Una jornada tensa le espera a Aysén. Es que hoy a partir de las 15:00 horas se definirá el destino de 620 mil hectáreas en esa región, las que podrían quedar en manos de comunidades indígenas.
Lo anterior, en el marco de la cuestionada Ley Lafkenche, que busca otorgar derechos sobre el borde costero a estas comunidades, a modo de reconocimiento.
El asunto en Aysén parecía zanjado: a comienzos de 2024 la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) rechazó las solicitudes de las comunidades para administrar las hectáreas. Pero la Corte Suprema determinó hace algunos días que la votación debía repetirse y se fijó la fecha para hoy.
Las solicitudes de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO) -por medio de las cuales las comunidades piden las hectáreas- han causado polémica en los últimos años. El cuestionamiento más común apunta a los efectos que tendría sobre las industrias el otorgar a pocas personas la administración de un número tan grande de hectáreas.
En las últimas horas -y ad portas de la votación- la críticas volvieron a surgir, desde la industria salmonera, gremios empresariales e incluso comunidades indígenas.
"Puede destruir empleo y frenar proyectos"
"Es inaceptable que se entregue un territorio de esta magnitud sin considerar el impacto devastador para las pymes que sostienen la economía del sur", criticó la la Multigremial Nacional.
La organización advirtió que una aprobación generaría un precedente nacional y abriría un escenario de incertidumbre extrema para sectores completos: pesca artesanal, turismo, acuicultura, proveedores de servicios y cientos de pequeños contratistas entre Biobío y Aysén.
"Aysén lleva años luchando por atraer inversión. Congelar más de 600 mil hectáreas es condenar a la región al estancamiento", añadió la entidad.
"Aysén lleva años luchando por atraer inversión. Congelar más de 600 mil hectáreas es condenar a la región al estancamiento"
Multigremial Nacional
"Esto no es un trámite técnico: es una decisión que puede destruir empleo y frenar proyectos fundamentales para miles de familias", sostuvo asimismo la institución.
Desde Salmón Chile Tomás Monge, gerente de asuntos corporativos de la entidad, también encendió las alarmas. En una carta al director en El Mercurio sostuvo que "en los últimos años esta norma se ha desvirtuado, bloqueando actividades productivas, generando tensiones entre actores del territorio, estableciendo precedentes preocupantes para las 103 solicitudes de espacios que abarcan cerca de 4 millones de hectáreas, desde Atacama hasta Magallanes".
"Lo más relevante -añadió- es el impacto que genera la falta de una mirada estratégica sobre nuestro potencial marítimo y la ausencia de un ordenamiento territorial robusto que brinde certezas y cautele aspectos fundamentales, como la soberanía nacional, el desarrollo social, la reactivación económica y, sobre todo, una convivencia armónica entre los diversos actores del borde costero".
Monge además indicó que deficiencias en la redacción de la Ley Lafkenche han permitido "solicitudes sucesivas y desproporcionadas, con un efecto suspensivo que paraliza regiones completas, dejando a terceros interesados en situación de incertidumbre".
"Tenemos miedo que se les entregue el territorio"
Para Blanca Guenten, de la asociación indígena Wapi Huichas, que representa a familias del archipiélago de Islas Huichas, territorio que incluye la demanda de las dos familias, "es inconcebible entregar ese inmenso territorio a tan pocas personas, más aún cuando ellas jamás han trabajado en el mar ni tienen cultura huilliche, si no que se identifican más con la parte mapuche".
La dirigenta advirtió que no se ha hecho consulta previa a los vecinos del territorio y que la parte solicitante nunca se ha acercado a hablar con ellos para plantearles qué tipo de gobernanza pretenden impulsar en el lugar si les aprueban la solicitud.
"No hay seguridad de nada, no hay un plan pesquero. Ni siquiera sabemos si vamos a poder seguir ejerciendo nuestra actividad", sostuvo. Y añadió: "Tenemos miedo que se les entregue el territorio".
"No hay seguridad de nada, no hay un plan pesquero. Ni siquiera sabemos si vamos a poder seguir ejerciendo nuestra actividad (...) Tenemos miedo que se les entregue el territorio"
Blanca Guenten, de la asociación indígena Wapi Huichas
Hoy, en una carta a El Mercurio, Guenten junto a Luis Saldivia; de la comunidad indígena Peumayen; Cristián Chávez; de la Asociación de Buzos; y presidentes de sindicatos de trabajadores, pidieron al CRUB "rechazar nuevamente esta solicitud y terminar con esta amenaza e incerteza para nuestra subsistencia, ello por resguardo a la mayoría, sobre unos pocos, que con fines espurios limitan y perturban nuestras vidas".
300 concesiones podrían verse afectadas
En concreto, las hectáreas solicitadas equivalen al 40% de la superficie de la Región Metropolitana. Y afectan -según explicó Monge la semana pasada- a alrededor de 300 concesiones acuícolas, el 45% de las existentes en la Región de Aysén y el 25% de la capacidad productiva nacional en salmonicultura.
Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, mencionó la semana pasada que "la nueva citación de la CRUBC de Aysén confirma la enorme incertidumbre que generaron los fallos recientes de la Corte Suprema, que ordenaron reabrir solicitudes de ECMPO por más de 600 mil hectáreas para un poco más de 30 personas".
