En la madrugada del miércoles, el Gobierno, junto a parte de la Mesa del Sector Público (MSP), llegaron a un acuerdo en el reajuste del sector público, el cual generó controversia política por la norma sobre contratas calificadas como "amarres" por la oposición, además de las criticas del gremio de las clínicas privadas del país, ya que aseguran que el acuerdo contemplaría "cambios estructurales" en materia de salud.
Más allá de esos cuestionamientos, el acuerdo firmado cuenta con 26 puntos, que abarcan materias salariales, bonos, asignaciones, condiciones laborales, incentivos al retiro, teletrabajo, regulación del personal de gabinetes y una agenda de trabajo para 2026.
En lo central, el proyecto establece un reajuste nominal de 2% a partir del 1 de diciembre de 2025, más un incremento adicional de 1,4% desde el 1 de junio de 2026. Esta fórmula fue cuestionada por la ANEF, que advirtió que el aumento quedó lejos de lo solicitado al inicio de la negociación, cuando la MSP pidió un reajuste real de 2% para todo el período comprendido entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026.
Junto con el reajuste base, el acuerdo contempla montos nominales para beneficios tradicionales, como los aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias, el bono de vacaciones y el bono escolar, con valores diferenciados por tramos de ingreso. Estos beneficios forman parte del paquete habitual de cada reajuste, aunque sin los incrementos inicialmente planteados por los gremios.
En el caso del aguinaldo de Navidad, el monto será de $71.206 para los funcionarios con remuneración líquida en noviembre igual o inferior a $1.060.493, mientras que para el segundo tramo el pago será de $37.666, considerando una remuneración bruta permanente de hasta $3.511.800. En tanto, el bono de vacaciones alcanzará los $112.915 para el primer tramo de ingresos y los $56.457 para el segundo. A ello se suma un aporte a los Servicios de Bienestar de $170.441, además de un aporte extraordinario equivalente al 10% de ese monto.
En materia de ingresos base, el protocolo fija nuevas remuneraciones mínimas nominales, que quedarán en $564.598 para auxiliares, $628.344 para administrativos y $668.412 para técnicos, cifras que se mantienen por debajo del piso salarial que la Mesa del Sector Público propuso al inicio de la negociación.
Asimismo, el acuerdo incorpora una norma que regula al personal que presta asesoría directa en los gabinetes del Presidente de la República, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales y otras autoridades, estableciendo criterios sobre funciones, número de cargos, remuneraciones, inhabilidades y mecanismos de transparencia, además de normas transitorias para su implementación.
A ello se suma la ampliación de los incentivos al retiro voluntario, con disposiciones transitorias para funcionarios que no lograron postular en procesos anteriores, así como normas orientadas a resguardar la continuidad del vínculo laboral en casos de reemplazos por licencias médicas prolongadas.
Finalmente, el acuerdo extiende el teletrabajo en el sector público hasta 2028 para funcionarios del Gobierno Central, bajo modalidades híbridas y con evaluaciones periódicas, e incorpora disposiciones sobre el funcionamiento de las asociaciones de funcionarios y una agenda de trabajo para 2026 en distintas materias laborales.
Debate político
El artículo 14 del documento difundido por el Ejecutivo señala que la no renovación de contratas -o su renovación en condiciones distintas- en subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades solo podrá efectuarse mediante un acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, el cual deberá estar sustentado en criterios objetivos y acreditables. La norma enfatiza que no bastará la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico.
A juicio de la oposición, esta disposición constituiría una maniobra para "amarrar" a funcionarios afines a la actual administración. En esa línea, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano y cercano al Presidente electo José Antonio Kast, señaló a La Segunda que "si el Gobierno sigue el camino del amarre, estaría dinamitando nuestra relación presente y futura, y no creo que le convenga eso".
En tanto, el diputado y jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, afirmó que la norma constituye "una suerte de corralito para dejar amarrados a los mismos de siempre, a los cercanos al Presidente de la República y a los grupos de confianza", agregando que "no estamos en condiciones de aprobar una norma de ese tipo".
Su par de la UDI, Henry Leal, aseguró que el "Gobierno vuelve a demostrar que no entiende el mensaje que la ciudadanía le dio con claridad. Se acabaron las trampas, las mañas y los amarres a última hora".
Asimismo, los diputados UDI Alessandri y Bobadilla revelaron que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas abrió recientemente tres concursos públicos -uno a principios de noviembre y dos a mediados de este mes- para desempeñarse como jefes de los departamentos de Políticas Institucionales, Adquisiciones y Estudios y Análisis.
"si el Gobierno sigue el camino del amarre, estaría dinamitando nuestra relación presente y futura, y no creo que le convenga eso"
Arturo Squella, presidente del Partido Republicano
Según indicaron los parlamentarios, los tres cargos contemplan una remuneración de $4.275.689, y en el caso de los dos últimos concursos, la designación de los ganadores se realizaría entre el 17 y el 23 de febrero de 2026, apenas dos semanas antes de la asunción del futuro gobierno, prevista para el 11 de marzo.
Desde el Gobierno, en tanto, descartaron las acusaciones de la oposición. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló en un punto de prensa en La Moneda que "los cargos de exclusiva confianza, al 11 de marzo, corresponden a personas que han participado del Gobierno producto de su compromiso con el proyecto del Presidente Boric y, por tanto, van a cesar en sus cargos con motivo del cambio de mando". Asimismo, indicó que este punto aún debe ser revisado durante la tramitación en el Congreso.
"El nuevo Presidente de la República tendrá, obviamente, el espacio para designar a los funcionarios de confianza conforme lo establece la ley, pero respecto de los funcionarios de carrera, lo que se aplica es lo que ha planteado el ministro Grau, que, en caso de proceder a su desvinculación, esta debe estar debidamente fundamentada", añadió.
"El nuevo Presidente de la República tendrá, obviamente, el espacio para designar a los funcionarios de confianza conforme lo establece la ley"
ministro del Interior, Álvaro Elizalde
En la misma línea, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó que "la gran mayoría de las personas que trabajan en el Estado provienen de distintas administraciones y no necesariamente comparten la visión política del gobierno de turno".
A esta controversia del artículo 14, se sumaron las advertencias del gremio de las clínicas privadas, Clínicas de Chile, que manifestó su preocupación por los "cambios estructurales" en materia de salud que se incluirían en el proyecto de reajuste.
Desde el sector señalaron que la incorporación de "leyes misceláneas" podría abrir la puerta a la introducción de políticas públicas permanentes en salud mediante una ley de carácter transitorio. Como ejemplo, mencionaron la inclusión de una disposición que eximiría a las mutuales de seguridad de contar con autorización de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) para otorgar prestaciones de salud común.
Si bien reconocieron que el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema es compartido, subrayaron la necesidad de que cualquier modificación asegure condiciones equitativas de participación y no interfiera con el análisis que actualmente realiza el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre esta materia.
