El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha puesto bajo la lupa al mercado de los criptoactivos, intensificando la fiscalización de quienes operan con estas monedas digitales.
De acuerdo a un comunicado del servicio, la institución ha detectado que, pese a la obligación legal vigente, algunos contribuyentes obtienen ingresos por este tipo de activos sin incluirlos en sus declaraciones anuales de renta.
Hasta ahora,
el SII ha concluido 13 procesos de revisión, los que permitieron recuperar cerca de US$5 millones en impuestos.
Los casos se vinculan principalmente a personas que reciben pagos en criptomonedas por servicios prestados y no los informan al fisco, así como a contribuyentes que no pudieron justificar los costos asociados a sus transacciones digitales.
Para detectar estas irregularidades, el organismo utilizó distintas fuentes de información, como las declaraciones juradas (DJ) 1891 entregadas por proveedores de servicios de criptoactivos, las propias declaraciones de renta de los contribuyentes, el registro de importaciones de equipos para minería digital y antecedentes disponibles públicamente.
Gracias al cruce de datos, se identificaron proveedores de minería, plataformas de intercambio informales, influencers del rubro y contribuyentes que perciben ingresos en criptomonedas, pero que no los reportan en el Formulario 22.
"En estos casos, emitimos las liquidaciones correspondientes a las diferencias de impuestos detectadas luego de verificar, mediante el uso de big data y la revisión de distintos exchange, que se trataba de contribuyentes que contaban efectivamente con billeteras de criptomonedas y, de esta forma, avanzar en la identificación del origen de los recursos mediante los cuales se adquirieron estos activos digitales", señaló a ese medio la directora (s) del SII, Carolina Saravia.
En paralelo, el SII ha emitido recientemente dos resoluciones para reforzar la cooperación internacional y el intercambio de información.
Las resoluciones buscan posibilitar el intercambio automático de información sobre criptoactivos con otras administraciones tributarias, mediante el Crypto Asset Reporting Framework (CARF); además de contar con la información de contribuyentes chilenos con inversiones en estos activos digitales.