicio, el problema no son las tasas altas, sino la "base amplia de exención del impuesto global complementario".
"No hay espacio"
Desde la oposición, hubo un "portazo" a la idea. El diputado Frank Sauerbaum (RN) de la comisión de Hacienda advirtió a Emol que "hoy no hay espacio para aumentar la carga tributaria, igual que en marzo 2023, cuando el Congreso rechazó la misma idea. El país está en un contexto de bajo crecimiento, trabas a la inversión y bajísima creación de empleo".
Y añadió que "cualquier medida de aumento de impuestos no contará con mi apoyo", aunque valoró la idea de facilitar el acceso al régimen transparente para pymes, al considerarlo "un paso en la dirección correcta para combatir la informalidad".
Su par de la UDI, Felipe Donoso, también integrante de la comisión de Hacienda, se mostró tajante: "No estamos disponibles para avanzar en nada que contenga nuevas alzas impositivas, el gobierno debe enfocarse en el crecimiento económico y ello le dará mayor recaudación".
Desde el mismo sector, el diputado Miguel Mellado (RN) acusó al Gobierno de querer "subir tasas a los profesionales exitosos en Chile".
Y añadió que "Marcel quiere llevar a las pymes integradas a una tasa superior y promover que el 90% de las pymes se vayan al fracasado régimen atribuido de Bachelet II, cuando hoy el 70% de las empresas están en régimen integrado".
También de esa comisión, el diputado Ricardo Cifuentes (DC) fue más cauteloso y señaló que "es difícil pronunciarse respecto de un proyecto de esta envergadura sin conocer el detalle".
No obstante, advirtió que "introducir un proyecto de esta envergadura en esta etapa legislativa es complejo", recordando que se aproxima el debate presupuestario de 2026 y la primera vuelta presidencial y parlamentaria.
