El mega apagón del 25 de febrero que afectó a 19 millones de personas desde Arica a Los Lagos abrió una nueva polémica, que involucra al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y a los fondos públicos que están a su disposición.
Es que otra institución -la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)- formuló cargos contra la CEN y ocho empresas por su responsabilidad en el evento de febrero, tras una investigación técnica y jurídica.
En concreto, esta institución apunta a que el CEN operó el sistema en condiciones inseguras, exponiendo al país a un alto riesgo de inestabilidad. Además, señala que se detectaron fallas graves en la respuesta y coordinación del sistema ante la contingencia.
La investigación sigue en curso, pero el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional arriesga altas multas. En concreto cada consejero se expone a una sanción de 30 UTA, lo que equivale a un monto superior a los $24 millones.
La cifras debe salir del propio bolsillo de los involucrados; pero es justamente ahí donde radica la polémica.
¿Seguro con fondos públicos?
A través de un oficio enviado algunos días, la Comisión Nacional de Energía (CNE) solicitó al Coordinador Eléctrico detalles exhaustivos sobre las pólizas de seguros de responsabilidad civil contratadas por el CEN para cubrir a sus directores y ejecutivos.
Estas pólizas son contratos de seguro que cubren los daños o perjuicios que una persona o empresa (el asegurado) pueda causar a terceros, ya sea por acciones u omisiones, en el desarrollo de sus actividades personales o profesionales.
La semana pasada El Mostrador publicó que el CEN habría contratado -con los fondos de la entidad, que se financian con el cargo por servicio público que se cobra en las cuentas de electricidad- estos seguros para los consejeros, con lo cual de haber sanciones por el apagón la aseguradora se haría cargo, lo que generó una serie de críticas.
"Es inaceptable que las familias paguen las multas del
Coordinador Eléctrico", criticó la diputada Ana María Gazmuri en su cuenta de X. "No basta con que paguemos sus millonarios sueldos, sino que además un seguro 'contra multas' de la SEC", agregó.
Esta tarde -a las 17:30- varios diputados solicitarán al ministro de Energía, Diego Pardow, tomar medidas por la posibilidad de que eventuales multas al CEN terminen "siendo cargadas a las cuentas de luz de las familias chilenas".
Entre ellos está el diputado Jaime Araya (Ind-PPD), quien explicó a Emol que "si se confirma la información, estoy revisando la posibilidad de presentar querellas por eventuales delitos que podrían configurarse, porque si los seguros se pagaron con fondos públicos, aquello podría constituir malversación de caudales públicos, aplicación pública diferente, incluso algunas modalidades de estafa".
"Si se confirma la información, estoy revisando la posibilidad de presentar querellas por eventuales delitos que podrían configurarse"
Jaime Araya, diputado Ind-PPD
"Esto es muy delicado porque en caso de confirmase es un ejemplo de manual de fraude a la ley, esto sería un terremoto en la institucional", añadió.
"La remoción inmediata de todos los implicados -concluyó- sería la única señal posible (de) que esto no cuenta con el acuerdo del Gobierno".
La diputada Marlene Pérez (Ind-UDI), indicó por su parte que "el Coordinador Eléctrico Nacional tiene que ser lo suficientemente transparente para aclarar esta información que ha surgido en los últimos días y que da a entender que, eventualmente, son los propios clientes los que están financiando un seguro de responsabilidad civil para sus consejeros".
"Sería el colmo, considerando también que hace poco nos enteremos que la CNE autorizó que sean los mismos usuarios quienes financien las compensaciones que por ley deben cubrir las compañías", añadió.
"Es ilegal"
El abogado y doctor en derecho Óscar Olivares sostuvo sobre la eventual contratación del seguro que "dicha práctica resulta ilegal, porque si bien, el artículo 212-9, de la LGSE, obliga al Coordinador a proporcionarle defensa jurídica a los Consejeros, lo cierto es que la responsabilidad civil de estos últimos es de carácter personal".
"No puede comprometerse el financiamiento público para fines individuales", añade.
"Además -dice- no debemos olvidar que el Coordinador y los consejeros para efectos penales son considerados empleados públicos, por lo que en caso de comprobarse la contratación de pólizas en su beneficio con las cuentas de electricidad pagadas por los usuarios, dicha conducta constituye delito de fraude y exacción ilegal, sancionado con pena privativa de libertad e inhabilidad para desempeñar tales funciones".
"Por último, una acción de esta naturaleza configura responsabilidad infraccional por hecho propio, debiendo el Coordinador y los Consejeros ser inmediatamente removidos de sus cargos", sostiene.
El Coordinador Eléctrico en tanto debe responder al oficio, lo que ocurriría el jueves según fuentes consultadas por Emol.
