Parecía un capítulo cerrado. Sin embargo, un reciente fallo de la Corte Suprema reabrió la disputa.
A inicios de 2024, la salmonicultura chilena vivió un episodio de máxima tensión, ya que debía definirse el destino de dos solicitudes de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), que sumaban 621 mil hectáreas de borde costero en la Región de Aysén.
Esto, en el marco de la polémica ley Lafkenche.
De haberse aprobado, la administración de estas miles de hectáreas —equivalentes al 40% de la superficie de la Región Metropolitana— habría quedado en manos de las comunidades indígenas Antunen Rain y Pu Wapi, poniendo en riesgo cientos de concesiones salmoneras.
Sin embargo, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) rechazó ambas solicitudes, dando un importante respiro a la industria.
Pero las mencionadas comunidades insistieron. Recurrieron a la Corte de Apelaciones de Coyhaique, donde recibieron un portazo. Distinta fue la suerte en la Corte Suprema.
Según informó Diario Financiero, este mes el máximo tribunal revocó ambas sentencias y acogió los recursos presentados por las comunidades, dejando sin efecto las resoluciones de la CRUBC. De esta forma, la votación deberá repetirse el próximo 9 de diciembre, lo que provocó un remezón de proporciones en el sector acuícola.
"Sienta un precedente preocupante para toda la economía nacional", sostuvo Tomás Monge, gerente de asuntos corporativos de SalmonChile, añadiendo que el fallo genera "incertidumbre en toda la cadena de valor de la salmonicultura, desde el Biobío al sur, afectando no solo a los productores, sino también a toda una red de proveedores, transportistas, servicios asociados y trabajadores".
Según Monge, las áreas en disputa afectan alrededor de 300 concesiones acuícolas, el 45% de las existentes en la Región de Aysén y el 25% de la capacidad productiva nacional en salmonicultura.
"Vemos con preocupación cómo una ley (Lafkenche) que pudo haber tenido un fin noble se ha transformado en una herramienta para paralizar sectores productivos y el desarrollo en zonas históricamente rezagadas", agregó. Asimismo, afirmó que espera que en la nueva votación "prime el bien común, la racionalidad y una visión equilibrada de desarrollo regional".
"Aunque se trate de un proceso regional, sus efectos trascienden por completo a Aysén. Está en juego la certeza jurídica y el futuro productivo y sostenible del sur de Chile".
Loreto Seguel
En tanto,
Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, afirmó que "la nueva citación de la CRUBC de Aysén confirma la enorme incertidumbre que generaron los fallos recientes de la Corte Suprema, que ordenaron reabrir solicitudes de ECMPO por más de 600 mil hectáreas para un poco más de 30 personas".
"Aunque se trate de un proceso regional, sus efectos trascienden por completo a Aysén: está en juego la certeza jurídica y el futuro productivo y sostenible del sur de Chile", resaltó, y añadió que lo que ocurra con este caso "marcará un precedente nacional, con efectos profundos en empleo, inversión y desarrollo".
"La aplicación de la ley Lafkenche, tal como está hoy, ha generado tensiones incluso entre las mismas comunidades en distintas regiones, por lo que urge su perfeccionamiento, y las sentencias de la Corte Suprema, en este caso en particular, no contribuyen a reducir dichas tensiones", concluyó.
