El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, indicó el viernes en un punto de prensa que la deuda de US$ 800 millones con las empresas distribuidoras seguirá pendiente.
Así lo confirmó El Mercurio, que además expuso que se trata de una suma que se acumuló por el atraso en la publicación del Valor Agregado de Distribución (VAD) que debía regir entre 2020 y 2024, y que finalmente se fijó recién a mediados del año pasado.
"Estamos en un proceso de análisis de eso. No va a estar en la cuenta de enero, de eso puedo dar certeza; probablemente ocurra en futuros procesos tarifarios, pero en este no va a estar presente", dijo García ante la consulta del medio sobre cuándo se va a hacer efectivo el pago de la deuda, que puede resultar en un alza en las cuentas de la luz.
Y es que, en primer lugar, se habló de una eventual rebaja de las tarifas eléctricas tras el error reconocido por la Comisión Nacional de Energía (CNE), que implicaba que se había cobrado de más a los clientes. Sin embargo, expertos como Jorge Hermann, de Hermann Consultores, estimó que esa baja sería contrarrestada por alzas cercanas a un 8% promedio producto de la deuda con las distribuidoras.
Así, este sábado diversos diputados se refirieron a ese hecho. Mientras desde la oposición acusaron al Gobierno de "patear" problema y de "abandono de deberes", desde el oficialismo culparon al congelamiento de tarifas, ocurrido durante el gobierno de Sebastián Piñera.
"Nuevamente, el Gobierno encabezado por el presidente Boric muestra la ineficiencia que lo ha caracterizado en su administración. En este caso, dejando una deuda que debió haber resuelto este Gobierno a la administración siguiente, que tendrá, entre otras cosas, que ordenar la industria eléctrica, que ha mostrado en estos últimos tiempos un grave desorden en lo que son especialmente el calco de las cuentas y la entrega de la energía", dijo el congresista Marco Antonio Sulantay (UDI), presidente de la Comisión de Energía.
El parlamentario Roberto Arroyo, jefe bancada PSC, se sumó a la crítica e indicó que "es inaceptable que el Ejecutivo decida postergar el pago de los sobre cobros en las cuentas de luz para otro gobierno".
"Esto no es política, es abandono de deberes", agregó y remarcó que "miles de familias siguen pagando de más mientras el Estado dilata soluciones".
"La ciudadanía merece transparencia, responsabilidad y acciones inmediatas, no promesas para el futuro. Exigimos que se devuelvan los recursos ya cobrados de manera indebida, sin más excusas ni retrasos", precisó.
El diputado Andrés Celis (RN), miembro de la Comisión de Energía, sostuvo por su parte que "la credibilidad del sistema regulatorio que fija las tarifas eléctricas está en el suelo y no hay credibilidad alguna".
"La confianza ciudadana también. Hoy día lo que percibe la ciudadanía es que tanto las empresas, como el Gobierno y el Parlamento, nunca pudieron percibir aquello, cuando aquí el único responsable es el exministro Diego Pardow, la Comisión Nacional de Energía y el Gobierno del presidente Boric", agregó.
Con ello, el congresista hizo un llamado "al biministro García para que sea transparente y directo. Esta rebaja, los primeros seis meses del año 2026, va a ser seguramente en promedio de $200 pesos por mes. Pero él no dice que esto trajo un perjuicio también cuando se fijó el IPC, cuando se fijaba la UF, cuando se fijaban los dividendos, la canasta básica familiar. Es decir, finalmente el costo de la vida de la gente más vulnerable subió. Y esto se debe reflejar en una compensación para la gente más humilde, más vulnerable".
"Espero que esto tenga respuesta por parte del biministro, o al menos del ministro de Hacienda y, por cierto, del presidente Boric. Aquí falta aún una respuesta contundente, realista y que vaya en una compensación real y efectiva de la gente que está sufriendo esto, que es la gente más vulnerable de nuestro país", acotó.
Desde la Comisión de Economía, el diputado Eduardo Durán (RN), comentó que "el Gobierno vuelve a patear los problemas hacia adelante. Postergar una deuda millonaria con las distribuidoras es traspasar el costo a las familias y al próximo gobierno. No hay un plan serio para enfrentar el alza de las cuentas de luz ni una hoja de ruta clara para el sistema eléctrico. Esto demuestra improvisación y falta de responsabilidad fiscal".
La diputada republicana Sofía Cid, también miembro de Economía, también consideró "inaceptable que el Gobierno postergue una deuda de 800 millones de dólares con las distribuidoras eléctricas, cuando sabemos que esos costos podrían terminar siendo traspasados a las familias chilenas".
"Esta falta de anticipación y transparencia demuestra una grave irresponsabilidad del Ejecutivo y de la SEC. En Atacama, donde cada peso cuenta y donde la energía es vital para nuestra economía regional, no podemos seguir pagando los errores del poder central. Exijo que se aclare este proceso y que se garantice que los ciudadanos no pagarán por negligencias ajenas", advirtió.
Una mirada distinta mostró el jefe de bancada DC e Independientes, congresista Héctor Barría, quien expuso que "a primera vista, no se ve como positivo la postergación del pago de deudas, sobre todo en materia eléctrica por parte del Estado, pero dándole una mirada un poquito más profunda, ha sido tanto el daño que se ha provocado en las familias por parte de la inacción, responsabilidad de algunas personas que pertenecen al Estado, al Ministerio, a la Comisión Nacional de Electricidad, las empresas (que también no es entendible cómo no se dieron cuenta que estaban recibiendo de más), bajo esa consideración, que las familias no sigan sufriendo el alza de la luz me parece una medida acorde a los tiempos que corren".
Finalmente, desde el oficialismo el diputado Jaime Sáez, jefe de bancada del Frente Amplio, expresó que "el congelamiento de tarifas eléctricas durante el gobierno de Piñera fue una mala política pública que terminó generando distorsiones y deudas millonarias que hoy siguen afectando al Estado y a los usuarios".
Así, sostuvo que "es fundamental que asumamos estas lecciones con responsabilidad fiscal y con compromiso hacia la ciudadanía, evitando repetir decisiones populistas que hipotecan el futuro energético del país".
