El debate del Presupuesto 2026 volverá a ocupar el centro de la agenda legislativa inmediatamente después de las elecciones presidencial y parlamentaria de este fin de semana.
La Cámara de Diputados deberá retomar la discusión en sala el lunes, en un escenario particularmente desafiante: casi todas las partidas fueron rechazadas en la comisión especial mixta y el plazo constitucional para despachar el erario vence a fin de mes, lo que deja solo dos semanas para resolver el proyecto.
A este cuadro se suma el reordenamiento político que vivirá el Congreso a partir de marzo de 2026 y la muy probable realización de una segunda vuelta presidencial, factores que tensionan aún más el ambiente.
En preparación para ese debate, el Gobierno ingresó el miércoles —en varias tandas— un primer conjunto de indicaciones con el objetivo de acercar posturas.
Los diputados también presentaron sus propias enmiendas, aunque buena parte de ellas resultan inadmisibles por implicar gasto, prerrogativa exclusiva del Ejecutivo. Entre ambas partes ya se contabilizan alrededor de 500 indicaciones.
La estrategia del Ministerio de Hacienda apunta a reincorporar las partidas rechazadas y a resguardar recursos sectoriales y sociales, como había solicitado el oficialismo.
Dentro de los ajustes propuestos destacan el aumento de los subsidios DS49 para viviendas nuevas, que pasarían de 25 mil a 40 mil; la autorización para que se ejecuten planes de resolución de listas de espera mediante transferencias corrientes coordinadas con el Ministerio de Salud; y la eliminación de la sanción incluida en la glosa 2 de Educación del capítulo correspondiente a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), que castigaba retrasos en la entrega de insumos para el inicio del año escolar.
A estas modificaciones se agregan la reposición de programas como Más AMA (Adultos Mayores Autovalentes) y Habilidades para la Vida (HPV) de Junaeb, así como una reasignación entre el Fondo de Tierras y el Fondo de Desarrollo Indígena.
Otros puntos, considerados los más sensibles —entre ellos la glosa republicana de libre disposición, cambios eventuales en ingresos y gastos y los recursos para financiar el reajuste de los funcionarios públicos— quedarán para etapas posteriores del proceso legislativo.
En el oficialismo valoraron la reacción del Ejecutivo.
El jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, afirmó a El Mercurio que varios de los planteamientos que habían presentado a Hacienda y a la Dipres fueron incorporados, mencionando específicamente el programa Más AMA, ajustes vinculados a los SLEP y cambios en Vivienda.
Destacó además que algunas propuestas originadas en la oposición, como fortalecer la Contraloría, podrían ser atendidas. "La expectativa es que la discusión sea racional y que podamos arribar a un consenso", señaló.
La senadora Yasna Provoste (DC), desde un espacio cercano al oficialismo, insistió en que el proyecto debe seguir perfeccionándose: pidió evitar retrocesos en políticas sociales dirigidas a los sectores medios y más vulnerables, y subrayó la necesidad de seguir mejorando la calidad de vida en regiones, especialmente en vivienda y formación técnica.
"Hemos insistido en el debate sobre Presupuesto 2026, que no puede haber retrocesos en materia de avances sociales para los grupos medios y sectores vulnerables y que se requiere seguir mejorando la calidad de vida en las regiones", recalcó.
La oposición, en tanto, ha puesto sus reparos en la provisión para el reajuste del sector público. El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, sostuvo que el Gobierno debe "sincerar" los montos, ya que este ítem -según dijo- no está detallado en la Ley de Presupuestos ni cuenta con recursos suficientes en el Tesoro Público para asegurar su pago.
Sobre el impacto político que podrían tener las elecciones en la discusión presupuestaria, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, llamó a todas las fuerzas a actuar con responsabilidad. En entrevista con Bío Bío TV afirmó: "Espero que tanto oposición como oficialismo, sea cual sea el resultado, pongan por delante lo mejor para el país".
Mientras tanto, una nueva polémica se sumó al debate, luego de que se revelara que se contempla un recorte de más de $1.200 millones en los recursos destinados a los Liceos Bicentenario, equivalente a una baja del 10,8%.
En una carta a El Mercurio, la presidenta de la Fundación Piñera Morel, Magdalena Piñera, y el vicedecano de Educación de la UDD, Mauricio Bravo, calificaron la decisión como "inexplicable" y llamaron al Gobierno y al Congreso a "reformular esa glosa presupuestaria".
Otro foco de posible complicación proviene de Latam, cuyos pilotos mantienen una huelga que ha provocado la cancelación de cientos de vuelos y que incluso podría dificultar el traslado de algunos parlamentarios desde sus regiones al Congreso tras los comicios del domingo.
