Los cálculos del Ministerio de Hacienda volvieron a quedar en la mira tras reconocer que no cumplirá con la meta fiscal comprometida para 2025.
Así lo sinceró el Gobierno en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre, documento que acompañó al proyecto de Ley de Presupuestos 2026.
En el reporte, la Dirección de Presupuestos (Dipres) proyectó que este año el déficit estructural cerrará en 2,2% del PIB, es decir, 0,6 puntos por sobre la meta fijada en el Decreto de Política Fiscal elaborado por la actual administración.
Con ello, se configura el tercer incumplimiento consecutivo de la regla fiscal, pese al compromiso de avanzar hacia un equilibrio de las cuentas públicas.
De acuerdo con la Dipres, el nuevo desvío responde principalmente a la "falta de avance" en algunas medidas correctivas, como proyectos de ley que buscaban reducir o contener el gasto o incrementar los ingresos fiscales.
Esa brecha equivale a un 0,3% del PIB, mientras que la merma en ingresos del cobre sumó un 0,2% del PIB. A esto se suma un deterioro en el balance efectivo del sector público, que empeoró en cinco décimas en relación con la proyección anterior y se ubicará en torno al 2% del PIB este año.
La autoridad también explicó que en 2025 se verán presiones adicionales de gasto por intereses, superiores a los US$380 millones, junto a efectos cambiarios por alrededor de US$30 millones.
Aunque se contempló un ajuste en el gasto por más de US$1.300 millones en relación con el Presupuesto enviado al Congreso, aquello no alcanzó para mejorar la convergencia fiscal.
Con todo, este incumplimiento se da justo en la antesala de la tramitación del Presupuesto 2026 en el Congreso.
Así, la credibilidad de las proyecciones oficiales y los recurrentes ajustes a mitad de camino se han transformado en un flanco abierto para la cartera que lidera Nicolás Grau, la cual, debe convencer al Parlamento de que las nuevas estimaciones efectivamente conducirán a un ordenamiento de las cuentas públicas.
Los traspiés en el Congreso
El reconocimiento del desvío fiscal se suma a una serie de episodios previos en los que la cartera dirigida por Grau ha sido objeto de críticas.
Uno de los más recientes ocurrió en mayo de 2025, durante la discusión en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre el proyecto que reajustaba el ingreso mínimo mensual y otras asignaciones.
En aquella ocasión, el diputado Felipe Donoso (UDI) advirtió una contradicción entre el informe financiero oficial y la presentación que estaban exponiendo los ministros.
"Para que podamos entendernos, el informe financiero tiene que tener alguna correlación con la presentación que estamos viendo. El costo fiscal del proyecto en la presentación es absolutamente distinto al informe financiero", señaló.
El legislador agregó con ironía: "No sé qué diablo metió la cola aquí, ministro, pero por favor aclaremos si es que nos cuesta el subsidio familiar, $15.980 millones o $17.777 (millones). La asignación familiar, $3.937 (millones) o $4.379 (millones). La asignación por muerte cuesta $1.268 (millones) o 1.411 (millones)".
El ex ministro de Hacienda respondió pidiendo disculpas y sostuvo que "a veces el diablo mete la cola".
Marcel precisó que "como ocurre siempre, el informe financiero es donde están las cifras oficiales, todas las que se entregan como información del proyecto. No sé por qué habrá habido esa diferencia en la presentación, pero es el informe financiero el que tiene las cifras, las estimaciones de costos que corresponden a este proyecto".
El Caso Convenios y la tensión política
Las críticas hacia Hacienda y la Dipres no son nuevas. En 2023, en medio de la crisis del Caso Convenios, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, fue apuntada por la oposición como responsable de haber flexibilizado los requisitos para convenios entre fundaciones y gobiernos regionales.
El episodio escaló al punto de que, durante la discusión del Presupuesto 2024, la oposición no permitió la entrada de Martínez a una de las sesiones parlamentarias. Ante esa situación, el entonces ministro Marcel señaló que no estaba en condiciones de responder todas las preguntas de los legisladores.
Meses después, la ingeniera civil industrial debió concurrir a declarar a la Fiscalía en el marco de la investigación del caso, lo que intensificó los cuestionamientos a su gestión.
Proyecciones fallidas: litio, renta y transferencias de Corfo
Los descalces en las estimaciones fiscales se convirtieron en un dolor de cabeza para Hacienda en 2024. Ese año, la Operación Renta cayó un 9,7% debido a la desaceleración económica y al menor dinamismo de la minería y la manufactura, lo que forzó un ajuste del gasto por US$ 857 millones a mitad de año.
Algo similar ocurrió con el litio: las proyecciones apuntaban a ingresos por US$ 3.252 millones, pero la brusca caída en los precios del mineral derivó en una recaudación muy por debajo de lo esperado.
Lo mismo pasó con la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, que buscaba repatriar capitales desde el extranjero. Se esperaba una recaudación de US$ 659 millones, pero apenas se logró un 16% de ese objetivo.
La oposición también criticó duramente los millonarios traspasos desde la Corfo al Tesoro Público, que entre 2023 y 2024 sumaron alrededor de US$ 3.500 millones.
La senadora María José Gatica (RN) fue categórica: "No se trata solo de un problema de capacidad, sus errores implicarán ajustes presupuestarios que afectan la economía y directamente el empleo de los chilenos".
En esa línea, sostuvo que "su sola presencia es dañina para los trabajadores de Chile" y agregó que "no puede minimizarse ni dejarse pasar por alto como una cosa más. Lo mínimo que corresponde es la renuncia inmediata de la directora. Aquí no estamos hablando de un error técnico más".
En contraste, desde el oficialismo hubo respaldo a Martínez. El diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio) defendió a la Dipres señalando que "yo confío 100% en la Dirección de Presupuestos. Más allá de que puedan tener el margen de error mínimo que cometen los seres humanos".
