La semana pasada comenzaron oficialmente las negociaciones entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público (MSP), instancia en la que los gremios solicitan un alza salarial de 2% real.
A raíz de esto, los funcionarios -encabezados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras 15 organizaciones sindicales- buscaban cerrar un acuerdo con el Ejecutivo antes de la segunda vuelta presidencial del domingo 17 de diciembre.
Sin embargo, pese a que durante la semana ya se realizaron dos jornadas de negociación entre el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos (Dipres) y los dirigentes sindicales, desde el Gobierno señalaron que las conversaciones oficiales comenzarán la próxima semana.
Por su parte, José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), comentó que alcanzar un acuerdo antes del balotaje "es difícil, sin embargo, por nuestra parte tenemos voluntad de avanzar. Está considerado proseguir el lunes 15 de diciembre".
En la misma línea, Laura San Martín, coordinadora de la Mesa del Sector Público, sostuvo que esta semana se definieron los temas técnicos del acuerdo y que para la próxima -lunes y martes- se proyecta abordar la negociación económica y su eventual cierre.
Temas de las negociaciones
Durante las reuniones del martes, las sesiones estuvieron dedicadas al seguimiento del Incentivo al Retiro, instancia en la que el Gobierno expuso el estado de avance de los reglamentos necesarios para iniciar los procesos de inscripción de los trabajadores.
En ese marco, los gremios plantearon inquietudes respecto del bono poslaboral -materia transversal a todo el sector público- y Hacienda presentó las proyecciones de crecimiento y la evolución económica de los últimos años, información considerada clave para la discusión del reajuste.
"Reafirmamos la necesidad de avanzar hacia un reajuste que permita recuperar el IPC acumulado, condición indispensable para resguardar el poder adquisitivo del sector público", señalaron desde la CUT.
En las negociaciones del miércoles se abordaron materias no económicas, como las dificultades -según señalan los funcionarios- para ejercer los derechos de libertad sindical, las horas de trabajo sindical, las modificaciones a la Ley 19.296 y la demanda por una indemnidad remuneratoria para dirigentes.
Pese a las pretensiones de los funcionarios, todo indica que el proyecto ingresará al Congreso recién en enero, lo que dejará un tiempo acotado para su discusión debido al receso legislativo. Esta situación genera disconformidad entre los trabajadores del Estado.
