En dos jornadas, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votó el proyecto de reajuste al sector público, el cual fue despachado a Sala con la polémica "norma de amarre".
El artículo que busca evitar la discrecionalidad en la no renovación de contratas se dejó en dos años, plazo que fijaba el proyecto original y que intentó cambiar el Ejecutivo mediante una indicación que fue rechazada por los diputados de la comisión legislativa.
"En otras palabras, un funcionario público con dos años de servicio puede elevar un requerimiento a Contraloría si considera que su desvinculación fue injustificada. Cuando los funcionarios cuenten con, a lo menos, dos años de servicios continuos en calidad de contrata en la respectiva institución empleadora, podrán reclamar cuando se hubieren producido vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación ante la Contraloría General de la República", explicó el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
Asimismo, en relación al artículo que establece que los asesores directos de carteras de gobierno deben renunciar antes del 11 de marzo de 2026, la comisión aprobó la modificación que busca asegurar el respetar el fuero maternal, así como dejar fuera de ese deber a funcionarios de planta en funciones antes del inicio del gobierno.
"Los parlamentarios también visaron el artículo que permite la transferencia de recursos por parte de los Gobiernos Regionales a empresas estatales para proyectos de inversión; el referido a la autorización para que las mutuales puedan integrarse al sistema de salud para la reducción de las listas de espera; y rechazaron el que propone un nuevo calendario para la entrada en vigencia de algunos SLEP, así como el que permite reducir las evaluaciones de la Agencia de la Calidad de la Educación por razones presupuestarias", destacó el Gobierno.
Mientras que también se aprobó el artículo que exceptúa de la aplicación de la causal de cese de funciones por cumplir 75 años a las autoridades unipersonales electas de las universidades estatales, tales como rectores y decanos, y a los académicos que reúnan los requisitos determinados en el reglamento que cada universidad dicte para estos efectos, entre otras.
Al finalizar la sesión, el ministro Grau señaló: "Estamos muy contentos porque hemos terminado el trabajo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se han aprobado prácticamente todos los artículos de este proyecto de ley. Y en particular se han aprobado los artículos que fueron comprometidos con la Mesa del Sector Público. Ha habido mucho debate, eso es cierto, pero el resultado final es positivo. Casi la mitad de los artículos, incluso, fueron votados de manera unánime. Por lo tanto, eso da cuenta que hay posibilidad de lograr acuerdos respecto a aspectos relevantes de este proyecto de ley. Y en los casos que hubo diferencia, se estableció una mayoría clara en esta comisión que nos permite avanzar".
El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, valoró "la aprobación del proyecto de reajuste al sector público en la Comisión, el cual es fruto del diálogo social, y reconocemos también la disposición de los distintos sectores políticos para alcanzar acuerdos, lo cual ha quedado demostrado hoy. Como Ejecutivo, insistimos que nos encontramos disponibles para alcanzar puntos de encuentro que permitan dar tranquilidad a todos los actores, ya que lo relevante no es la cantidad de artículos, sino que dichas propuestas mejorarán el funcionamiento del Estado y sabemos que así lo han entendido las y los parlamentarios".
