La ley que reduce la "permisología" está lista para ser promulgado. Es que el Tribunal Constitucional (TC) determinó que se ajusta a la normativa de la Constitución vigente.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo busca avanzar en simplificar la obtención de permisos, lo que permitirá entregar mayores certezas a los proyectos de inversión, sin comprometer los estándares regulatorios ni disminuir las exigencias ambientales y técnicas vigentes.
La revisión del TC era un proceso clave. Esto, porque la iniciativa contiene normas propias de ley orgánica constitucional. Superada esta etapa, el Congreso aún debe remitir el oficio correspondiente y a partir de ese momento comenzará a correr el plazo de 10 días para la promulgación de la ley.
Posteriormente, deberá tomar razón la Contraloría General de la República (CGR) y, una vez cumplido este acto, se abre un nuevo plazo de 5 días para su publicación en el Diario Oficial, gestión que recae en la cartera de Economía.
"El Tribunal Constitucional terminó de revisar el proyecto de permisos sectoriales, el cual ahora queda en condiciones para ser promulgado y publicado", dijo el ministro de Economía, Álvaro García.
"El Tribunal Constitucional terminó de revisar el proyecto de permisos sectoriales, el cual ahora queda en condiciones para ser promulgado y publicado"
Álvaro García, ministro de Economía
"Estamos preparados para esta nueva etapa que viene que es la implementación de la normativa, estamos adelantando trabajo para cumplir con nuestro objetivo de que la Ley de permisos quede totalmente operativa durante este gobierno para potenciar el impulso a la inversión, pilar fundamental del crecimiento", destacó asimismo.
El proyecto, que ingresó al Congreso en enero de 2024, es una reforma estructural que moderniza el aparato público, al reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, simplificando y modernizando los procesos administrativos.
Entre las principales modificaciones que introduce el proyecto se encuentran un conjunto de reglas comunes para todos los permisos sectoriales; el reemplazo de permisos de bajo riesgo por declaraciones juradas o avisos; la creación de una Ventanilla Única Digital; y la creación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dentro del Ministerio de Economía, encargada de coordinar, monitorear, asesorar y operar el sistema.
