La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) salió al paso de las críticas con las que fue recibida la nueva normativa que entró en vigencia el 1 de agosto, la cual invalida el uso de la reconocida tarjeta física de coordenadas como instrumento para confirmar transacciones bancarias.
Se trata de una disposición que se enmarca en las modificaciones de la ley que incorporó una serie de medidas para "combatir el sobreendeudamiento", y que estableció cuál es el régimen de responsabilidad de los titulares de tarjetas en caso de extravío, hurto, robo y fraude.
Así, dentro de ese conjunto de medidas, se incluyó la eliminación del "uso de mecanismos que incorporen conjuntos de datos impresos, utilizados para la autenticación", como la tarjeta de coordenadas, con el objetivo de elevar los niveles de seguridad en transacciones.
La norma, sin embargo, ha sido ampliamente cuestionada por focalizar todas las medidas de autenticación en el ámbito digital, lo que provocaría sobre todo dificultades para adultos mayores. "Una vez más el sistema se olvida de las personas mayores y la inclusión digital queda en los discursos, pero no en la práctica", manifestó Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor UC, en una carta a El Mercurio.
Ante esto, por medio de una declaración, Daniel García, director general de Supervisión de Conducta de Mercado de la CMF, explicó que "el objetivo de la normativa es mejorar los estándares de seguridad mediante los cuales las instituciones financieras identifican a sus clientes, por ejemplo, reforzando de manera particular la seguridad en las transferencias de fondos y en la incorporación o modificación de datos personales".
"Estos cambios sitúan a Chile en línea con los estándares internacionales vigentes sobre la materia, y permiten prevenir de mejor manera los fraudes", afirmó.
Dicho eso, sostuvo que la CMF está monitoreando que "las instituciones financieras implementen todas las medidas necesarias para garantizar a sus clientes y usuarios el acceso permanente y continuo a sus productos y servicios financieros".
"Por lo anterior, hemos requerido información respecto de cómo las entidades han informado la implementación de estos cambios a sus clientes, de manera que las personas puedan seguir utilizándolos de manera segura y confiable", agregó, y subrayó que las instituciones financieras deben "resguardar la continuidad de los servicios a sus clientes y, asimismo, mantenerlos informados respecto a la implementación de los ajustes que generen cambios en la forma como operan habitualmente sus productos financieros".
A propósito, ayer, también en una carta a El Mercurio, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), José Manuel Mena, planteó que la norma en cuestión debiera ser modificada, pues "la regulación debiera aspirar a equilibrar la seguridad en los medios de pago con la experiencia y el acceso a de los clientes, razón por la cual, y considerando el dinamismo propio del marco normativo, esperamos que se avance hacia ajustes que otorguen mayores flexibilidad".
