La polémica norma que el Ejecutivo busca incorporar en la ley de reajuste del sector público, que endurece las condiciones para la no renovación de funcionarios a contrata, sigue escalando.
Ahora, un nuevo foco se ha instalado, luego de que Emol dio a conocer que 32.767 funcionarios a contrata que ingresaron durante la actual administración podrían verse beneficiados por la medida, según cálculos del centro de estudios Horizontal.
Desde la oposición, el diputado Frank Sauerbaum (RN) afirmó a a este medio que "el Gobierno sufrió una dura derrota electoral y lo que propone es inmoral", advirtiendo que insistir en la norma es un error y que ello podría "enrarecer otras negociaciones pendientes con el Gobierno".
A su juicio, la iniciativa busca "dejar apitutados a más de 30 mil trabajadores que ingresaron al Estado, muchos de ellos sin ningún mérito y por cercanía política, lo que hace mal a la instalación del próximo Gobierno".
"Nosotros no lo vamos a permitir, y el Gobierno se está exponiendo a una serie de medidas que, como oposición, vamos a tomar, no solo rechazando la norma, sino también afectando otras negociaciones pendientes, como el FES, el proyecto de Gendarmería y la sala cuna universal", advirtió.
"El Gobierno quiere dejar a los activistas del Frente Amplio con sueldo"
Diputado Felipe Donoso (UDI)
En la misma línea, el diputado Felipe Donoso (UDI) acusó al Ejecutivo de que, además de haber incorporado más trabajadores que todas las administraciones anteriores, ahora "quiere dejar a los activistas del Frente Amplio con sueldo. Eso es lo que está haciendo el Presidente Boric, el mismo que en su campaña prometía terminar con los pitutos. Hoy está apitutando no solo a sus más cercanos, sino a 30 mil activistas de los partidos del Gobierno".
Con una mirada más matizada, el diputado Carlos Bianchi cuestionó la lógica del "carnet político", aunque introdujo ciertos matices. "No se puede asumir que las 33 mil personas sean operadores políticos. Hay profesionales y técnicos que trabajan para el Estado y no para el gobierno de turno", afirmó.
En esa línea, sostuvo que la controversia evidencia un problema de fondo aún no resuelto en Chile respecto de cómo deben ingresar, permanecer y salir los funcionarios del aparato estatal, advirtiendo que "la administración pública no puede seguir siendo un botín político, sino que debe ser técnica y profesional".
Asimismo, el parlamentario señaló que aún no ha recibido formalmente el texto del reajuste del sector público y criticó la forma en que se incorporan distintas materias en este tipo de iniciativas.
"Muchas veces el reajuste termina siendo un ‘bolsillo de payaso’, donde se incluyen normas que nada tienen que ver con el tema central. Eso contamina el debate y refuerza una lógica de capturación política del aparato público, que yo rechazo", concluyó.
Postura oficialismo
Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera (PC), negó que se trate de un beneficio indebido. "La certeza respecto de la continuidad laboral de cualquier trabajador es un derecho", afirmó, subrayando la necesidad de precisión en el debate.
"Cerca del 90% de estas personas corresponde a trabajadores de la salud, de la educación y de los gobiernos regionales", sostuvo, recalcando que estos últimos no dependen del gobierno central, y agregando que "habría que preguntarle a la ciudadanía si es bueno o no dar continuidad a médicos, enfermeras, profesores y asistentes de la educación".
"Es un libreto conocido de la derecha para instalar desconfianza"
Diputado Boris Barrera (PC)
Asimismo, recordó que cuestionamientos similares se produjeron en cambios de administración anteriores. "Esto mismo ocurrió en el traspaso entre los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, incluso con una comisión investigadora que finalmente no detectó irregularidades. Es un libreto conocido de la derecha para instalar desconfianza", afirmó.
En tanto, el diputado Luis Cuello (PC) rechazó que la norma implique un "amarre". "No hay ninguna clase de amarre. Se trata de un acuerdo que aborda el problema generado por el cambio de criterio de la Contraloría respecto de la confianza legítima", afirmó, señalando que el debate de fondo es si se debe otorgar mayor estabilidad a los trabajadores públicos.
Por último, el diputado Juan Santana (PS) llamó a no anticipar conclusiones sin conocer el texto legal. "Hasta ahora solo se conoce el protocolo, pero no el texto del Ejecutivo", dijo.
Agregó que dicho protocolo "no prohíbe desvinculaciones ni renovaciones, sino que exige que estas se realicen mediante un acto administrativo fundado y debidamente notificado con al menos 30 días de anticipación", recalcando que "esto no constituye ningún amarre, sino la reafirmación de garantías laborales mínimas y principios que ya existen en nuestra legislación".
