A menos de cuatro meses del término del actual período legislativo, el Gobierno y el Congreso se preparan para unas semanas de fuerte intensidad política tras las elecciones presidenciales de este domingo 16 de noviembre.
Parlamentarios, asesores electorales y expertos prevén que las últimas sesiones del mandato de Gabriel Boric estarán marcadas por el intento del Ejecutivo de empujar y aprobar ciertos proyectos económicos clave para su agenda y su electorado.
El panorama legislativo, sin embargo, no es sencillo. Con el Presupuesto 2025 aún en discusión y tras una inédita votación que rechazó la mayoría de las partidas propuestas por el Ejecutivo, la atención política está puesta en lo que podrá avanzar en paralelo.
"No soy partidario de esta lógica de dejar amarrados proyectos, sino que más bien sacar lo que está comprometido, y lo que es factible de aquí a enero", dijo el senador del Frente Amplio
Juan Ignacio Latorre a El Mercurio, quien reconoce que entre las prioridades destacan el nuevo
sistema de financiamiento de la educación superior (FES) y la Sala Cuna Universal. Además, otra voces apuntan al proyecto de
licencias médicas y al del royalty portuario (impulsado por parlamentarios).
No obstante, las condiciones legislativas son complejas. "Me cuesta encontrar temas en que podamos construir acuerdos con el nivel de poca rigurosidad que tienen", advirtió la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Ximena Rincón al citado medio. "No veo espacio para avanzar: noviembre es Presupuesto; diciembre, reajuste del sector público, solo quedaría enero".
El temor del oficialismo es cerrar el verano con un "enero seco", sin ningún proyecto de renombre aprobado, algo prácticamente inédito en los últimos gobiernos.
Desde el Ejecutivo aseguran que la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, está activa en gestiones para evitarlo. "Si bien sabemos que los tiempos son acotados, seguiremos trabajando y dialogando hasta el último día para concretar importantes proyectos que el país necesita. Tenemos flexibilidad para encontrar los mejores instrumentos en la medida en que los objetivos buscados se materialicen", señaló la secretaria de Estado a "El Mercurio".
Con todo, con el calendario electoral y legislativo apretado, los próximos meses definirán si el Gobierno logra cerrar su mandato con avances concretos en su agenda económica. De no hacerlo, estos proyectos podrían quedar en manos del próximo Congreso, donde el equilibrio político podría ser distinto y el margen de maniobra, incierto.
Financiamiento de la Educación Superior (FES)
El reemplazo del Crédito con Aval del Estado (CAE) es, desde su ingreso al Congreso, el proyecto más emblemático del programa de Gobierno. La iniciativa del nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES) fue aprobada por la Cámara de Diputados en agosto y llegó el 7 de octubre a la Comisión de Educación del Senado, donde está en segundo trámite constitucional con urgencia simple.
El proyecto, ingresado en octubre de 2024, reorganiza y condona las deudas educativas. Propone un nuevo sistema público de financiamiento que reemplaza al CAE, al Fondo Solidario y a los créditos Corfo.
Bajo este modelo, el Estado entrega los recursos directamente y los beneficiarios comienzan a pagar un porcentaje de sus ingresos al año de egreso. Además, se prohíbe el copago para los estratos medios y medios-altos, limitándolo solo a quienes tengan mayores ingresos.
El debate técnico se ha concentrado en el efecto que este esquema podría tener sobre la autonomía universitaria y la sostenibilidad financiera de las instituciones. Rectores y expertos han advertido que el modelo genera un "impuesto al graduado" sobre la renta y podría afectar la rentabilidad de las universidades.
Desde el oficialismo, defienden la idea como un cambio estructural. "Le sale más barato el Estado modificar el sistema y también alivianar la mochila de las familias, los endeudados, con criterios técnicos, con cierta focalización. Me parece importante sacar a la banca del negocio de las deudas educativas y crear un sistema público que sea complementario a la gratuidad", argumentó el senador Latorre.
La Comisión de Educación del Senado realizó recientemente un seminario con académicos, rectores y exautoridades de educación y finanzas públicas para profundizar en el modelo, que aún espera indicaciones sustitutivas.
Sala Cuna Universal
El segundo proyecto en la lista de prioridades es la ley de Sala Cuna para Chile, ingresada en enero de 2022 durante la administración anterior y actualmente en primer trámite constitucional en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, también con urgencia simple.
En mayo, el Gobierno presentó una indicación sustitutiva que amplía el derecho a sala cuna a todas las personas trabajadoras -hombres y mujeres- con hijos menores de dos años, y crea el Fondo de Sala Cuna, que recibirá aportes de empleadores y trabajadores independientes. El punto más conflictivo ha sido el financiamiento, pues parte del aporte recaería en los empleadores.
Desde el Ejecutivo, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, afirmó que "hemos comprometido un espacio de trabajo para ir afinando la discusión que se está llevando hoy en el Congreso, con el objetivo de que este proyecto se pueda aprobar".
La Comisión de Trabajo, presidida por el senador Gastón Saavedra (PS), ha sido el principal espacio de negociación. "Sala Cuna no está desafiado solo por la oposición, sino también por más de algún aliado cercano, llámese DC", explicó el parlamentario. "Se está buscando un acuerdo y lo más probable es que este se tenga, pero está desafiado", agregó.
Frente a las críticas, Saavedra enfatiza que "hay que ser pragmático; el 2% que finalmente tendrían que poner los empresarios son $2.000 para una persona que gana un millón. Ninguna empresa se va a venir abajo por eso. El punto está en el copago".
En octubre, la Comisión aprobó la creación de un Fondo Mixto con aportes públicos y privados, y se equiparó el derecho tanto para hombres como mujeres, lo que desde el Ejecutivo se interpreta como un avance significativo.
Desde la oposición, el jefe de los senadores UDI, Sergio Gahona, mantiene una postura firme: "No nos vamos a mover en cuanto a que esto signifique mayor costo laboral. Hay que revisar los actuales recursos y fondos que están recaudándose por el subsidio de cesantía".
En la misma línea, la senadora Rincón apuntó: "Sala Cuna tiene que hacer grandes cambios si quiere que se apruebe, porque tal como está la economía, seguir encareciendo el tema de las pymes es complejo, cuando hay otras formas de financiarlo".
Aun así, hay consenso transversal en que el proyecto debe salir adelante, aunque con modificaciones estructurales.
Licencias médicas y subsidio de incapacidad laboral
El proyecto que modifica el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) fue ingresado por el Gobierno en julio de 2025 y se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Salud del Senado.
La iniciativa busca modernizar el régimen de licencias médicas y los subsidios por incapacidad, en cumplimiento de un compromiso asumido durante la discusión del Presupuesto 2025.
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó en radio ADN que "para continuar en ese camino es importante que por el lado de los gastos se vayan aprobando reformas que reducen esa presión sobre el gasto público. Hay varios proyectos que apuntan hacia esa dirección. Hemos tenido toda una discusión o preocupación por el abuso de las licencias médicas".
"Bueno, hay un proyecto que está en el Senado en este momento y que fue pedido por los propios senadores que justamente ayuda a que esa presión baje de manera permanente, no solo una cuestión puntual. Así como ese, hay varios otros proyectos", agregó Marcel.
La propuesta fue presentada tras el escándalo de licencias falsas detectado por Contraloría. Aunque tiene respaldo transversal, su avance se ha visto frenado.
Ingresó el 9 de julio y no registra movimiento desde el 17 de ese mes. Según fuentes legislativas, el retraso responde a que la comisión, presidida por el senador Iván Flores (DC), no lo ha priorizado en tabla.
"El Gobierno en las últimas semanas, al menos en las comisiones en las que participó, ha estado casi ausente. No sé si está preocupado de los procesos legislativos y de los proyectos que están en trámite", afirmó Flores a El Mercurio.
Según parlamentarios de oposición, la decisión del Ejecutivo de priorizar otros temas, como la ley de eutanasia, ha relegado esta iniciativa. Parte de las presiones vendrían de gremios del sector público, como la CUT y la ANEF, que rechazan la homologación de normas entre empleados públicos y privados.
"El Ejecutivo da la impresión de que más fuerza tienen los sindicatos y los gremios de funcionarios. Veo al Gobierno temeroso y poco decidido a avanzar", comentó el senador Sergio Gahona.
Royalty portuario
En el Congreso existen actualmente dos mociones parlamentarias que buscan establecer un royalty portuario, ambas en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.
La primera iniciativa, impulsada por el diputado Luis Cuello (PC), fue derivada a la Comisión de Hacienda y comenzó su estudio con la exposición del propio parlamentario.
En paralelo, el 4 de noviembre otro grupo de diputados oficialistas -entre ellos Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Arturo Barrios, Marcos Ilabaca, Juan Santana, Javiera Morales, Karol Cariola y Jaime Mulet- presentó una moción que "modifica la Carta Fundamental para crear una tasa portuaria a beneficio municipal".
El texto propone aplicar una tasa a las empresas concesionarias y no concesionarias que operen en los puertos del país, según el tipo de carga y toneladas transportadas, con exclusión del cabotaje marítimo de pasajeros. Los recursos recaudados irían directamente a los municipios donde se ubican los puertos.
Los autores justifican la medida señalando que "dadas las características de las infraestructuras y operaciones portuarias es inevitable que estas produzcan externalidades negativas en el entorno en el que se instalan", mencionando contaminación del agua, del aire, acústica y visual, así como el impacto urbano sobre los bordes costeros.
El objetivo, sostienen, es que "los municipios puedan participar, en parte, de las ganancias que genera la actividad portuaria, como contrapartida a los efectos negativos que genera el desarrollo de la misma actividad".
