"Sé lo que estoy diciendo y es muy impopular", sostuvo el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, al reabrir un debate que incomoda al mundo político y que es especialmente sensible en medio de la carrera presidencial: la posibilidad de iniciar un proceso de regularización para inmigrantes.
Se estima que son cientos de miles los inmigrantes ilegales que se encuentran en Chile y, para el agro, ordenar esta situación sería relevante para poder traer mayor mano de obra a los campos. "No tenemos la fuerza laboral agrícola nacional para realizar todas las labores que demanda la agricultura", señaló ayer Walker en su comentada entrevista a radio Pauta.
"La única medida realista que tenemos es iniciar un proceso de regularización de gente que le aporta al país. Estamos hablando incluso de muchos profesionales", afirmó.
Rápidamente, algunos candidatos a la presidencia salieron a fijar posturas frente a los dichos de Walker. José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano, valoró la necesidad de apoyar al agro, pero cuestionó el camino planteado por el líder gremial.
"Entendemos la preocupación de los agricultores: necesitan trabajadores y el sistema de visas laborales y temporales es algo que hay que revisar y mejorar. Pero la solución no puede ser regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales. Chile no resiste más improvisaciones en materia migratoria, ni empadronamientos ni regularizaciones masivas", manifestó.
"Tenemos barrios tomados, servicios de salud colapsados, delincuencia disparada y un Estado incapaz de hacerse cargo. A Chile se entra por la puerta, de manera legal, no por la ventana", subrayó.
Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), también rechazó lo planteado por el líder de la SNA. "No estamos poniendo en duda necesariamente a los temporeros que llegan de Bolivia a ayudar en la cosecha, pero nosotros no vamos a regularizar a gente que entró ilegalmente a Chile. Esa gente se va a ir de Chile. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a seguir cargándole la mano a la gente humilde de nuestro país, que es la que termina pagando el costo de la inmigración ilegal".
"No habrá inmigración ilegal premiada en Chile y la gente que ha entrado ilegalmente a Chile se va a ir legalmente de Chile", afirmó. “Si la SNA pretende cambiar esto, entonces tienen que hacerse cargo de los costos sociales también. Porque aquí lo que están proponiendo es privatizar beneficios y socializar costos, y eso no va a suceder con nuestro gobierno", agregó.
El tema ya había sido una pregunta obligada durante el debate presidencial del pasado 10 de septiembre. Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo, afirmó que en aquella instancia que se trata de una situación que no es fácil de afrontar y sostuvo que “hay gente que ha venido a delinquir y hay gente que ha venido a trabajar”.
"Hay que empadronarlos, lo otro es cerrar los ojos a la realidad", manifestó, junto con señalar que se deben "fortalecer las fronteras".
En el mismo debate, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, no habló de regularizar, sino más bien de la necesidad de expulsar a personas. "Vamos a expulsar a 10 mil (inmigrantes) que ya tienen orden de expulsión", junto con instalar 140 cámaras para ubicar a quienes han detectados, echar del país a otros 3 mil migrantes que están en cárceles para que terminen de cumplir las penas en su país y cerrar la frontera.
Harold Mayne- Nicholls cree que la inmigración es un tema que hay que regularizar. “El Estado lo tiene que hacer y aquellos que no se sometan tendríamos que pedirles que abandonen el país (...) De alguna manera tenemos que tener claro quiénes están en nuestro país”, dijo en dicho debate.
“Efecto llamado”
Desde el Congreso también abordaron las palabras del presidente de la SNA. El diputado José Miguel Castro (RN) criticó la propuesta y sostuvo que "la necesidad de mano de obra no puede ser una excusa para regularizar".
"El extranjero debe entrar por la puerta ancha. Si empezamos a regularizar simplemente porque nos falta mano de obra, lo que vamos a hacer es un efecto llamada, obviamente", subrayó.
Una visión distinta expresó la senadora Ximena Rincón, presidenta de Demócratas, quien destacó la importancia de los migrantes en la producción agrícola. "Aquí lo importante es que todo aquel migrante que quiere trabajar en nuestro país tiene que, obviamente, tener su situación de visa al día. Tenemos que ver los mecanismos para regularizarla y que, obviamente, no esté reñido con ningún tipo de delito o situación poco clara", aseveró.
La legisladora agregó que "hay países que son ejemplos en esta materia. Australia, sin ir más lejos, y creo que hay que recoger las buenas prácticas. La migración en el campo es fundamental porque hay trabajos que nuestros ciudadanos ya no quieren hacer, y lo han hecho, tradicionalmente, extranjeros que vienen por un periodo determinado a trabajar en el mundo agrícola".
Más crítico fue el diputado Rubén Oyarzo (Partido Radical), presidente de la Comisión de Gobierno Interior, quien acusó un trasfondo económico en la propuesta de Walker. "No podemos permitirnos dar señales equivocadas de que a Chile se puede ingresar de manera irregular y que eso no tendría consecuencia", advirtió.
El legislador afirmó que la iniciativa "lo que busca es solo precarizar el trabajo con mano de obra barata".
"No hay aprecio del mundo político por la agricultura"
La regularización de inmigrantes en Chile no es el único tema que ha cruzado opiniones entre el agro y el mundo político en los últimos días. En entrevista con El Mercurio, el fundador de San Clemente, una de las mayores exportadoras frutícolas del país, manifestó que "no hay un aprecio del mundo político por la agricultura, que es el principal empleador del país".
"El mundo político no considera al mundo agrícola dentro de sus prioridades. El mundo agrícola es el mayor aportante al PIB del Chile. Tenemos 800.000 personas permanentes, un millón de personas de trabajos terciarios, movemos al país, los camioneros, las cajas de cartón, los pesticidas, pero hoy a nadie le interesa", añadió.
Consultado por Emol, Walker, de la SNA, coincidió. "En Perú el mundo político confió, está apostando a la agricultura. ¿Qué hizo? Promulgó la ley agraria que bajan los impuestos de un 29,5% a un 15%. Esa ley ya se promulgó hace dos semanas. Y los medianos y los chicos no pagan impuestos hasta el 2036. Y también Perú hizo una inversión en irrigación de US$23 mil millones para regar un millón más de hectáreas", afirmó.
Walker remarcó que "Perú va a quedar regando 2,6 millones de hectáreas, y Chile va a quedar regando 900 mil hectáreas. Entonces, pregunta, ¿qué está viendo Perú que no está viendo Chile? Perú lo que está viendo es lo intensivo que hay en mano de obra la agricultura y la tremenda cantidad de divisas que le entran a Perú gracias a las exportaciones, y por eso la inversión que hace en infraestructura".
En la misma línea, Víctor Catán, presidente de Fedefruta, reconoció que "la fruticultura y la agricultura en Chile pueden entregarle mucho más al país de lo que hoy le entregan, pero para ello necesita tener políticas claras y eficientes, tal como lo ha hecho nuestro competidor directo hoy día, que es Perú". En ese sentido, planteó que "el Ministerio de Agricultura debería tener un asiento en el Comité Político de todos los gobiernos".
