El Ministerio de Salud y las grandes empresas de alimentos se encuentran en una disputa judicial. Es que desde abril de este año un decreto emanado desde el Ejecutivo obliga a que los productos que cuentan con tres sellos "alto en" lleven un mensaje adicional: "Evita su consumo".
La disposición -emitida en octubre del año pasado- no solo mandata a que el mensaje esté inserto en los envoltorios de los productos, sino que también apunta a su aplicación obligatoria en todos los medios de comunicación masivos, incluyendo televisión, radio, prensa, vía pública e internet.
"La infracción de cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente decreto será sancionada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva en conformidad al Libro X del Código Sanitario", dice el documento del Gobierno.
El detalle de la disputa
Tras la emanación del decreto -según recogió La Tercera- Carozzi, Unilever, Nestlé, Tres Montes e Ideal acudieron a la Corte de Apelaciones, con el objetivo de revertir las disposiciones.
Luego, se sumarían otras firmas y gremios, como la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, la Asociación Nacional de Industriales de Cecinas, la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras, Embotelladoras Chilenas Unidas —filial de CCU— y Eckard Alimentos.
El medio citado siguió los alegatos que se realizaron la semana pasada y que tienen al fallo en etapa de redacción.
En específico, las empresas acusan al ministerio de vulnerar derechos como el de desarrollar actividades económicas lícitas y el de propiedad. Aseguran que la ministra Ximena Aguilera excedió sus atribuciones y que la medida afectará directamente sus ventas. También denuncian un trato desigual, pues se estaría equiparando los alimentos con sellos "alto en" a productos como cigarrillos o alcohol.
"El Estado está imponiendo una medida que no solo no logra los fines que la sustentan (promover hábitos saludables) sino que además obliga a los productores y vendedores a incorporar un mensaje que tendrá efecto directo en sus ventas, en cuanto pretende evitar el consumo de los productos que se ofertan", explicaron Carozzi y Nestlé en sus escritos.
Tres Montes, en tanto, sostuvo que "el nuevo mensaje establecido por el Decreto Supremo que se impugna desinforma a la población respecto de la aptitud para el consumo de ciertos alimentos y atemoriza y confunde a los potenciales consumidores, sugiriendo una peligrosidad que tales alimentos no tienen".
Unilever -según recogió La Tercera- advirtió que la disposición generará una merma considerable en sus ventas y afectará el valor de sus marcas. La firma agregó que, debido a "los términos en los que fue redactado el mensaje por la autoridad, el público asociará su mero consumo a posibles efectos nocivos para la salud, lo cual no solo falta a la verdad sino que implica la utilización de una prerrogativa legal, por parte de la autoridad, fuera de los límites establecidos por la ley".
Ideal también alegó un efecto negativo para sus marcas: "Los consumidores vincularán los productos de la empresa que cuenten con el mensaje (...) como productos dañinos para la salud, no en vano la autoridad sanitaria llama a evitar su consumo, afectando su adquisición. Ello genera un daño posiblemente irreparable".
Otros gremios denunciaron discriminación. La Asociación Nacional de Industriales de Cecinas sostuvo que competidores extranjeros podrían publicitar en redes sociales sin advertencias, mientras la Asociación Gremial de Industrias Proveedoras recalcó que locales de comida rápida o pastelerías no están sujetos a estas reglas, pese a ofrecer productos incluso menos saludables.
El Minsal, por su parte, defendió la norma. "Resulta esencial avanzar hacia una regulación más robusta del marketing de alimentos, que proteja a toda la población, aumente la percepción del riesgo asociado al consumo de productos no saludables y garantice un entorno alimentario más sano para todos", señaló.
