La discusión por el reajuste del sector público comenzó a tensionarse antes incluso de que se conozca el petitorio formal de los trabajadores.
La mesa del sector público definió que una de las principales demandas que llevará a la negociación con el Ejecutivo será incluir una norma que garantice la estabilidad laboral de los funcionarios, con el fin de evitar "despidos arbitrarios".
La propuesta surge en medio de un escenario político marcado por los planteamientos de fuertes recortes de gasto fiscal promovidos por los candidatos de oposición en mayor o menor medida, lo que derivaría en desvinculaciones de trabajadores del Estado.
En ese sentido, las preocupaciones de los funcionarios públicos se reactivaron en medio de los anuncios de campaña y a 10 días de la elección presidencial.
Por ejemplo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró a Canal 13 que el eventual gobierno de José Antonio Kast planea un recorte del gasto público por US$6.000 millones, que implicaría "sacar a operadores contratados por el Ejecutivo".
Más intensa es la propuesta del candidato Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, cuyo plan económico contempla una reducción del gasto estatal entre US$12.000 millones y US$15.000 millones -con posibilidad de llegar a US$16.000 millones si el Congreso aprueba una tramitación rápida-. El ajuste también considera la desvinculación de 100 mil funcionarios públicos del Gobierno central.
La explicación de la ANEF
Con todo, desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), recalcaron que la exigencia por una "carrera funcionaria" y la estabilidad laboral es un tema histórico en sus negociaciones. En conversación con Emol, su presidente, José Pérez, explicó el objetivo de la propuesta.
"El primer punto que colocamos siempre, no es primera vez, siempre el principio de la defensa del trabajo, es decir, que tengamos certeza frente a la estabilidad laboral de los servicios públicos que cumplen una función estratégica, ejecutando las políticas públicas, pero tienen contratos temporales y principalmente nos referimos al personal que está contratado bajo la modalidad de contrata. Ese contrato tiene una vigencia anual, es decir, está vigente su contrato todos los años, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y se va renovando conforme a la evaluación de desempeño de las calificaciones y también, por supuesto, al rendimiento que tenemos como funcionarios públicos", profundizó.
"Por ejemplo, nosotros vivimos en el 2010 cuando despidieron en el primer gobierno de Sebastián Piñera más de 11.000 personas. Y eso, obviamente, no daña solamente a las personas, sino que daña la ciudadanía y daña la memoria del Estado"
José Pérez, presidente de la ANEF
Pérez añadió que esta garantía de continuidad laboral no es una novedad, sino un piso mínimo que los gremios buscan consolidar en cada proceso de negociación. "N
osotros establecemos ese piso, certeza de mantener el trabajo", enfatizó.
Lo anterior, ajuicio de Pérez, se refuerza considerando el tono de ciertos sectores políticos. "Nos parece bastante violento cuando un sector, sobre todo de la ultraderecha en nuestro país, denosta la función pública, cuestiona el rol del Estado y ofende a los funcionarios públicos porque sus expresiones son bastante ofensivas. (…) Los funcionarios hoy trabajamos con presupuestos más restrictivos", expresó.
Reacciones de la oposición
La medida ya comenzó a hacer ruido en el Congreso. En la Comisión de Hacienda, algunos parlamentarios plantearon reparos a la idea de incluir una norma de este tipo en la ley de reajuste del sector público.
El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, sostuvo a Emol que se requiere una conversación más profunda sobre el funcionamiento del Estado. "Yo creo que con el sector público hay que sentarse a conversar respecto a una reforma importante al estatuto administrativo. Hoy día la inmovilidad que tienen los trabajadores y la evaluación que se le hace es absurda comparada con el resto de los chilenos".
"Yo creo que con el sector público hay que sentarse a conversar respecto a una reforma importante al estatuto administrativo. Hoy día la inmovilidad que tienen los trabajadores y la evaluación que se le hace es absurda comparada con el resto de los chilenos"
Frank Sauerbaum, diputado RN
El parlamentario agregó que "el aumento de los trabajadores en el sector público en los últimos 15 años ha sido un 50%, y eso no se traduce en un mejor servicio para los chilenos". .
Sauerbaum añadió que la discusión no debe resolverse dentro del reajuste anual: "Me parece a mí que es inapropiado incluir una norma de tal profundidad en una ley miscelánea, como la ley de reajuste".
Desde la UDI, el diputado Felipe Donoso planteó una mirada estructural sobre el problema. "Creo que la comprensión sobre estabilidad en el sector público es mucho más profunda. Existen trabajadores del sector público que tienen privilegios excesivos, y que tienen una estabilidad mucho mayor a cualquier trabajador en Chile. Otros que tienen una precariedad laboral brutal", indicó.
"Existen trabajadores del sector público que tienen privilegios excesivos, y que tienen una estabilidad mucho mayor a cualquier trabajador en Chile. Otros que tienen una precariedad laboral brutal"
Felipe Donoso, diputado UDI
En esa línea, propuso una homologación del sistema laboral. "Debiéramos pasar a un solo sistema, que sean todos por el Código del Trabajo, donde efectivamente existen las prevenciones de las personas que son despedidas, tienen que tener causales y tienen que tener indemnización. Eso no lo tienen todos los funcionarios públicos, pero a la vez existen funcionarios públicos que son imposibles de despedir o que hagan mal de su trabajo", añadió.
El diputado independiente-republicano, Miguel Mellado, enfatizó que una eventual administración de Kast evaluará caso a caso la permanencia de los funcionarios. "Hay que evaluar a los buenos funcionarios públicos dedicados a atender las necesidades de los chilenos. No a los apitutados políticos del lado que sean. Muchos de estos apitutados se mimetizan cuando cambia de signo el gobierno pero no aportan nada al servicio para el que trabajan", sostuvo.
Finalmente, el diputado republicano Agustín Romero señaló que "los buenos funcionarios públicos no tienen nada que temer. En un futuro gobierno, los funcionarios responsables serán necesarios y sus trabajos estarán asegurados. Chile necesita funcionarios comprometidos con un Estado moderno, eficiente y al servicio de las personas".
