Tras la toma de razón de la Contraloría al contrato que habilita la asociación entre Codelco y SQM para la explotación de litio hasta 2060, parlamentarios de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados reaccionaron con posturas encontradas, que van desde el "triunfo fiscalizador" hasta la "decepción" por la "opacidad" del proceso.
La Contraloría General de la República (CGR) completó ayer viernes el último trámite clave para la materialización de la asociación entre Codelco y SQM, al tomar razón del contrato de Corfo que arrienda las pertenencias mineras en el Salar de Atacama hasta 2060. En tanto, el pronunciamiento incluyó cinco "alcances e instrucciones", además del anuncio de una auditoría al contrato de asesoría de Morgan Stanley suscrito por la estatal.
La decisión provocó reacciones inmediatas y divididas entre los diputados que siguen el caso. Por ejemplo, la diputada Yovana Ahumada (PSC), integrante de la Comisión Especial Investigadora que revisó el acuerdo, calificó la decisión de la contralora Dorothy Pérez como "un triunfo" para el rol fiscalizador.
"Creo que es necesario que nuestro rol fiscalizador se respalde con este hecho, con una decisión autónoma que ha tenido la contralora general de iniciar una auditoría, algo histórico", declaró a Emol. Agregó que la auditoría "va a transparentar y a mostrar efectivamente qué fue lo que ocurrió" y confirmará las alertas que, a su juicio, levantó la comisión.
En la vereda opuesta, el diputado Cristián Tapia (Ind.-PPD) expresó su decepción por la secuencia en que se produjeron los pronunciamientos institucionales, cuestionando que la auditoría se anunciara cuando el acuerdo ya cuenta con toma de razón.
"¿Qué sentido tiene hacer una auditoría cuando el contrato ya está listo para firmarse?", señaló, advirtiendo que eventuales observaciones futuras no impedirían la vigencia del acuerdo. "Una vez más se nota que los grandes y poderosos siguen mandando en nuestro país", afirmó.
En la misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), quien además es miembro de la Comisión de Minería, sostuvo que, pese al pronunciamiento favorable del órgano contralor, subsisten dudas relevantes sobre la forma en que se estructuró la asociación.
"Estamos frente al acuerdo más grande que se haya tomado en Chile y también el más oscuro en términos de opacidad para la clase parlamentaria", indicó.
Agregando que el proceso pudo haberse realizado mediante una licitación abierta que otorgara mayores niveles de transparencia frente a la ciudadanía. Asimismo, acusó al Gobierno de actuar sin consultar y de "cerrar todo para que nadie pueda cambiarlo mañana".
"Estamos frente al acuerdo más grande que se haya tomado en Chile y también el más oscuro en términos de opacidad para la clase parlamentaria"
diputado José Miguel Castro
En contraste, el diputado Sebastián Videla (Ind.) valoró tanto la validación administrativa como el anuncio de la auditoría.
"Demuestra que las instituciones funcionan y que existe un resguardo efectivo de la legalidad, la probidad y la transparencia en un acuerdo clave para el país", señaló, subrayando que se trata de recursos estratégicos "que pertenecen a todos los chilenos, especialmente al norte del país".
Una línea similar planteó el diputado Patricio Rosas (FA), quien destacó el impacto económico e institucional del acuerdo.
"La toma de razón con alcances reafirma la solidez de nuestros sistemas de control administrativo y la seguridad jurídica que nos distingue como país serio", afirmó, añadiendo que la auditoría permitirá despejar dudas respecto de las consecuencias del contrato para las comunidades y los trabajadores.
"La toma de razón con alcances reafirma la solidez de nuestros sistemas de control administrativo y la seguridad jurídica que nos distingue como país serio"
diputado Patricio Rosas
En tanto, el diputado Andrés Celis (RN) puso el acento en la auditoría anunciada al contrato con Morgan Stanley.
"Valoramos la apertura de una auditoría respecto del convenio suscrito entre Codelco y el banco de inversiones Morgan Stanley. Codelco es parte de la Administración del Estado, y la Ley de Bases exige que sus contratos y acuerdos se rijan por estándares de publicidad, transparencia y probidad. Esa auditoría debe esclarecer si dichos estándares legales y constitucionales fueron respetados", sostuvo.
El parlamentario anunció, además, la presentación de una denuncia formal para que se investiguen eventuales responsabilidades "hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga".
Por su parte, el diputado Benjamín Moreno (Partido Republicano) valoró que la Contraloría recurra a mecanismos alternativos de fiscalización. "Es una buena señal para la institucionalidad, porque evita que algunas instituciones se refugien en recovecos formales para eludir el control", indicó.
"Este proceso demuestra el compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la excelencia técnica que marca este proyecto estratégico y de tan alto beneficio para Chile"
presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco
Desde la estatal, en tanto, el presidente del directorio, Máximo Pacheco, valoró el hito institucional.
"Valoramos y agradecemos profundamente el trabajo realizado para la toma de razón por la Contraloría General de la República, ya que con este hito hemos completado todas las autorizaciones y revisiones que este Acuerdo de Asociación debía obtener ante las múltiples autoridades nacionales e internacionales", afirmó.
"Este proceso, que ha convocado a un equipo enorme de profesionales, ha sido largo, riguroso y exigente, y demuestra el compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la excelencia técnica que marca este proyecto estratégico y de tan alto beneficio para Chile", agregó.
Los alcances de Contraloría y la auditoría en marcha
En su toma de razón, la Contraloría dispuso cinco "alcances e instrucciones" para la materialización de la fusión.
El primero establece que la Estrategia Nacional del Litio es el "fundamento esencial de los contratos contenidos en el acto administrativo en estudio, de modo que los órganos públicos deben dar cumplimiento a lo dispuesto en ella".
El segundo señala que la creación de la filial de Codelco, Minera Tarar, "se encuentra afecta al control previo de legalidad". De esta manera, los efectos de lo resuelto por Corfo "quedarán estrictamente supeditados a la regularización de dicho trámite de control de juridicidad ante esta Contraloría General, antes del cierre de la operación de que se trata".
El tercer punto menciona que Codelco está obligada a mantener una participación superior al cincuenta por ciento en la sociedad resultante de la asociación. "Cualquier acto u omisión de Codelco que implique que, directa o indirectamente, aquella pase a ser igual o inferior a un cincuenta por ciento, debe ser aprobado en forma previa y motivada por el Consejo de Corfo", instruyó el organismo.
En cuarto lugar, indica que "los aportes que disponen los contratos de Tarar SpA deberán verificarse con apego a la preceptiva y jurisprudencia administrativa aplicables".
Además, recuerda que el cierre de la fusión está sujeto a que la investigación de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) se encuentre sustancialmente terminada.
Paralelamente, la contralora Dorothy Pérez informó a los diputados que se iniciará una auditoría al contrato de asesoría de Morgan Stanley con Codelco, tal como lo solicitó la Comisión Investigadora. Desde la estatal señalaron que esta revisión "permitirá ratificar la integridad, rigurosidad y solidez del proceso".
Así, tras la toma de razón, solo resta firmar las escrituras que permitan constituir la sociedad conjunta, nombrar a su directorio y que este sesione.
