El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, defendió la norma que presentó el Gobierno para restringir el despido de trabajadores del sector público -contenida en el acuerdo por el reajuste salarial al sector- y que fue criticada por la oposición, por, supuestamente, buscar "amarrar" a los funcionarios a sus puestos de trabajo.
Lo anterior, a solo meses de que entre una nueva administración liderada por José Antonio Kast.
"La norma criticada en reajuste al sector público por un sector político no es un 'amarre', evita la discrecionalidad abusiva, termina con los despidos arbitrarios y conversa con el trabajo decente", dijo Pérez.
"Rechazamos que algunos sectores políticos y parlamentarios estén señalando que son leyes de amarre aquellas propuestas de trabajo sindical que tienen relación con asegurar estabilidad en el empleo para quienes trabajamos para el Estado de Chile en el gobierno de turno", aseguró en la misma línea.
Afirmó, además, que "la estabilidad en el empleo es fundamental y estratégica para cumplir una función pensando en la ciudadanía. Esto ha sido un planteamiento histórico de la ANEF, de toda la mesa del sector público. Y por lo tanto ahora entendemos que frente a un escenario de cambio de Gobierno nunca queremos ser botín político del gobierno de turno".
"El año 2010 nos despidieron arbitrariamente a más de 11 mil compañeras y compañeros de trabajo (…). Hoy día tenemos la oportunidad de mejorar aquellas normas que eviten la discrecionalidad abusiva de autoridades que sean nombradas políticamente a dedo y confundir que esa discrecionalidad política tenga relación directa con la incertidumbre. Y perpetuar el abuso de algunas autoridades de despedir arbitrariamente", manifestó.
Añadió que "somos nosotros y nosotras los que atendemos a la ciudadanía en momentos de catástrofe, incendios, terremoto, pandemia. Somos los primeros en atender a esa ciudadanía que es más demandante. Y nosotros rendimos cuenta. La autoridad política tiene que dar el ancho para apoyar esta demanda que es estructural de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras del Estado de Chile".
En concreto, la norma que incluyó el Ejecutivo sobre estabilidad laboral incluye disposiciones que restringen la no renovación de contratos o cambios en las condiciones laborales. Establece, así, que estos actos solo puedan hacerse mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho y criterios objetivos y acreditables.
La oposición ha sido duramente crítica al respecto.
"Si el Gobierno sigue el camino del amarre, estaría dinamitando nuestra relación presente y futura y no creo le convenga eso", dijo a La Segunda el presidente de Republicanos, Arturo Squella.
Agregó que "el lunes tuvimos una muy buena reunión que puso el foco en el futuro de Chile, genuinamente vimos a un Presidente en ejercicio y a sus ministros preocupados de colaborar al máximo con la nueva administración, ahora, lo que vemos camuflado en el proyecto de reajuste, es una señal de alerta muy delicada, sobre una posible intención de romper códigos que son fundamentales. Si esta se traduce también en acelerar nombramientos u otras definiciones que en rigor le corresponderían al nuevo Gobierno, se configuraría un escenario que nadie quiere".
"El Gobierno vuelve a demostrar que no entiende el mensaje que la ciudadanía le dio con claridad. Se acabaron las trampas, las mañas y los amarres de última hora. Lo que hoy intenta hacer el Ejecutivo, aprovechando el reajuste del sector público, es profundamente irresponsable y políticamente inaceptable", señaló, en tanto, el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal.
Frank Sauerbaum (RN) comentó que "no estamos en condiciones de aprobar una norma de ese tipo. Es una suerte de corralito para dejar amarrados a los mismos de siempre, a los cercanos al Presidente de la República y a los grupos de confianza".
