Un paso crucial en su tramitación dio el proyecto de megalínea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental publicara ayer el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) -de 1.676 páginas- en el que se recomienda aprobar la iniciativa que unirá Antofagasta y Santiago y es considerado clave para la estabilidad energética del país.
Con esto, la obra -que sería la primera con tecnología de corriente continua (HVDC) que se construya en Chile- quedó en tierra derecha para que la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, apruebe el proyecto a través de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que debiese ocurrir en los próximos días.
Este proyecto, en manos del consorcio Conexión Energía, p
retende atravesar cinco regiones del país y 28 comunas, e instalar un total de 2.691 torres, con una línea de transmisión de una longitud de 1.342 kilómetros. Se trata, de esta forma, de la iniciativa más grande que ha evaluado el SEA en términos de extensión.
En específico, esta línea de transmisión iniciaría en la comuna de María Elena, en la Región de Antofagasta, hasta Lo Aguirre, en la comuna de Pudahuel.
La empresa titular del proyecto estima una inversión cercana a US$2.000 millones, cifra que representa un aumento de más de US$500 millones respecto a las proyecciones iniciales. Además, se requerirá de más de 6.200 empleos durante su construcción.
La iniciativa fue mandatada por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y tiene como objetivo garantizar un suministro eléctrico más estable y contribuir a las metas de carbono neutralidad comprometidas por Chile.
Aún requiere tramitar casi 5.000 permisos que se obtendrán en los meses de construcción y entraría en operación en el primer semestre de 2029. Se ha destacado que tendrá una capacidad de transmitir hasta 3.000 MW de energía renovable, equivalente a un cuarto de la demanda diaria del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), dándolo, según ha resaltado la empresa, "resiliencia, seguridad, con menores costos".
La "permisología"
La iniciativa ha debido enfrentar una serie de trabas para su puesta en marcha. En 2022 inició su tramitación ambiental en el Servicio de Evaluación e Impacto Ambiental (SEIA).
A comienzos de 2024, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publicó el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA). El documentó alcanzó las 753 páginas y entregó un total de 1.698 observaciones, realizadas por el conjunto de los órganos del Estado con competencia en la materia.
Según consignó La Tercera en enero de 2024, la firma consideró el número de observaciones como "razonable", aunque solicitó "más nivel de detalle" en 182 de las observaciones.
Cinco meses después, en todo caso, se agregaron más observaciones: las de la ciudadanía, que llegaron a los 900 comentarios.
Finalmente, en diciembre, la firma comunicó que en total serían 4.941 los permisos sectoriales que debería tramitar, ante distintos organismo estatales, dependientes de los Ministerio de Obras Públicas, de Salud, de Vivienda y Urbanismo, y de Agricultura, entre otros.
"El número de permisos asociados a una RCA se ha triplicado en los últimos 20 años, y esto explica que hoy día cerca de un 10% del valor de inversión de un proyecto sea nada más que en permisología", dijo Carola Venegas, gerenta de Sostenibilidad de Conexión Kimal-Lo Aguirre en la misma sesión.
En febrero el SEA publicó el segundo ICSARA del proyecto. En el documento existían casi 1.400 comentarios que debieron ser atendidos por la compañía. En julio de este año la empresa dio respuesta a esta segunda ronda de aclaraciones y a inicios de octubre, el SEA concluyó el Proceso de Consulta de Pueblos Indígenas (PCPI), el cual comenzó en junio del año pasado.
