La discusión sobre la implementación de la Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), encendió las alarmas en la industria minera chilena.
En especial, en la pequeña y mediana minería, que ve amenazada su continuidad ante la reciente publicación de listados de "sitios prioritarios" por parte del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).
El proceso, actualmente en etapa de consulta ciudadana, define los nuevos territorios protegidos que se regirán bajo la Ley SBAP, considerando criterios como valor ecológico, superficie y coordenadas geográficas.
En la práctica, este catastro establece las zonas donde se restringirían -o incluso se prohibirían- actividades productivas como la minería.
Durante una sesión de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) expuso los riesgos que este proceso representa para el sector.
Su presidente, Jorge Riesco, advirtió que "lo que hay que hacer es tomarse esta consulta y este proceso de revisión de los sitios prioritarios con mucho cuidado, con mucha cautela, hay que revisarlo bien. Primero, porque los sitios prioritarios que se fijaron no son conocidos".
Riesgo para la actividad minera
En conversación con Emol, Riesco profundizó en las inquietudes del gremio.
"Estamos enfrentando una contingencia arriesgada con la implementación de la Ley SBAP. El nivel de preocupación que percibimos, especialmente entre los pequeños mineros, es comparable a lo que vivimos al principio de esta administración de gobierno con el debate constitucional anterior", manifestó.
El dirigente sostuvo que, al igual que en ese proceso, existe "un temor generalizado sobre el futuro de la actividad minera".
Según los datos que entregó, el análisis de la Sonami detectó 301 instalaciones mineras ubicadas dentro de los sitios prioritarios propuestos por el Gobierno en el listado preliminar que hoy está sometido a consulta pública.
"Esto representa un riesgo real para operaciones que generan empleos y desarrollo en regiones mineras. La forma apresurada y expansiva en que se están definiendo estos territorios, sin un análisis adecuado de su impacto y sin considerar la visión de todos los actores involucrados, es lo que nos tiene profundamente alarmados", señaló.
"Esto representa un riesgo real para operaciones que generan empleos y desarrollo en regiones mineras. La forma apresurada y expansiva en que se están definiendo estos territorios, sin un análisis adecuado de su impacto y sin considerar la visión de todos los actores involucrados, es lo que nos tiene profundamente alarmados"
Jorge Riesco, presidente de la Sonami
Frente a ello, la Sonami ha implementado una estrategia de apoyo técnico a sus asociados.
"Como Sonami estamos desplegando una estrategia de trabajo interna y externa con capacitaciones para apoyar a la pequeña y mediana minería en el proceso de consulta ciudadana en curso, que han generado alta participación y han sido muy bien recibidas por todos los sectores; adicionalmente estamos dialogando con diversos actores y sectores productivos, que también se verán afectados por estos reglamentos; con la propia ministra de Minería, que se comprometió a apoyarnos; y con los diputados de la Comisión de Minería, quienes comparten nuestra preocupación", afirmó Riesco.
Un proceso "apresurado" y con efectos regulatorios inciertos
La Sonami insistió en que la definición de los sitios prioritarios debería realizarse con mayor tiempo y con un enfoque más técnico.
En palabras de Riesco, "esta consulta ciudadana debe abordarse con mucha rigurosidad y cautela. Necesitamos un proceso que permita una revisión exhaustiva de cada caso".
En ese sentido, el líder de la Sonami, remarcó que su principal preocupación "es que muchos de estos sitios prioritarios se están estableciendo sin un conocimiento adecuado de las actividades que allí se desarrollan históricamente".
El dirigente gremial apuntó a la necesidad de utilizar todo el plazo que contempla la ley antes de cerrar este proceso.
"Lo razonable sería utilizar el plazo completo que la misma ley contempla, quedan tres años, para hacer un trabajo serio, identificando cada faena minera dentro de estos polígonos. La incertidumbre regulatoria que esto genera es devastadora, especialmente para pequeños y medianos productores que no cuentan con los recursos para adaptarse rápidamente a nuevas exigencias", profundizó.
Apoyo del Ministerio de Minería
En medio de las gestiones gremiales, Riesco confirmó que existe respaldo desde la cartera encabezada por Aurora Williams.
"Nos reunimos recientemente con la ministra de Minería, quien comparte nuestra preocupación sobre la necesidad de contar con mayor plazo y se comprometió a formar una mesa de trabajo sobre este tema, que estamos esperando se materialice", detalló.
De acuerdo con el presidente de la Sonami, "el sector minero necesita que el ministerio del ramo defienda activamente a una industria que genera el desarrollo económico y social de los territorios".
"Queremos ser claros: valoramos la protección ambiental, pero esta debe implementarse de manera equilibrada, sin poner en riesgo la viabilidad de la actividad más importante del país", agregó.
Un debate que se intensifica
El Ministerio del Medio Ambiente publicó entre el 3 y el 5 de septiembre los listados de sitios prioritarios en el Diario Oficial, correspondientes a las macrozonas norte, centro y sur.
Con ello, se abrió un proceso de consulta ciudadana de 30 días, que culminará entre el 17 y 21 de octubre, donde distintos actores pueden realizar observaciones a través de la plataforma del MMA.
Posteriormente, el Gobierno busca que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad apruebe el plan en diciembre de este año. Sin embargo, desde la industria minera piden que el proceso no se precipite.
La creación de un nuevo gremio dentro de la propia Sonami, enfocado en defender los intereses de los mineros afectados por la Ley SBAP, refleja la magnitud del descontento.
La inquietud del gremio se ha extendido no solo por el eventual impacto sobre faenas en operación, sino también por la falta de información técnica sobre los criterios que sustentan la delimitación de los sitios prioritarios.
