Ante la crisis que vive Bolivia, su presidente, Rodrigo Paz, declaró una "emergencia económica y social" y promulgó una serie de medidas drásticas, entre ellas la eliminación de las subvenciones a los combustibles, la flexibilización del régimen cambiario, además de incrementos del salario mínimo nacional y de algunos bonos sociales, con el objetivo de proteger "a quienes más lo necesitan".
En un mensaje televisado, Paz calificó el decreto como una "decisión histórica de salvataje de la patria", asegurando que permitirá actuar con rapidez para estabilizar la economía, coordinar al Estado y proteger a las familias más vulnerables.
"Asumimos un país profundamente herido, sin dólares, sin combustibles, con reservas agotadas y una inflación creciente, con un Estado que fue vaciado desde adentro. Bolivia está enferma, la arrasaron como en la guerra. Nos dejaron solos, nos saquearon como país", aseguró el gobernante.
Paz señaló que se declaró la "emergencia económica, financiera, energética y social" porque Bolivia no podía seguir funcionando con normas de los últimos 20 años, correspondientes a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
"Hemos tomado una decisión central: proteger el bolsillo del pueblo y dar certidumbre en la energía y en los combustibles, con precios claros y abastecimiento garantizado", manifestó el mandatario, remarcando la importancia de "sincerar" los precios de los hidrocarburos.
"Eliminar los subsidios mal diseñados no significa abandono, sino orden, justicia y redistribución real y transparente", dijo Paz. "Esto permitirá generar recursos fiscales adicionales que serán compartidos entre el gobierno central y los gobiernos regionales", añadió.
La medida provocó un aumento del 86% en la gasolina y de más del 160% en el diésel, los ajustes más abruptos de los precios de la energía en décadas. Los nuevos valores se mantendrán durante seis meses antes de ser reevaluados, mientras que solo se conservará en 22,50 bolivianos (US$3,23) el precio de la garrafa de gas licuado de petróleo (GLP).
Tras el anuncio, algunas estaciones de servicio de la ciudad de La Paz suspendieron las ventas, debido a que los conductores se apresuraron a abastecerse de combustible subvencionado, según informaron medios locales.
Paz también anunció un "régimen extraordinario de repatriación de capitales con 0% de impuestos", con el fin de recuperar liquidez. Asimismo, informó que se liberarán las exportaciones y que el diésel será retirado de la lista de sustancias controladas para facilitar su importación, entre otras medidas.
Además, dispuso que a partir del próximo 2 de enero, el salario mínimo nacional subirá un 20%, desde 2.750 a 3.300 bolivianos (US$395 a US$474), y que el monto será revisado a finales del próximo año en base a los "datos reales de inflación", mediante un diálogo con trabajadores y empresarios privados.
El presidente sostuvo que el decreto también "tiene un corazón social firme", ya que contempla incrementos en la Renta Dignidad para adultos mayores, desde los actuales 300 a 500 bolivianos (US$43 a casi US$72), y en el Bono Juancito Pinto, incentivo anual para evitar la deserción escolar, que aumentará de 200 a 300 bolivianos (US$28,7 a US$43).
Paz justificó que "no es asistencialismo, sino ayudar a las familias que quedaron destruidas después del saqueo de los últimos 20 años".
Tras el mensaje presidencial, algunos sectores sociales advirtieron posibles movilizaciones en rechazo al retiro de la subvención.
Finalmente, el lunes el Ejecutivo presentó una comisión que investigará la presunta corrupción en el área hidrocarburífera durante los gobiernos de Morales y Arce, además de denunciar un supuesto daño económico de US$2.595 millones asociado a empresas y plantas industriales estatales calificadas como "inviables" en ambas administraciones.
