Los cierres del gobierno estadounidense se han vuelto tan comunes en las últimas décadas que cada agencia federal tiene un libro de jugadas sobre cómo llevarlos a cabo.
Pero la administración Trump está reescribiendo rápidamente esos planes antes de que finalice el año fiscal el martes, lo que hace que un posible cierre sea aún más impredecible -y potencialmente perturbador- que cualquier otro que se recuerde.
Los cierres del Gobierno tienen todos la misma causa: el Congreso no aprueba nuevos gastos cuando expiran los proyectos de ley de gastos anteriores. Pero su impacto puede variar en función del momento, la duración y las peculiaridades del proceso presupuestario que pueden hacer que el dinero esté disponible para algunas agencias pero no para otras.
Un cierre esta semana sería probablemente más grave que la mayoría. Sería el primero desde la administración Obama que se iniciara en un año, trimestre o mes fiscal. El Congreso no ha aprobado ninguno de los 12 proyectos de ley de asignaciones que financian agencias específicas.
Y el presidente Donald Trump está aumentando la presión amenazando con despedir permanentemente –en lugar de suspender temporalmente– a los trabajadores federales no esenciales cuyos puestos no tengan financiación.
Sumándose a la incertidumbre: la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca ordenó el miércoles a las agencias que revisen sus planes de contingencia de cierre para especificar qué trabajadores serán despedidos durante un cierre. Las agencias dicen que no pueden publicar esos planes hasta que la OMB les dé el visto bueno, y hasta el sábado por la mañana los detalles eran escasos.
Por ley, las actividades esenciales para proteger la vida y la propiedad continúan. Entre ellas se incluyen las operaciones militares, la aplicación de la ley y las inspecciones alimentarias.
El presidente debe seguir desempeñando sus responsabilidades constitucionales. Así que gran parte de la Casa Blanca, la Oficina del Abogado Perdonador y el Representante Comercial de EEUU permanecen abiertos. Los funcionarios federales de alto rango confirmados por el Senado siempre están exentos del furlough –pero podrían quedarse sin personal. Los miembros del Congreso también deben cobrar en virtud de la 27ª Enmienda de la Constitución.
Y varias entidades –incluidas la Reserva Federal y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor– no se financian con créditos anuales del Congreso y pueden seguir funcionando con sus propias fuentes de financiación.
No obstante, hay una serie de otros ítems que se ven afectados. Los parques nacionales, por ejemplo, probablemente cerrarían. Y servicios de viajes o de consultas sobre créditos podrían retrasarse.
Asimismo, podría haber pausas en nuevos préstamos para pequeñas empresas, subsidios de vivienda o ayudas estudiantiles.
Si antes del 30 de septiembre a medianoche el Congreso no aprueba un presupuesto o una resolución temporal de financiamiento, el cierre comienza el 1 de octubre.
Una vez iniciado, no hay una fecha límite fija para que termine: el cierre dura hasta que el Congreso y la Casa Blanca acuerden una ley de financiamiento.
