El lunes, tarde, el Ministerio de Hacienda ingresó finalmente el proyecto de ley de reajuste al sector público, que había sido criticado por el polémico "amarre", que limitaba los despidos de funcionarios.
Pero una vez conocido el proyecto las críticas aumentaron: es que serían muchos más los artículos focos de cuestionamientos. En concreto, la iniciativa tiene 129 artículos, lo que convierte al texto en el de mayor extensión de acuerdo a la historia de la ley de los reajustes.
Estos artículos implican más de 100 cambios legales y normas misceláneas. Entre ellas están la ampliación de los giros de Enap y Correos de Chile. Asimismo, se encuentran la creación de nuevos cargos de planta en algunos servicios públicos.
En la oposición creen que estas normas -calificadas de "amarre"- se debieran legislar aparte de lo que es efectivamente el reajuste.
"Esto nos obliga a una tramitación más larga de lo usual, especialmente para evaluar las distintas medidas de amarre que busca impulsar el gobierno que perjudicarían al gobierno entrante", dijo a Emol el diputado Frank Sauerbaum (RN) de la comisión de Economía de la Cámara.
"Si queremos darle un tratamiento rápido, dividámoslo: tratemos el reajuste del sector público como un tema y los otros como otro proyecto de ley", indicó a El Mercurio, por su parte, el diputado UDI Felipe Donosos.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, entregó su visión al respecto. "Preferiría que en los casos en los que no hay acuerdo se vote: ganamos, ganamos; perdemos, perdemos. Seguimos igual de amigos en este año que está recién partiendo".
Qué aborda la ley
El texto que presentó el Ministerio de Hacienda aborda materias muy disímiles, lo que precisamente pone en alerta a los parlamentarios de oposición.
Está entre medio, por ejemplo, la ley eléctrica y las obligaciones de las empresas con los enfermos electrodependientes; la habilitación de Enap para participar en proyectos de hidrógeno verde; y la creación de un Comité Interministerial para el Desarrollo Sostenible.
Asimismo, se encuentran la modificación del calendario de instalación de 13 servicios locales de educación pública (SLEP); y la postergación de la nueva estructura curricular de la educación básica y media.
Incluso, en el texto, está la creación de un segundo juzgado de policía local en Calama. También se le entrega a la Subsecretaría de Derechos Humanos facultades para investigar sobre orígenes y familiares de personas adoptadas irregularmente.
A todo esto, por supuesto, se suman aquellas normas que ya habían sido criticadas y que limitan el despido de funcionarios al próximo gobierno.
