La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha vivido días difíciles. En apenas dos semanas, al menos tres complejos frentes se le han abierto al organismo y ha recibido cuestionamientos por medidas que ha debido aplazar debido a la intensa presión
Para los expertos, el patrón preocupa: si bien algunos valoran la capacidad de corregir, otros ven señales de improvisación y falta de evaluación del impacto regulatorio.
"Uno tiene que anticiparse y hacer todas las preguntas, esa es la pega. Tienen que levantar información y anticiparse a las preguntas que correspondan", comentó a El Mercurio una fuente familiarizada con el rol normativo del organismo.
Para la CMF, en cambio, los próximos meses serán importantes para recuperar terreno y evitar que estos tropiezos erosionen su autoridad como regulador clave del sistema financiero chileno.
El caso del feriado bancario
Una de las polémicas es la eliminación del feriado bancario del 31 de diciembre, una medida que la CMF interpretó como obligatoria en el marco de la Ley Fintech.
El anuncio inicial se hizo a comienzos de diciembre del año pasado, a pocas semanas de la fecha, pero la decisión se revirtió al día siguiente: el regulador "precisó" que era necesario dictar una norma específica y aplazó su aplicación un año.
La norma definitiva se publicó la semana pasada, pero los sindicatos no han bajado la guardia. Desde la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero ya advirtieron que planean convocar a una "gran paralización" antes de fin de año.
"No hay respuestas", acusan, pese a las reuniones con autoridades.
La semana pasada, funcionarios de BancoEstado, la Confederación Nacional de Sindicatos de la Rama Bancaria (Conaban, dependiente de la CUT) y la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero protestaron frente al Ministerio de Hacienda.
Según su comunicado, la acción fue "un llamado a la unidad y la defensa de los derechos laborales en el sector bancario con más movilización, no descartando comenzar la preparación para la paralización del sector de ser necesario".
La marcha atrás con las tarjetas de coordenadas
El 7 de agosto, la CMF anunció que postergaba un año la eliminación de las tarjetas de coordenadas, fijando su entrada en vigor para el 1 de agosto de 2026.
La medida, publicada inicialmente el 17 de junio, buscaba "elevar los estándares de seguridad mediante los cuales las instituciones financieras identifican a sus clientes, con el objetivo de disminuir los riesgos de fraudes en las transacciones electrónicas".
"Esta decisión busca que los emisores de medios de pago puedan contar con un mayor plazo para implementar la transición de sus usuarios hacia sistemas más robustos de autenticación, en especial para aquellos grupos de personas más intensivos en el uso de medios impresos, como lo son las tarjetas de coordenadas", explicó el regulador.
"El avance hacia nuevos métodos de autenticación, distintos de las tarjetas de coordenadas, tiene como objetivo que las personas accedan a sistemas más confiables, de manera de estar más protegidos ante fraudes", dijo también la entidad, defendiendo que "estos cambios sitúan a Chile en línea con los estándares internacionales vigentes sobre la materia, y permiten prevenir de mejor manera los fraudes".
Sin embargo, las críticas persistieron, con foco en las dificultades de adaptación de los adultos mayores.
Fuentes de la industria bancaria señalaron a El Mercurio que en el proceso de consulta se hicieron advertencias y se propusieron excepciones similares a las europeas —como eximir transacciones menores a $30.000 o operaciones habituales con el mismo destinatario—, pero la información sobre los comentarios no es pública.
Para Luis Alberto Aninat, socio de Aninat Abogados, "la implementación de cambios interpretativos siempre presenta dificultades".
"La noticia debiese ser recibida como una señal de prudencia y una manifestación concreta de que la CMF adopta decisiones como esta escuchando los requerimientos del mercado, que naturalmente sería conveniente que recabara antes de publicar una norma que contenga un cambio interpretativo", dijo a El Mercurio.
La batalla judicial con la banca
Otro de los frentes estalló el 6 de agosto, cuando nueve bancos —Bice, de Chile, Consorcio, BCI, Internacional, Ripley, Santander, Scotiabank y Security— junto con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif) interpusieron un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra la CMF.
La acción impugna la Circular N° 2.364, emitida el 26 de junio de 2025, que modifica el Capítulo 12-12 de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN) y prohíbe a las instituciones otorgar créditos a sus directores, apoderados generales, cónyuges, convivientes, hijos menores y sociedades donde estos tengan participación directa o indirecta.
En su presentación, los bancos acusaron que la CMF recién el 28 de julio otorgó un año de plazo para implementar los cambios, lo que consideran prueba de "improvisación" y falta de previsión de los efectos reales.
Alegan que no se cumplió la obligación legal de evaluar el impacto de la regulación antes de dictarla.
Patrocinados por el abogado Arturo Fermandois, los demandantes afirmaron a La Tercera: "La CMF excedió sus competencias interpretando la norma en forma abusiva y contradictoria".
Y agregaron: "Nadie discute aquí que la CMF goza de potestades interpretativas, pero interpretar es determinar el sentido y alcance de una norma, con fidelidad a la misma, y no cambiar el sentido y alcance del precepto en cuestión, enmendando al propio legislador. Máxime cuando los resultados de tal ejercicio violan las propias normas de interpretación jurídica y se causa un daño irreparable a los afectados".
El escrito también advierte que "prohibir el crédito aguas abajo podría afectar derechos constitucionales como la libre iniciativa económica y el derecho de propiedad".
